TELDE DEBE READMITIR O INDEMNIZAR A UNA MONITORA DESPEDIDA TRAS EL CIERRE DEL POLIDEPORTIVO PACO ARTILES

El Ayuntamiento de Telde debe indemnizar o readmitir en su puesto de trabajo a una de las monitoras que trabajaba en el polideportivo municipal Paco Artiles. Así lo ha sentenciado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que ha declarado improcedente el despido que se efectuó tras el cierre inesperado de esta instalación, en abril del año pasado. Además declara que el Consistorio tuvo que haberse hecho cargo del servicio tras la marcha de la adjudicataria, por lo que es responsable de lo ocurrido con la plantilla.

Lude Gestiones, la empresa que hasta ese momento gestionaba la infraestructura, cesó su actividad al concluirse el contrato que mantenía con la administración local, que no consiguió negociar una prórroga ni adjudicar a tiempo el servicio a otra entidad para que continuase con la explotación del centro deportivo. Así, de un día para otro, más de 40 personas que pertenecían a la plantilla laboral quedaron en la calle. 

El problema es que en ese momento la institución local hizo promesas que aún no ha podido cumplir, como la municipalización del servicio o la integración de los trabajadores en la plantilla municipal. El hecho es que no se ha podido dar solución a la dura situación de los empleados, por lo que la mayoría inició durante el año pasado procesos judiciales tanto contra el Consistorio como contra la adjudicataria. 

En este caso, la demandada también inició una querella contra ambas entidades, que fue procesado primero por el Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Este órgano ordenó a la empresa privada a que readmitiese a la trabajadora en su puesto y que además le abonase 41 euros diarios devengados desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia. 

La compañía, sin embargo, registró un recurso alegando que el contrato por el cual explotaban y gestionaban el polideportivo teldense había concluido, por lo que no era posible recontratar a la monitora en un puesto que ya no se estaba llevando a cabo. Según los hechos probados, Lude recibió y rechazó en septiembre de 2019 una oferta de la administración para que prorrogase el contrato. En ese momento notificó su intención de abandonar definitivamente las instalaciones al contar con desequilibrio económico.  

Hasta en tres ocasiones volvió a reiterar a la institución pública sus intenciones, de modo que tuviesen el tiempo suficiente para iniciar una nueva licitación del servicio. Según llegó a manifestar más tarde el concejal de Deportes, Diego Ojeda, el área de Contratación llegó a sacar a concurso el servicio, pero este quedó desierto. 

El TSJC finalmente alega en su sentencia que «el Ayuntamiento debió hacerse cargo del servicio prestado y al no haberlo hecho debe por tanto responder del despido improcedente del trabajador demandante». Por tanto, el órgano condena al Consistorio a que readmita a la monitora a su puesto de trabajo (que podría entenderse como la integración en la plantilla municipal, dentro del área de Deportes) y que le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido o bien que le indemnice con la suma de 10.736 euros.

Rehabilitación del centro

El cierre imprevisto del Paco Artiles impulsó días más tarde la tramitación de un expediente administrativo para proceder la municipalización del servicio, según manifestó en ese momento Héctor Suárez, que actuaba como alcalde de la ciudad. Sin embargo, meses después un informe de la Jefatura de Servicio esclarecía que continuar con el servicio del polideportivo era financieramente insostenible para la administración, además que se precisaría de la contratación de más personal. 

Por este motivo, el Gobierno decidió paralizar las gestiones para asumir la gestión del centro deportivo. Desde entonces, se han centrado en redactar un proyecto de rehabilitación de las instalaciones, que precisa de un presupuesto de dos millones de euros (financiados por el Gobierno de Canarias) e incluye la adaptación a la normativa de los sistemas de seguridad, de la red de contra incendios y la eléctrica. También se espera la mejora de las infraestructuras de accesibilidad y la inclusión de una nueva área sociosanitaria equipada para la atención de personas mayores. 

La Provincia-Dlp