Día: 29 de abril de 2022

El portavoz de la plataforma contraria a la central energética de Chira-Soria considera en el programa El Espejo Canario que el caso que la justicia investiga en el Cabildo de Gran Canaria no es más que “la punta del iceberg” y entiende que, si se pudiera investigar con más profundidad, se encontrarían más casos.

A su juicio, se debe exigir a Nueva Canarias, PSOE y Unidas Podemos que den explicaciones sobre lo que está pasando “cuando la policía entra al Cabildo a buscar papeles nada menos que al interventor, al jefe de comunicación y a otros cargos públicos”. Afirma que, en un asunto que no es menor, “Antonio Morales vuelve a eludir su responsabilidad”.

Falta de colaboración del Cabildo

Afirma que si se ha producido este registro en la sede del Cabildo es porque el juez encargado del caso lleva pidiendo papeles a la corporación y esta “vacila” en entregarlos, por lo que al juez “no le ha quedado más remedio que mandar a la policía a buscar los papeles”. 

Señala, además, que Antonio Morales ha actuado de forma desafiante al poner en manos del periodista Michel Jorge Millares, investigado en la causa, al frente de una “campaña de propaganda escandalosa” con una importante cantidad de dinero. Afirma que esto es normal en Nueva Canarias, un partido “peronista”, con un aparato “semi fascista” y con una importante “red clientelar” a la que, a su juicio, pertenece la red ecologista Ben Magec.

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El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria decretó el secreto de sumario en la presunta trama de corrupción en el Cabildo de Gran Canaria por la falta de colaboración de los posibles afectados en las investigaciones, que han derivado en la operación de la Policía Nacional en la que han sido detenidos el interventor general de la institución, José Juan Sánchez Arencibia, y otras cuatro personas, todas ya en libertad y en espera de ser citadas por el juez. 

En un auto del 26 de noviembre de 2021, al que ha tenido acceso este periódico, el juez Alberto Puebla acuerda el secreto de las actuaciones y, entre otras razones,  señala que «el Ministerio Fiscal y la Unidad Investigadora de la Policía han puesto de manifiesto que a medida que se progresa en la investigación y ésta se ha difundido, se han producido ciertas reacciones, posiblemente de quienes piensan que pueden estar afectados, dificultándose la obtención de información y documentación, ocultándose documentos e, incluso, algunas personas parecen reticentes a colaborar con la policía o han cambiado sus versiones, o han olvidado algunas circunstancias que hasta entonces recordaban, todo lo cual evidencia la necesidad de declarar el secreto de la investigación, acogiéndose la petición del Ministerio Fiscal y de la policía». 

Tras recordar que en ese Juzgado se siguen las actuaciones «por una trama de corrupción en la que se han podido cometer varios delitos, calificados provisoriamente y a la espera de la terminación de la investigación, como constitutivos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias», el auto explica que la investigación se viene realizando desde hace tiempo y de ella fue informado en su momento el denunciado, Sánchez Arencibia, y ha tenido difusión a través de los medios de comunicación. 

Entre los razonamientos jurídicos para acordar el secreto de las actuaciones, el magistrado sostiene que las especiales circunstancias que concurren en este procedimiento aconsejan que las diligencias de instrucción no sean conocidas por las partes, pues su conocimiento podría perjudicar la investigación en curso. 

Quejas de dificultades por parte de la acusación

Del texto del auto se desprende que también hubo quejas del denunciante, Rafael Ramírez, funcionario del Cabildo y actual jefe de servicio en la Consejería de Política Social. «Hasta hace poco tiempo», continúa el juez, «la investigación venía progresando con la dificultad propia de la complejidad del asunto, pero sin que se advirtiera que alguien estuviera entorpeciéndola. Ciertamente, ya la acusación particular presentó un escrito en el que informaba de las dificultades a las que se estaba enfrentado por la fuga de información de la investigación. El instructor interpretó que se trataba de cuestiones de indudable trascendencia personal para quien encarna la acusación y que, en su caso, la conducta a la que se ve sometido, podría orientarse hacia un delito contra la Administración de Justicia pero ajena a la propia investigación». 

La operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional continuó este jueves con nuevos registros en el despacho del interventor y en la Consejería de Política Territorial, en busca de documentos que no fueron encontrados el día anterior. Sánchez Arencibia pasó la noche del miércoles en dependencias de la Comisaría. 

