Una nueva marca. Esa es la solución que ya se baraja en la cúpula de Nueva Canarias (NC) para poder continuar operando como formación política después de que el Ministerio del Interior ejecutara el 12 de julio de 2021 una sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 del mismo año y borrara del Registro de Partidos Políticos a NC. Con la sentencia ya firme, la ley impide ahora recuperar o reactivar el mismo nombre. ¿Por qué? La norma 6/2002 señala que para inscribir una nueva formación política su denominación «no podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito en el Registro, con la de algún partido integrante, como resultado de una fusión, de un partido inscrito cuando ello se encuentre acreditado por cualquier medio de prueba válido en derecho» o porque haya sido «disuelto o suspendido por decisión judicial», como es el caso. El fallo señala que NC no ha adaptado sus estatutos a la legislación vigente, si bien tampoco ha presentado sus cuentas en plazo desde 2018.
La expulsión de NC del Registro de Partidos despoja a la formación política de su personalidad jurídica y, por tanto, impide que pueda presentarse a las próximas citas electorales de 2023.
El presidente de NC y vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, aseguró que si bien los órganos del extinto partido utilizarán «todas las vías para restituir la marca, en el peor de los casos solo puede haber un cambio de marca y nada más», agregó antes de resaltar que «el problema» lo tiene su organización con el Registro de Partidos, «no el Gobierno canario, el presupuesto o las instituciones públicas».
Los ‘canaristas’ aún no descartan la vía judicial pero son conscientes de que es una senda difícil
«Esto no afecta a la ciudadanía, aquí no hay nada relativo a cosas que vemos por ahí de fiscales acusando a altos responsables políticos de prevaricación. No, no, no, es un problema administrativo entre mi partido y el Registro, y si esto no se arregla, que yo sostengo que se va a arreglar, los únicos que se perjudican somos nosotros», sostuvo.
Rodríguez, como ya hiciera el martes el secretario de organización de NC, Carmelo Ramírez, apuntó que en la actualidad tratan de hacerse con toda la información sobre el proceso. «Yo no la tengo», aseguró Rodríguez, «y soy el máximo responsable; cuando yo tenga toda la información, con los asesoramientos pertinentes, nos vamos a defender con uñas y dientes, con toda la cobertura que nos da el Estado de Derecho y con toda la determinación que la democracia nos permite. Y utilizaremos todas las vías para restituir la marca. En el peor de los casos solo puede haber un cambio de marca», admitió. «Pero nada más».
Esta posibilidad se abordó en la tarde del viernes en la reunión de urgencia que mantuvieron en la sede de NC en la capital grancanaria –a menos de cien metros del edificios que alberga la Presidencia del Gobierno de Canarias– los dirigentes insulares y locales para conocer al detalle una situación hoy por hoy complicada. Darle la vuelta pasaría por lograr que el juzgado que dictó la sentencia anule sus actuaciones y admita la denuncia de «indefensión» en el proceso que defienden sus responsables. Insisten en que no fueron notificados durante el proceso administrativo y judicial que acabó desencadenando la extinción del partido. Si bien en el fallo que decretó la supresión se deja claro que el Ministerio del Interior sí apercibió del procedimiento en contra de NC por incumplir la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos el 14 de enero de 2020, un apercibimiento que «fue recibido» por NC nueve días después, el 23 de enero.
La última de las opciones para NC sería, en caso de fracasar una eventual solicitud de nulidad de actuaciones a la Audiencia Nacional, recurrir al Tribunal Constitucional (TC). Para la petición de nulidad de actuaciones, NC dispone de un plazo de 20 días que ya empezó a contar pero que se congela en agosto, mes inhábil para la judicatura. Si la petición de nulidad se deniega, entonces el partido tendría 30 días desde la notificación para presentar recurso de amparo ante el TC, donde presumiblemente pediría medidas cautelares que le permitieran concurrir con la marca NC a la doble cita electoral de 2023. La otra vía, la no jurídica, es refundarse bajo otra marca electoral.
«Sea por una vía o por otra el partido concurrirá a las próximas elecciones», aseveraba esta semana Carmelo Ramírez.
Román Rodríguez: «Sería bueno que algunos fueran más precavidos con sus decisiones»
El presidente de los canaristas reiteraba ayer que el problema de su organización es puramente administrativo «por una decisión de la Audiencia Nacional en la que no hemos participado».
«Vamos a conocer el tema y a actuar en consecuencia. Si esto saliera mal, los únicos perjudicados seríamos nosotros y un poquito el espacio de la democracia, de manera que si a alguno se cree, se piensa, se le pasa por la cabeza un solo segundo que el canarismo progresista va a dar un paso atrás, que se esperen sentados».
Rodríguez, que apuntó que se reservaba su opinión sobre algunas decisiones, avisó: «Tomo nota». «Tomo nota», repitió hasta en tres ocasiones, «porque sería bueno que algunos fueran más precavidos y más prudentes con sus opiniones y decisiones».
En el mismo tono el presidente del extinto NC apuntó su seguridad de que «este espacio político, que tiene una historia contrastada de compromiso, trabajo y honestidad a prueba de bombas, en 2023 será más fuerte que en 2019 y decisivo para conformar las mayorías, así que mejor que sean prudentes», recomendó a sus adversarios.
En cualquier caso, y como quiera que el Parlamento de Canarias instara el jueves a congelar el trasvase de aportaciones que hacen los diputados del grupo parlamentario de NC al partido, Ramírez dio ya orden de devolver lo ingresado desde la fecha del fallo. «Y hasta que se esclarezca la situación», declaró a Canarias Radio.
La Provincia-Dlp
