Mes: abril 2022

El juez indaga los vínculos de la agencia de comunicación Imaco, con encargos en la institución insular desde hace tres décadas, con la trama de corrupción.

Las pesquisas policiales sobre la presunta trama de corrupción en el Cabildo de Gran Canaria que investiga el Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital se extienden a los contratos realizados durante varios años con Imaco 89, la empresa de Ángeles Horna, esposa del interventor general de la institución, José Juan Sánchez Arencibia, y a facturas de otras sociedades relacionadas con la organización y el gabinete de comunicación de las Jornadas del Paisaje, así como con otras actuaciones vinculadas a la Consejería de Política Territorial, donde se han concentrado los registros y la recopilación de documentos. 

La denuncia que dio lugar a la apertura de diligencias previas, y que ha desencadenado la detención del interventor del Cabildo y de su esposa, sostiene que la empresa de comunicación Imaco 89 ha obtenido adjudicaciones a dedo y ha fraccionado contratos desde al menos el año 1993, todo ello con la supuesta connivencia o inhibición de Sánchez Arencibia. 

En las actuaciones judiciales, que están bajo secreto de sumario, se investigan ahora tres posibles delitos, los de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según se detalla en un auto emitido por el magistrado Alberto Puebla el pasado 26 de noviembre de 2021. 

Respecto a la denuncia inicial y al auto judicial de la apertura de las diligencias previas, firmadas en los meses de febrero y julio del año 2020, se han eliminado los presuntos delitos de fraude y de negociación prohibida a funcionarios públicos.

Detenciones

Además del interventor y su esposa, en la operación emprendida este miércoles por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional fueron detenidos el director general de Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, Víctor Quevedo, y de los propietarios de las empresas Instituto Canario de Telecomunicaciones, Míchel Jorge Millares, y Yedra Comunicación, Mónica Torres. 

Todos ellos están investigados por presuntas ilegalidades en la organización de las cuatro ediciones de las Jornadas sobre el Paisaje, de los años 2016 a 2019. Hasta que se acordó el secreto de las actuaciones, en las diligencias también figuraban como intervinientes Inés Miranda, consejera de Política Territorial del Cabildo, y Rafael Pedrero, exdirector insular de ese departamento. 

El funcionario del Cabildo que interpuso la denuncia, Rafael Ramírez, actual jefe de Servicio de la Consejería de Política Social, sostiene en su escrito al Juzgado que los hechos descritos respecto a las Jornadas sobre el Paisaje «no son nuevos en absoluto», pues «al menos desde el año 1993 de la pasada centuria la tantas veces citada empresa mercantil Imaco 89, SL, propiedad de María Ángeles Horna, esposa del Interventor General, José Juan Sánchez Arencibia, ha venido contratando directamente, sin necesidad de testaferros, en infinidad de ocasiones con el Cabildo de Gran Canaria, con luz, taquígrafo y con el conocimiento de todos en este Cabildo, especialmente en la Intervención General, quienes bajo un extraño miedo y/o adoración patológicos jamás han rechistado». 

«La inmensa mayoría de las contrataciones», según el funcionario denunciante, «han sido empleando el método descrito, por el mero procedimiento de ‘a dedo’, sin reparar en la cuantía presupuestaria de los múltiples contratos efectuados ni el descarado fraccionamiento realizado en el objeto de los mismos con el ánimo de burlar los principios y reglas básicas de la contratación administrativa». 

Rafael Ramírez añade en la denuncia que «tal fraudulenta y descarada práctica aparentemente terminó de forma brusca» cuando el 27 de febrero de 2012 decidió ponerlo en conocimiento de su superior jerárquica, la entonces consejera de Presidencia, Economía y Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, Rosa Rodríguez, «con el fin de que iniciara la correspondiente investigación en orden a corroborar las clamorosas y gravísimas faltas disciplinarias cometidas por aquél y los presuntos delitos que tales acciones pudieran entrañar». 

«Pero para mi sorpresa, asombro y desdicha, la citada consejera no solo no hizo absolutamente nada en orden a investigar los hechos denunciados, sino que protegió al Interventor General, metió mi denuncia en un cajón, me denostó y me arrebató finalmente mi puesto de trabajo, del que he estado apartado durante ocho largos años, hasta que lo he vuelto a recuperar por sentencia 590/2018 de 16 de noviembre, procedimiento número 6/2018, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias», relata el denunciante.

