LA POLICÍA BUSCA MÁS CONTRATOS DE LA EMPRESA DE LA ESPOSA DEL INTERVENTOR DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

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El juez indaga los vínculos de la agencia de comunicación Imaco, con encargos en la institución insular desde hace tres décadas, con la trama de corrupción.

Las pesquisas policiales sobre la presunta trama de corrupción en el Cabildo de Gran Canaria que investiga el Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital se extienden a los contratos realizados durante varios años con Imaco 89, la empresa de Ángeles Horna, esposa del interventor general de la institución, José Juan Sánchez Arencibia, y a facturas de otras sociedades relacionadas con la organización y el gabinete de comunicación de las Jornadas del Paisaje, así como con otras actuaciones vinculadas a la Consejería de Política Territorial, donde se han concentrado los registros y la recopilación de documentos. 

La denuncia que dio lugar a la apertura de diligencias previas, y que ha desencadenado la detención del interventor del Cabildo y de su esposa, sostiene que la empresa de comunicación Imaco 89 ha obtenido adjudicaciones a dedo y ha fraccionado contratos desde al menos el año 1993, todo ello con la supuesta connivencia o inhibición de Sánchez Arencibia. 

En las actuaciones judiciales, que están bajo secreto de sumario, se investigan ahora tres posibles delitos, los de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, según se detalla en un auto emitido por el magistrado Alberto Puebla el pasado 26 de noviembre de 2021. 

Respecto a la denuncia inicial y al auto judicial de la apertura de las diligencias previas, firmadas en los meses de febrero y julio del año 2020, se han eliminado los presuntos delitos de fraude y de negociación prohibida a funcionarios públicos.

Detenciones

Además del interventor y su esposa, en la operación emprendida este miércoles por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional fueron detenidos el director general de Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, Víctor Quevedo, y de los propietarios de las empresas Instituto Canario de Telecomunicaciones, Míchel Jorge Millares, y Yedra Comunicación, Mónica Torres. 

Todos ellos están investigados por presuntas ilegalidades en la organización de las cuatro ediciones de las Jornadas sobre el Paisaje, de los años 2016 a 2019. Hasta que se acordó el secreto de las actuaciones, en las diligencias también figuraban como intervinientes Inés Miranda, consejera de Política Territorial del Cabildo, y Rafael Pedrero, exdirector insular de ese departamento. 

El funcionario del Cabildo que interpuso la denuncia, Rafael Ramírez, actual jefe de Servicio de la Consejería de Política Social, sostiene en su escrito al Juzgado que los hechos descritos respecto a las Jornadas sobre el Paisaje «no son nuevos en absoluto», pues «al menos desde el año 1993 de la pasada centuria la tantas veces citada empresa mercantil Imaco 89, SL, propiedad de María Ángeles Horna, esposa del Interventor General, José Juan Sánchez Arencibia, ha venido contratando directamente, sin necesidad de testaferros, en infinidad de ocasiones con el Cabildo de Gran Canaria, con luz, taquígrafo y con el conocimiento de todos en este Cabildo, especialmente en la Intervención General, quienes bajo un extraño miedo y/o adoración patológicos jamás han rechistado». 

«La inmensa mayoría de las contrataciones», según el funcionario denunciante, «han sido empleando el método descrito, por el mero procedimiento de ‘a dedo’, sin reparar en la cuantía presupuestaria de los múltiples contratos efectuados ni el descarado fraccionamiento realizado en el objeto de los mismos con el ánimo de burlar los principios y reglas básicas de la contratación administrativa». 

Rafael Ramírez añade en la denuncia que «tal fraudulenta y descarada práctica aparentemente terminó de forma brusca» cuando el 27 de febrero de 2012 decidió ponerlo en conocimiento de su superior jerárquica, la entonces consejera de Presidencia, Economía y Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, Rosa Rodríguez, «con el fin de que iniciara la correspondiente investigación en orden a corroborar las clamorosas y gravísimas faltas disciplinarias cometidas por aquél y los presuntos delitos que tales acciones pudieran entrañar». 

«Pero para mi sorpresa, asombro y desdicha, la citada consejera no solo no hizo absolutamente nada en orden a investigar los hechos denunciados, sino que protegió al Interventor General, metió mi denuncia en un cajón, me denostó y me arrebató finalmente mi puesto de trabajo, del que he estado apartado durante ocho largos años, hasta que lo he vuelto a recuperar por sentencia 590/2018 de 16 de noviembre, procedimiento número 6/2018, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias», relata el denunciante.

Y Ramírez añade: «Rosa Rodríguez sí tuvo, en cambio, la deferencia de trasladarle mi denuncia al citado José Juan Sánchez Arencibia, para que éste se despachara contra mí (en escrito de 19 de marzo de 2012) insultándome y acusándome de conductas delictivas pues, según él, incurría en injurias y calumnias a su persona, afirmando éste, entre otras muchas cosas, y anunciando, para su desdicha, los métodos que ahora emplea». 

Al respecto, Ramírez incluye en la denuncia un entrecomillado de ese escrito de 2012, en el que el interventor afirma textualmente: «Me atrevo a indicar que si durante casi 20 años, como narra en su escrito el Sr. Ramírez, existiese esa trama para favorecer a la empresa Imaco 89, ésta, lo mínimo que hubiese podido hacer, era ocultar su personalidad y la de sus administradores, cuestión que no hizo, lo que demuestra que en estas contrataciones no existió dolo ni mala fe (sic)».

Por último, el funcionario denunciante afirma que «la voracidad de estos señores con lo que no es de ellos, el presupuesto del Cabildo de Gran Canaria, no tiene límites, siendo siempre el eje central, pieza clave de estas prácticas, su Interventor General, José Juan Sánchez Arencibia, quien ni pestañea a la hora de conculcar los innumerables preceptos de las leyes», entre las que cita la de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias; de Cabildos Insulares; de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local; de Contratos del Sector Público; y la de Subvenciones.

Subvenciones bajo sospecha

El denunciante incluye en su escrito al Juzgado dos subvenciones que, a su juicio, también deben investigarse. «Durante mi reciente ‘destierro’ por la Consejería de Cultura -señala Ramírez- tuve la ocasión de comprobar que incluso en materia de subvenciones una empresa participada en un 33% por Imaco 89 recibe subvenciones nominativas por parte del actual y anterior equipo de gobierno, sin que el interventor jamás se haya apartado de su responsabilidad por tal motivo, y hasta la hija de éste recibió una subvención de 5.625 euros el 22 de noviembre de 2018 por sus pinitos en proyectos audiovisuales». Y concluye: «Tres décadas dan para mucho y la impunidad de la que ha disfrutado ha sido tan fructífera para él como angustiosa para los funcionarios a los que les gusta hacer bien su trabajo».

La Provincia-Dlp

Florentino López Castro

Florentino López Castro

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