Mes: mayo 2022

El Gobierno de Canarias ya no ve factible el realojo de las 888 viviendas de Ojos de Garza que están afectadas por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria, donde se prevé construir una tercera pista.

Un año y cinco meses después, y otra vez en respuesta a una pregunta de CC en el Parlamento de Canarias, el Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres deja claro que en los últimos sondeos realizados en el barrio, no se alcanza el 60% mínimo de adheridos al realojo que pedía Aena para financiar la mudanza.

Sin embargo, esta vez omite una coletilla significativa que sí dejaba una puerta abierta al traslado en la primera respuesta. Entonces decía: «Resulta patente el notable descenso del interés vecinal por el realojo, así que habrá que buscar fórmulas que lo incentiven». En la última contesta, que data de este 4 de mayo de 2022, repiten la misma frase, pero ya no hablan de la necesidad de idear mecanismos para su incentivación.

Es más, por si quedaba alguna duda, la redacción de la respuesta remitida a CC acaba con una frase contundente. «Sin la voluntad del 60% de los afectados no es posible hacer realidad el realojo». Así concluye el Gobierno a la diputada nacionalista Beatriz Calzada cuál es la posición actual del Ejecutivo regional respecto al traslado. La respuesta la firma Manuel Marcos Pérez en su calidad de viceconsejero de Relaciones con el Parlamento.

En el resto del escrito recuerda que fue el 23 de julio de 2014 cuando se firmó el convenio con Aena en el que se reconocía su disponibilidad a financiar el realojo de Ojos de Garza y los núcleos aledaños de La Montañeta y el Caserío de Gando. Y también especifica que en su cláusula novena se fijaba una condición, que hubiera un 60% de titulares de bienes afectados que estuviese de acuerdo con el traslado.

«Desde entonces se han realizado numerosas actuaciones públicas para coadyuvar al realojo». Alude a la llevada a cabo en abril de 2019, cuando Gobierno canario, Cabildo y Ayuntamiento de Telde remitieron 929 cartas a los vecinos de estos barrios que aún no habían manifestado su voluntad de ser realojados.

«Se recogieron 19 manifestaciones favorables, que, añadidas a las ya expresadas en 2018, suman un total de 253». Por tanto, no se alcanza el 60% mínimo que exigía Aena para mudar al barrio.

Esta posición del Gobierno cae como un jarro de agua fría en el plataforma de afectados que se formó para instar al realojo poco después de que trascendiese que el Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, aprobado en 2001, contemplaba una tercera pista de aterrizaje. Su construcción llevaría consigo desplazar hacia el interior la GC-1 y la desaparición de Ojos de Garza, La Montañeta y Caserío de Gando.

Entonces cientos de vecinos iniciaron una larga batalla salpicada de manifestaciones, huelgas de hambre y acampadas de protesta que ha durado años. No querían que Aena borrase del mapa un barrio entero a golpe de indemnizaciones individuales y a buen seguro insuficientes.

Exigían que Ojos de Garza debía seguir existiendo, solo que mudado de sitio. Lograron el apoyo de las instituciones canarias, que formaron una comisión para defender su causa. Y hasta el Parlamento de Canarias aprobó blindarles una parcela de 400.000 metros cuadrados en Montaña Las Tabaibas, varios cientos de metros más hacia el interior de donde están ahora.

Pero todo empezó a truncarse cuando hubo que pasar a la acción y diseñar el futuro barrio. Se hizo preciso saber cuántos querían mudarse y cuántos no. Por lo pronto, solo 253 parecen tenerlo claro.

La portavoz de la plataforma de afectados por la ampliación del aeropuerto, Margarita Alonso, deja claro que no renuncia al realojo y explica que no se ha logrado el 60% de adhesiones al traslado por «las numerosas anomalías» que se produjeron en el proceso que se puso en marcha para conocer la posición de los vecinos. «He intentado reunirme con el presidente del Gobierno de Canarias para explicárselo, pero aún no me ha recibido».

Recuerda que llegó a tener una cita ya fijada para el 30 de marzo de 2020, pero quedó cancelada por la pandemia. Luego lo ha vuelto a pedir varias veces y para la última ni siquiera ha obtenido una respuesta. Tiene claro que hay muchos intereses en contra del realojo.

Canarias7

El gobierno municipal anunció en 2020 el logro económico que había supuesto la recepción de una subvención del Cabildo de Gran Canaria para adquirir materiales para el área de Festejos por valor de 135.149 euros. Ciuca – Ciudadanos para el Cambio lamenta que “ese dinero se haya tenido que devolver a la institución insular por la pésima coordinación del área de Contratación, que en ese momento dirigía Celeste López (NC)”.