Y Ramírez añade: «Rosa Rodríguez sí tuvo, en cambio, la deferencia de trasladarle mi denuncia al citado José Juan Sánchez Arencibia, para que éste se despachara contra mí (en escrito de 19 de marzo de 2012) insultándome y acusándome de conductas delictivas pues, según él, incurría en injurias y calumnias a su persona, afirmando éste, entre otras muchas cosas, y anunciando, para su desdicha, los métodos que ahora emplea». 

Al respecto, Ramírez incluye en la denuncia un entrecomillado de ese escrito de 2012, en el que el interventor afirma textualmente: «Me atrevo a indicar que si durante casi 20 años, como narra en su escrito el Sr. Ramírez, existiese esa trama para favorecer a la empresa Imaco 89, ésta, lo mínimo que hubiese podido hacer, era ocultar su personalidad y la de sus administradores, cuestión que no hizo, lo que demuestra que en estas contrataciones no existió dolo ni mala fe (sic)».

Por último, el funcionario denunciante afirma que «la voracidad de estos señores con lo que no es de ellos, el presupuesto del Cabildo de Gran Canaria, no tiene límites, siendo siempre el eje central, pieza clave de estas prácticas, su Interventor General, José Juan Sánchez Arencibia, quien ni pestañea a la hora de conculcar los innumerables preceptos de las leyes», entre las que cita la de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias; de Cabildos Insulares; de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local; de Contratos del Sector Público; y la de Subvenciones.

Subvenciones bajo sospecha

El denunciante incluye en su escrito al Juzgado dos subvenciones que, a su juicio, también deben investigarse. «Durante mi reciente ‘destierro’ por la Consejería de Cultura -señala Ramírez- tuve la ocasión de comprobar que incluso en materia de subvenciones una empresa participada en un 33% por Imaco 89 recibe subvenciones nominativas por parte del actual y anterior equipo de gobierno, sin que el interventor jamás se haya apartado de su responsabilidad por tal motivo, y hasta la hija de éste recibió una subvención de 5.625 euros el 22 de noviembre de 2018 por sus pinitos en proyectos audiovisuales». Y concluye: «Tres décadas dan para mucho y la impunidad de la que ha disfrutado ha sido tan fructífera para él como angustiosa para los funcionarios a los que les gusta hacer bien su trabajo».

La Provincia-Dlp

Y es que la vida misma compagina lo contemporáneo; así como el cine andan ahora con “los 5 lobitos” (por cierto, cuento con más de 100 años de dormir a los infantes en mi familia) ahora se leen los titulares: Cinco detenidos en el Cabildo de Gran Canaria. Pues no me olvido, ni se les olvide, que los 5 lobitos eran de diferentes comportamientos y responsabilidad, como seguramente lo serán “los 5” detenidos” (NO HAN SIDO DECLARADOS CULPABLES) seguro que también tienen su “loba” y su “lobo” … 5 lobitos tiene la loba; dixit. Tanto va el cántaro al Cabildo de GC que sueña que el ruido del agua en las presas opaca llenar las sacas

Suelen ser en sí, los padres biológicos o políticos, los qué de una forma u otra, marcan con sus “acciones, comportamientos, premios y prebendas; el hacer o no hacer, tanto de sus vástagos como de sus pupilos; y si nos aventuramos hasta “discípulos”: a los que luego la vox pópuli tacha de “enchufados”, “pelotillas” e incluso más “cool” (que es frio y asimila como destacado). Y claro, el interés es siempre meter a todos en la misma saca y conseguir desprestigio (mucho menos que prestigios) al que no hace y mucho menos al que hace bien: y suelen ser estos últimos los más. Las sacas de presos que en el franquismo anterior era para fusilarlos, no dista mucho de estas nuevas sacas “de fusilarlos públicamente” … aunque se entremezcla con las valijas.

Tras denuncias aún no clarificadas y la “detención por orden judicial” ante un hecho que tiene “fundados indicios de ser un caso delictivo”, la instrucción ante ello, tiene que apartar de la vida para que no destruyan las pruebas, entre otros menesteres, a los implicados en caso y ordenar registros e investigación tanto en domicilios como en lugares de trabajo u otros a los que la autoridad judicial ordena, con el fin de lograr o no las pruebas necesarias para poder en principio iniciar un procedimiento instruido y con base jurídica, ante y en este caso, funcionarios y otras categorías, que se desempeñan en la institución pública del Cabildo de Gran Canaria. Y es que hablamos nada más y nada menos, de facturaciones hechas por jornadas sobre “el paisaje”; cuando la magna obra destructiva de Chira/Soria sigue adelante, pensando además en trenes, en una isla que no puede permitir más especulación y destrucción. El interventor y su esposa-periodista, el responsable del Plan Insular, dos periodistas más, que alguno se ha hecho vocero y defensor a ultranza del macro Chira/Soria. Aunque es cuanto menos “alarmante”:  no hay culpables, hay diligencias, no hay “nada”- por mucho que otros trabajadores u otros “grupos de presión” traten de hacer ver lo contrario. Hay indicios racionales, repito, ahora es cuestión de comprobar por parte de “la autoridad”, que es en nuestro sistema “jueces o magistrados” en órganos personales o colegiados, quienes en base a derecho la ejercen.  Hechas las averiguaciones o diligencias, son puestos en libertad y sigue la instrucción.

