jueves, 8 diciembre, 2022

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UNA TRAMA DE CONTRATOS ILEGALES EN EL EPICENTRO DE LA PRESUNTA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN EL CABILDO DE GRAN CANARIA

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El interventor del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia, fue detenido este miércoles en la capital grancanaria por la Policía Nacional, junto a otras cuatro personas, mientras se llevaban a cabo seis registros en busca de pruebas dentro de las diligencias de investigación abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por presuntas irregularidades en la contratación de los servicios para celebrar las Jornadas del Paisaje de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Cuatro de las cinco personas detenidas quedaron en libertad horas después y se les citará para declarar ante la autoridad judicial en otro momento . Solo el Interventor del Cabildo permanecía anoche en sede policial ya que por cuestiones técnicas uno de los registros que le afectaban no se pudo llevar a cabo. Se practicará hoy jueves y después quedará en libertad.

Por la vinculación de sus empresas de comunicación en los contratos investigados, la esposa del Interventor, la periodista Ángeles Horna, y el actual jefe del equipo de comunicación del Cabildo, Michel Jorge Millares, resultaron también detenidos mientras se practicaban los registros policiales.

El funcionario de Política Territorial que dirige la Unidad del Paisaje, Víctor Quevedo, y la periodista Mónica Torres, que fue contratada para dichas jornadas, completan la lista de las personas detenidas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Los registros realizados incluyeron el examen de documentación de ese expediente y el volcado del contenido de distintos ordenadores y otros equipos informáticos.

La detención se produjo con el único fin de que las personas supuestamente implicadas no oculten información, siendo puestas en libertad en cuanto finalizaron las diligencias, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Interventor es la excepción.

Denuncia de otro funcionario

La investigación judicial, bajo secreto de sumario, parte de una denuncia presentada por un funcionario del área de Política Territorial del Cabildo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida en la contratación.

Entre las cuestiones que se investigan figura el posible fraccionamiento del objeto de los contratos y si el Interventor incumplió el régimen de incompatibilidades de los empleados públicos por la obligación de abstenerse en aquellos asuntos en los que tenga un interés personal o vinculaciones familiares.

Además, se investiga el posible pago por duplicado de un mismo trabajo, que afectaría a una empresa de la que es titular la esposa del Interventor y a otra adscrita al periodista Michel Jorge Millares antes de su incorporación al Cabildo.

Presunción de inocencia

A través de un comunicado oficial, el Cabildo ha reconocido los registros en dependencias de la corporación insular y ha expresado su «respeto a las decisiones judiciales, al principio de presunción de inocencia de los empleados públicos afectados, así como su total predisposición a colaborar con la Justicia en todo lo necesario».

La nota enmarca el registro en la investigación judicial abierta por una denuncia contra funcionarios de esta entidad «por la formalización de tres contratos menores referentes a la organización de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria».

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, mostró ayer tarde su preocupación «por la imagen que se pueda dar de la institución» debido a «un caso aislado» y reiteró que «los expedientes tramitados por Política Territorial son impecables».

Otra denuncia del mismo funcionario

Morales, que descartó tomar cualquier tipo de medidas internas contra las personas investigadas, se declaró convencido de que «no hay ningún delito de ninguna persona» en este caso, «una más de las denuncias de este funcionario contra el Interventor» del Cabildo.

Otra denuncia anterior de la misma persona contra el Interventor, por presuntos delitos en la gestión del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, resultó sobreseída tras once años de recorrido en los tribunales. «Espero que esta no dure once años», declaró.

Por su parte, la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, dijo estar sorprendida por los registros en la Unidad de Paisaje «porque hemos entregado a la Justicia toda la documentación que nos ha solicitado y toda la que obra en nuestro poder sobre las Jornadas».

Volverán a celebrarse en 2022

Miranda asegurar estar «totalmente tranquila» con la investigación abierta por la Justicia y «convencida de que todo se ha hecho bien y no existe ningún delito» en la contratación de los servicios para las jornadas que no pudieron celebrarse en 2020 y 2021 debido a la covid y pretende retomar en 2022.

La consejera del área que organiza las Jornadas del Paisaje resaltó asimismo que su departamento nunca contrató directamente a la empresa de comunicación de Ángeles Horna para su celebración.

Canarias7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florentino López Castro

Florentino López Castro

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