Fuentes judiciales informaron que el interventor quedaría en libertad en cuanto acabara la diligencia de registro, aunque antes sería conducido de nuevo a la comisaría para firmar. Ninguno de los detenidos pasará a disposición judicial de forma inminente y en su momento se les citará. Las actuaciones seguirán bajo secreto de sumario. 

La operación policial concentró el interés del Pleno del Cabildo, con declaraciones del presidente insular, Antonio Morales, de varios miembros del gobierno tripartito y de los portavoces de la oposición, todas coincidentes en que estas detenciones han dañado la imagen de la institución y en que se debe respetar la presunción de inocencia de Sánchez Arencibia y de los otros cuatro investigados. 

Se trata de Ángeles Horna, esposa del interventor y propietaria de la empresa de comunicación Imaco 89; Míchel Jorge Millares, administrador del Instituto Canario de Telecomunicaciones y actual jefe de prensa del gobierno insular; Mónica Torres, exasesora del Cabildo y directora de la sociedad mercantil Yedra; y Víctor Quevedo, director general del Plan Insular de Gran Canaria (PIO).  

El presidente Antonio Morales, ha admitido que la detención del interventor general y de esas otras cuatro personas por una presunta trama de contratos ilegales es una noticia «profundamente desagradable para el Cabildo de Gran Canaria» y para la imagen de la institución, pero defendió la presunción de inocencia de los investigados y consideró que todos los procedimientos relacionados con la organización de las Jornadas del Paisaje se realizaron «de manera escrupulosa». 

«En cualquier caso, como en todos los expedientes, pueden surgir irregularidades administrativas, pero nunca un delito, un ilícito penal», declaró Morales, quien apuntó que «los funcionarios investigados merecen el mayor de los respetos» e insistió en que ya se archivó una anterior denuncia contra el interventor presentada por Rafael Ramírez.

Morales se refirió a la operación policial durante el Pleno, al tomar la palabra en los asuntos de la Presidencia, y después en declaraciones a los periodistas en los pasillos de Casa Palacio, donde a la misma hora continuaban los registros en busca de documentación sobre las cuatro ediciones de las Jornadas del Paisaje, de 2016 a 2019, así como en el edificio Insular I, donde se encuentran las dependencias de la Consejería de Política Territorial. 

Preocupación en el Cabildo

«No es nada agradable para el Cabildo vivir esta situación, más en estos momentos de polarización y desafecto de la política e incluso de la democracia», afirmó. Tras reconocer que estas detenciones «generan preocupación», Morales dijo que hay un procedimiento judicial en el que interviene la Fiscalía, un juez y la policía judicial y, por tanto, el gobierno insular no puede hacer otra cosa que ponerse a su servicio para trasladarle la documentación que requiera. 

Respecto a la denuncia, explicó que se refiere a una actuación del área de Política Territorial en la que «se afirma fundamentalmente que se ha utilizado a una empresa interpuesta para que la esposa del interventor accediera a un contrato para desarrollar las Jornadas sobre el Paisaje».

Miranda: «Ya hemos aportado todo al Juzgado» 

Inés Miranda, consejera insular de Política Territorial, aseguró que su departamento ya ha aportado al Juzgado y a la Policía Nacional toda la documentación sobre las Jornadas del Paisaje, aunque ayer continuó el registro porque había quedado pendiente una «gestión informática». En declaraciones antes del Pleno, Miranda quiso expresar su «absoluta tranquilidad» porque, a su juicio, las facturaciones que se investigan se han tramitado dentro del marco de la ley, tanto de la anterior Ley de Contratos como de la normativa actual. «En todos los documentos y en todos los contratos se han hecho las fiscalizaciones necesarias; confiamos plenamente en el trabajo realizado por los hombres y mujeres de este Cabildo y lo primero que hay que respetar es el principio de presunción de inocencia», comentó la responsable de Política Territorial. Preguntada por su situación jurídica en este procedimiento, dado que en los sucesivos autos de diligencias previas aparece como «interviniente», Miranda explicó que ella no está investigada porque esa figura no equivale a una imputación. «Lo que hay en estos contratos ya está publicado, no hay nada más que una serie de contratos que se realizaron de acuerdo a la legalidad, no hay ningún desvió y todo lo que se trabajó en las Jornadas del Paisaje generó riqueza a Gran Canaria», insistió. 

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La Provincia-Dlp