Bien es cierto que, en ocasiones, los ciudadanos llegamos a tener tremendos indicios (en realidad vulgares sospechas) delictivos de un ente público, en el que hemos visto entrar o salir, subir o bajar, … a personas afines o no afines, a los grupos políticos gobernantes. En el gobierno de la actual institución, válganos la fe o la codicia, pero se suponía que eran progresistas, activistas, eco/ben-magec ecológicos, cristianos y católicos, o progres en general: los que se auparon desde hace par de legislaturas a las “riendas” y soñábamos que desaparecerían prácticas cuasi medievales como subir el peldaño en altura, en la sala de plenos, del presidente conservador de la institución, que vino a ser antes el alcalde de la Ciudad, luego Cabildo y llegó hasta ministro, luego desapareció para fomentar “sinergias de energías alternativas por el mundo”; mientras que cuando a la sazón fue ministro de industria, propuso y rubricó leyes que dieron paso a todo lo contrario que hoy dice fomentar. Cosas de la vida verdad, aunque el sol sigue brillando, de pagar por él impuestos vamos escapando.

Sin entrar en más, sería cuasi interminable, el actual empecinamiento del grupo de gobierno del Cabildo que recordemos hoy (no quiero decir para nada que anteriores sean mejores, o en su argot: libres de pecado) está conformado por unas que creo que aún siguen denominándose Podemos, creo… + Psoe y el del “majo y limpio” Nueva Canarias (y a cuyo partido pertenece el actual presidente de la corporación el Sr. Antonio Morales). El antecedente más cercano, repito no el último, ha sido su empecinamiento en seguir adelante con un proyecto descomunal, al que no sólo han puesto todas las trabas del mundo para poder sostener un debate, el ocultarlo a la población, el negarse a valorarlo entre auténticos técnicos en la materia, …es un antecedente, sin olvidarnos de los 4 millones y pico de un presupuesto, englobado en el del proyecto destructivo de Chira/Soria ; para llevar adelante una campaña publicitaria que “convenza que este mal es necesario” y que la triplicación del presupuesto en principio de 450 milloncillos, es un mal necesario que a unos 10 u 12 años serían unos 1.250 milloncillos de más en esta ínsula privilegiada donde todos trabajan, tienen buenos sueldos, y el nivel de vida no sube y el euro siempre está al alta y a más valor. Faltaría más. Pobreza cero, le llaman, bienestar seguro, le dicen. 

Se volvería nuevamente infinito, comentar incendios y más incendios, trato a los incendiados, telescopio en los altos de Tamadaba, carreteras por aquí y por allá, no control de los puntos de vertidos en las costas, mucho menos censos de pozos de agua, vivos o cerrados, actualizaciones de las medievales Hermandades de Aguas… tampoco paneles solares, aguas potables de manantiales, ganadería, agricultura…de pesca no: eso ya despareció.

Ya se que el posible lector verá una maraña de cosas. Pues tiempo ha tenido de ir tomando sus notas, ahora cuando van llegando las horas de los tribunales “que pasará que misterios habrá…” a quien le toca tendrá que drenar. Y a la espera de que todo sea un pasito a clarificar lo que ocurre y que las derechas más ultraliberales (esto es solo un aforismo lo de liberales) pugnen por acusar a estos que “vestidos de comunistas y de progresistas”, no son más que una tonga de vividores y progres “de bases teológicas” que astutamente supieron ir logrando cuotas de poder del que no quieren soltarse, pasando a formas cuasi de mafias o kamorras, que es como suelen empezar, aunque aquí se van colocando con el apellido de Aguañak que es como más nazionalisto. Pero hay otros, que haberlos haylos, en general son los “Hijos del Yelmo de Mambrino” (que engloba a las otras sectas o grupos de poder en la pugna), porque tratan de trincar cualquier sillón desvalido. Esto es el mundo, y yo una persona, todo lo demás llegó después.