La formación política señala que “era una oportunidad para hacer frente a las necesidades de la concejalía y por lo tanto a su apoyo a los barrios en sus fiestas”. El dinero iba destinado a comprar estructuras, mobiliario y equipamientos.

Juan Antonio Peña, concejal y portavoz de Ciuca, declara que “en el expediente de devolución del dinero se comprueba como los motivos de esta devolución del dinero se centra en las malas relaciones entre Festejos y Contratación, en idas y venidas de documentos, en correcciones y en el agotamiento de los plazos”. Sostiene que “el gobierno de Carmen Herández debió sacar a concurso público el contrato, adjudicarlo y posteriormente justificarlo ante el órgano insular, pero no fue capaz de hacer ninguna de las tres cosas, todo quedó en el papel”.

Un expediente cargado de ideas fracasadas

Peña recuerda que la idea era buena, con el fin de satisfacer las necesidades de los barrios de Telde y sus fastos “pero tristemente el gobierno de Nueva Canarias ha tenido que devolver el dinero por su ineficacia”. El documento oficial trataba por un lado de un primer lote de 84.592,00 euros que incluía 10 escenarios y 24 tarimas. Un segundo loto por importe de 12.478,35 euros para columnas de sonido, equipos de microfonía, mesas de mezclas y cableado. Una tercera partida de 17.448,00 euros para 30 carpas y otro lote presupuestado en 7.790.05 euros para 600 sillas plegables de tijera negras.

Para el portavoz de Ciuca se trata de “una tomadura de pelo al interés, trabajo y dedicación de los colectivos de los barrios, que con miles de sacrificios intentan sacar adelante sus fiestas, y que luego tengan que ser testigos de la falta de simpatía del gobierno de Carmen Hernández por hacer las cosas bien, y ponerle el mínimo interés para al menos no perder las subvenciones”.

Asegura que “quienes pierden, una vez más, son los ciudadanos, cansados y agotados de este tipo de acciones, y que por imagen institucional debe cesar cuanto antes”. Le pide explicaciones a la alcaldesa, aunque sospecha que “no dará la cara, ni asumirá responsabilidades, como es de costumbre” y pone de ejemplo otros casos denunciados por Ciuca “hará lo mismo que en las irregularidades de Lomo Pollo, Hoya Caldereta, el baño de Las Ramblas de Arnao o el cierre del Paco Artiles; callar y desviar la atención”. 

La Concejalía de Participación Ciudadana y Voluntariado, que dirige Servando González, organiza el próximo martes un encuentro con los colectivos sociales del municipio para intercambiar inquietudes y favorecer la dinamización de la actividad en los barrios.

Se trata de la primera reunión con las asociaciones que mantendrá el edil desde que asumió esta área. El encuentro tendrá lugar de 17.00 a 19.00 horas en la Casa de la Agricultura de Telde, en la calle Marqués del Muni, 115, en La Pardilla.

Los representantes de los colectivos que quieran participar pueden inscribirse previamente llamando al teléfono 630 111 004 o pueden acudir directamente, explica Servando González, al tiempo que invita a las asociaciones a sumarse a este encuentro para formalizar alianzas que favorezcan la cohesión social.

La Audiencia Provincial, en un auto dictado este pasado 2 de mayo, ratifica que no hay indicios de delito de prevaricación en la actuación de la entonces edil de Urbanismo, Lidia Mejías, hoy de Desarrollo Local, respecto a la instalación de un aerogenerador frente a Las Huesas.

Esta resolución, la tercera en favor de la querellada, desestima el recurso de apelación que interpuso Ciuca, partido en la oposición, representado en este procedimiento por la edil Ana María Álvarez Tudela, y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.

La magistrada ponente y presidenta de la Sección Segunda, Pilar Parejo, sostiene que, pese a las afirmaciones de la apelante, «no existen indicios de la comisión de un delito de prevaricación».

Alude a jurisprudencia en la que se ha dejado claro que no es lo mismo la infracción de las normas administrativas que la infracción penal derivada de un delito de prevaricación, que requiere arbitrariedad y resolución injusta.

En ese sentido, advierte, a modo de reproche, que la jurisdiscción penal no puede convertirse en una suerte de jurisdicción de control de la actividad administrativa.

Respecto al caso en sí, señala que en el expediente figuran informes de otras administraciones que avalan la legalidad de la obra y que aunque hay dos municipales negativos, no consta ninguna resolución administrativa contraria a ellos, arbitraria e injusta.

Y también le apunta a la apelante que no se pueden pedir de forma indiscriminada todos los expedientes de disciplina urbanística de 2016 a 2020 sin el más mínimo indicio de ilegalidad. Ciuca instó al juzgado a librar oficio al Ayuntamiento para recabar ese listado.

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