La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este miércoles al interventor del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia, por una supuesta trama de contratos irregulares vinculados con las Jornadas del Paisaje. El cuerpo ha realizado diversas inspecciones durante toda la mañana en el departamento de Política Territorial y ha detenido a otras cuatro personas, entre las que se encuentra Ángeles Horna, su esposa: Miguel Jorge Millares, dueño de la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones SL, implicada en la trama, y actual responsable de prensa del Cabildo; Mónica Torres, que fue contratada para dichas Jornadas y emitió facturas en nombre de su empresa; y Víctor Manuel Quevedo, Director General del Plan Insular y uno de los funcionarios de mayor rango de la consejería de Política Territorial, que dirige Inés Miranda. Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los cinco han sido detenidos con el único fin de evitar que oculten información y se les dejará en libertad en cuanto finalicen las diligencias.
Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están realizando en estos momentos registros en el Edificio Insular I, que es donde se encuentra la oficina de Política Territorial. El propio Cabildo ha emitido un comunicado al respecto, en el que manifiesta su total disposición a colaborar con la justicia.
El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción investigan desde hace un año presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida en la contratación de servicios para la celebración de las citadas Jornadas sobre el Paisaje de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Tras la denuncia de un funcionario del propio Cabildo y el informe de la Asesoría Jurídica de la institución, que veía indicios penales en la trama que vincula al interventor, el magistrado-juez Alberto Puebla incoó diligencias previas en verano de 2020 y desde entonces agentes de la UDEF han requerido los expedientes de esas contrataciones a la Consejería de Política Territorial y a la Secretaría General de la institución.
En el auto judicial de la apertura de diligencias figura como investigado el Cabildo y como intervinientes en los hechos denunciados la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, el exdirector general de Política Territorial, Rafael Pedrero, ambos de Nueva Canarias (NC), y la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones SL.
En dicha resolución, el Juzgado sostiene que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida. Al respecto, añade que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 en relación a los artículos 769 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incoar las correspondientes Diligencias Previas y practicar aquéllas necesarias para determinar y concretar tales datos y, en su caso, el procedimiento aplicable».
La Provincia-Dlp