…castigo es de mi culpa; mozo soy: dure la vida, que con ella todo se alcanza.

En un lugar de las Canarias, a 30 de abril de 2022

(*) Ramón Francisco González Hernández / y que es vicepresidente del CPN de AIREs-La Izquierda

El portavoz de la plataforma contraria a la central energética de Chira-Soria considera en el programa El Espejo Canario que el caso que la justicia investiga en el Cabildo de Gran Canaria no es más que “la punta del iceberg” y entiende que, si se pudiera investigar con más profundidad, se encontrarían más casos.

A su juicio, se debe exigir a Nueva Canarias, PSOE y Unidas Podemos que den explicaciones sobre lo que está pasando “cuando la policía entra al Cabildo a buscar papeles nada menos que al interventor, al jefe de comunicación y a otros cargos públicos”. Afirma que, en un asunto que no es menor, “Antonio Morales vuelve a eludir su responsabilidad”.

Falta de colaboración del Cabildo

Afirma que si se ha producido este registro en la sede del Cabildo es porque el juez encargado del caso lleva pidiendo papeles a la corporación y esta “vacila” en entregarlos, por lo que al juez “no le ha quedado más remedio que mandar a la policía a buscar los papeles”. 

Señala, además, que Antonio Morales ha actuado de forma desafiante al poner en manos del periodista Michel Jorge Millares, investigado en la causa, al frente de una “campaña de propaganda escandalosa” con una importante cantidad de dinero. Afirma que esto es normal en Nueva Canarias, un partido “peronista”, con un aparato “semi fascista” y con una importante “red clientelar” a la que, a su juicio, pertenece la red ecologista Ben Magec.

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El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria decretó el secreto de sumario en la presunta trama de corrupción en el Cabildo de Gran Canaria por la falta de colaboración de los posibles afectados en las investigaciones, que han derivado en la operación de la Policía Nacional en la que han sido detenidos el interventor general de la institución, José Juan Sánchez Arencibia, y otras cuatro personas, todas ya en libertad y en espera de ser citadas por el juez. 

En un auto del 26 de noviembre de 2021, al que ha tenido acceso este periódico, el juez Alberto Puebla acuerda el secreto de las actuaciones y, entre otras razones,  señala que «el Ministerio Fiscal y la Unidad Investigadora de la Policía han puesto de manifiesto que a medida que se progresa en la investigación y ésta se ha difundido, se han producido ciertas reacciones, posiblemente de quienes piensan que pueden estar afectados, dificultándose la obtención de información y documentación, ocultándose documentos e, incluso, algunas personas parecen reticentes a colaborar con la policía o han cambiado sus versiones, o han olvidado algunas circunstancias que hasta entonces recordaban, todo lo cual evidencia la necesidad de declarar el secreto de la investigación, acogiéndose la petición del Ministerio Fiscal y de la policía». 

Tras recordar que en ese Juzgado se siguen las actuaciones «por una trama de corrupción en la que se han podido cometer varios delitos, calificados provisoriamente y a la espera de la terminación de la investigación, como constitutivos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias», el auto explica que la investigación se viene realizando desde hace tiempo y de ella fue informado en su momento el denunciado, Sánchez Arencibia, y ha tenido difusión a través de los medios de comunicación. 

Entre los razonamientos jurídicos para acordar el secreto de las actuaciones, el magistrado sostiene que las especiales circunstancias que concurren en este procedimiento aconsejan que las diligencias de instrucción no sean conocidas por las partes, pues su conocimiento podría perjudicar la investigación en curso. 

Quejas de dificultades por parte de la acusación

Del texto del auto se desprende que también hubo quejas del denunciante, Rafael Ramírez, funcionario del Cabildo y actual jefe de servicio en la Consejería de Política Social. «Hasta hace poco tiempo», continúa el juez, «la investigación venía progresando con la dificultad propia de la complejidad del asunto, pero sin que se advirtiera que alguien estuviera entorpeciéndola. Ciertamente, ya la acusación particular presentó un escrito en el que informaba de las dificultades a las que se estaba enfrentado por la fuga de información de la investigación. El instructor interpretó que se trataba de cuestiones de indudable trascendencia personal para quien encarna la acusación y que, en su caso, la conducta a la que se ve sometido, podría orientarse hacia un delito contra la Administración de Justicia pero ajena a la propia investigación». 

La operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional continuó este jueves con nuevos registros en el despacho del interventor y en la Consejería de Política Territorial, en busca de documentos que no fueron encontrados el día anterior. Sánchez Arencibia pasó la noche del miércoles en dependencias de la Comisaría. 

Fuentes judiciales informaron que el interventor quedaría en libertad en cuanto acabara la diligencia de registro, aunque antes sería conducido de nuevo a la comisaría para firmar. Ninguno de los detenidos pasará a disposición judicial de forma inminente y en su momento se les citará. Las actuaciones seguirán bajo secreto de sumario. 

La operación policial concentró el interés del Pleno del Cabildo, con declaraciones del presidente insular, Antonio Morales, de varios miembros del gobierno tripartito y de los portavoces de la oposición, todas coincidentes en que estas detenciones han dañado la imagen de la institución y en que se debe respetar la presunción de inocencia de Sánchez Arencibia y de los otros cuatro investigados. 

Se trata de Ángeles Horna, esposa del interventor y propietaria de la empresa de comunicación Imaco 89; Míchel Jorge Millares, administrador del Instituto Canario de Telecomunicaciones y actual jefe de prensa del gobierno insular; Mónica Torres, exasesora del Cabildo y directora de la sociedad mercantil Yedra; y Víctor Quevedo, director general del Plan Insular de Gran Canaria (PIO).  

El presidente Antonio Morales, ha admitido que la detención del interventor general y de esas otras cuatro personas por una presunta trama de contratos ilegales es una noticia «profundamente desagradable para el Cabildo de Gran Canaria» y para la imagen de la institución, pero defendió la presunción de inocencia de los investigados y consideró que todos los procedimientos relacionados con la organización de las Jornadas del Paisaje se realizaron «de manera escrupulosa». 

«En cualquier caso, como en todos los expedientes, pueden surgir irregularidades administrativas, pero nunca un delito, un ilícito penal», declaró Morales, quien apuntó que «los funcionarios investigados merecen el mayor de los respetos» e insistió en que ya se archivó una anterior denuncia contra el interventor presentada por Rafael Ramírez.

Morales se refirió a la operación policial durante el Pleno, al tomar la palabra en los asuntos de la Presidencia, y después en declaraciones a los periodistas en los pasillos de Casa Palacio, donde a la misma hora continuaban los registros en busca de documentación sobre las cuatro ediciones de las Jornadas del Paisaje, de 2016 a 2019, así como en el edificio Insular I, donde se encuentran las dependencias de la Consejería de Política Territorial. 

Preocupación en el Cabildo

«No es nada agradable para el Cabildo vivir esta situación, más en estos momentos de polarización y desafecto de la política e incluso de la democracia», afirmó. Tras reconocer que estas detenciones «generan preocupación», Morales dijo que hay un procedimiento judicial en el que interviene la Fiscalía, un juez y la policía judicial y, por tanto, el gobierno insular no puede hacer otra cosa que ponerse a su servicio para trasladarle la documentación que requiera. 

Respecto a la denuncia, explicó que se refiere a una actuación del área de Política Territorial en la que «se afirma fundamentalmente que se ha utilizado a una empresa interpuesta para que la esposa del interventor accediera a un contrato para desarrollar las Jornadas sobre el Paisaje».

Miranda: «Ya hemos aportado todo al Juzgado» 

Inés Miranda, consejera insular de Política Territorial, aseguró que su departamento ya ha aportado al Juzgado y a la Policía Nacional toda la documentación sobre las Jornadas del Paisaje, aunque ayer continuó el registro porque había quedado pendiente una «gestión informática». En declaraciones antes del Pleno, Miranda quiso expresar su «absoluta tranquilidad» porque, a su juicio, las facturaciones que se investigan se han tramitado dentro del marco de la ley, tanto de la anterior Ley de Contratos como de la normativa actual. «En todos los documentos y en todos los contratos se han hecho las fiscalizaciones necesarias; confiamos plenamente en el trabajo realizado por los hombres y mujeres de este Cabildo y lo primero que hay que respetar es el principio de presunción de inocencia», comentó la responsable de Política Territorial. Preguntada por su situación jurídica en este procedimiento, dado que en los sucesivos autos de diligencias previas aparece como «interviniente», Miranda explicó que ella no está investigada porque esa figura no equivale a una imputación. «Lo que hay en estos contratos ya está publicado, no hay nada más que una serie de contratos que se realizaron de acuerdo a la legalidad, no hay ningún desvió y todo lo que se trabajó en las Jornadas del Paisaje generó riqueza a Gran Canaria», insistió. 

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