sábado, 3 diciembre, 2022

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EL PP DE TELDE PIDE MEJORAS INTEGRALES PARA EL BARRIO DE LA MONTAÑETA

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El Partido Popular, después de la multitud de quejas recibidas por los residentes del Barrio de La Montañeta en el Calero, cuya población es de 2593.36 habitantes, según los datos de la INEM en 2021, ha girado visita al citado barrio y ha podido comprobar de primera mano el estado lamentable en que se encuentra actualmente.

Entre las quejas manifestadas por los vecinos que viven en este barrio, al igual que en la gran mayoría de los barrios de nuestra ciudad, es la del pésimo estado en el que se encuentran las vías del barrio, llenas de baches y socavones, así como las aceras que tienen muchas baldosas sueltas. Los vecinos tambien nos cuentan que la cancha se encuentra cerrada ya que los muros del cierre perimetral están en un estado deplorable así como el suelo de la misma.

Los vecinos también nos enseñaron los jardines del barrio que también se encuentran en mal estado y llenos de basura. En dicha visita, pudimos tambien comprobar cómo la plaza además de sucia no tiene rampas con las medidas de seguridad necesarias para que las personas que la utilizan no corran peligro.

Desde el Partido Popular de Telde entendemos que la dejación en las competencias propias por parte del actual grupo de gobierno en todos y cada uno de los barrios de Telde es una constante ya que en las visitas que hacemos a los barrios, esta queja es una constante. Pero como quiera que las propuestas planteadas por el Partido Popular solo encuentran negativa por parte del grupo de gobierno, en la presente moción le recordamos el ya tan repetido artículo 25 y 26 de la meritada Ley 7/1985, de 2 de abril, donde recoge las competencias propias, para que se lleven a efecto a la mayor brevedad posible y que permita a los usuarios y usuarias tener un mayor grado de protección en el uso de las instalaciones de titularidad municipal.

En todo caso, y para facilitar la labor del grupo de gobierno, desde el Partido Popular procedemos a recordar en la presente moción los artículo mencionados:

Artículo 25.2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

j) Protección de la salubridad pública.

Artículo 26.1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a).- En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.

b).- En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

c).- En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

d).- En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano.

Es por ello, y porque se tratan de competencias directas del Ayuntamiento de Telde que está dejando sin ejecutar, estas obras se deben realizar a la mayor brevedad posible, buscando alternativas de financiación si fuera necesario.
A la vista de lo anterior, el Grupo Popular solicita que se eleve a Pleno la aprobación de los siguientes acuerdos:

Primero.- Que por parte de la Concejalía de Limpieza Viaria se realice un plan intensivo de limpieza en el barrio de La Montañeta.

Segundo.- Que por parte de la Concejalía de Parques y Jardines se proceda a la limpieza y poda de los espacios libres del barrio.

Tercero. Que por parte de la Concejalía de Vías y Obras del M. I Ayuntamiento de Telde se le de un impulso efectivo y real del Plan de Asfaltado, contemplándose un Plan específico de Asfalto para el barrio.

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PEDRO HERNÁNDEZ: «EL CASO DESTAPADO EN EL CABILDO DE GRAN CANARIA NO ES MÁS QUE LA PUNTA DEL ICEBERG»

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El portavoz de la plataforma contraria a la central energética de Chira-Soria considera en el programa El Espejo Canario que el caso que la justicia investiga en el Cabildo de Gran Canaria no es más que “la punta del iceberg” y entiende que, si se pudiera investigar con más profundidad, se encontrarían más casos.

A su juicio, se debe exigir a Nueva Canarias, PSOE y Unidas Podemos que den explicaciones sobre lo que está pasando “cuando la policía entra al Cabildo a buscar papeles nada menos que al interventor, al jefe de comunicación y a otros cargos públicos”. Afirma que, en un asunto que no es menor, “Antonio Morales vuelve a eludir su responsabilidad”.

Falta de colaboración del Cabildo

Afirma que si se ha producido este registro en la sede del Cabildo es porque el juez encargado del caso lleva pidiendo papeles a la corporación y esta “vacila” en entregarlos, por lo que al juez “no le ha quedado más remedio que mandar a la policía a buscar los papeles”. 

Señala, además, que Antonio Morales ha actuado de forma desafiante al poner en manos del periodista Michel Jorge Millares, investigado en la causa, al frente de una “campaña de propaganda escandalosa” con una importante cantidad de dinero. Afirma que esto es normal en Nueva Canarias, un partido “peronista”, con un aparato “semi fascista” y con una importante “red clientelar” a la que, a su juicio, pertenece la red ecologista Ben Magec.

ESCUCHA A PEDRO HERNÁNDEZ PULSANDO SOBRE ESTE ENLACE

LA POLICÍA DENUNCIÓ OBSTRUCCIÓN PARA INDAGAR LA TRAMA DE CONTRATOS ILEGALES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA

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El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria decretó el secreto de sumario en la presunta trama de corrupción en el Cabildo de Gran Canaria por la falta de colaboración de los posibles afectados en las investigaciones, que han derivado en la operación de la Policía Nacional en la que han sido detenidos el interventor general de la institución, José Juan Sánchez Arencibia, y otras cuatro personas, todas ya en libertad y en espera de ser citadas por el juez. 

En un auto del 26 de noviembre de 2021, al que ha tenido acceso este periódico, el juez Alberto Puebla acuerda el secreto de las actuaciones y, entre otras razones,  señala que «el Ministerio Fiscal y la Unidad Investigadora de la Policía han puesto de manifiesto que a medida que se progresa en la investigación y ésta se ha difundido, se han producido ciertas reacciones, posiblemente de quienes piensan que pueden estar afectados, dificultándose la obtención de información y documentación, ocultándose documentos e, incluso, algunas personas parecen reticentes a colaborar con la policía o han cambiado sus versiones, o han olvidado algunas circunstancias que hasta entonces recordaban, todo lo cual evidencia la necesidad de declarar el secreto de la investigación, acogiéndose la petición del Ministerio Fiscal y de la policía». 

Tras recordar que en ese Juzgado se siguen las actuaciones «por una trama de corrupción en la que se han podido cometer varios delitos, calificados provisoriamente y a la espera de la terminación de la investigación, como constitutivos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias», el auto explica que la investigación se viene realizando desde hace tiempo y de ella fue informado en su momento el denunciado, Sánchez Arencibia, y ha tenido difusión a través de los medios de comunicación. 

Entre los razonamientos jurídicos para acordar el secreto de las actuaciones, el magistrado sostiene que las especiales circunstancias que concurren en este procedimiento aconsejan que las diligencias de instrucción no sean conocidas por las partes, pues su conocimiento podría perjudicar la investigación en curso. 

Quejas de dificultades por parte de la acusación

Del texto del auto se desprende que también hubo quejas del denunciante, Rafael Ramírez, funcionario del Cabildo y actual jefe de servicio en la Consejería de Política Social. «Hasta hace poco tiempo», continúa el juez, «la investigación venía progresando con la dificultad propia de la complejidad del asunto, pero sin que se advirtiera que alguien estuviera entorpeciéndola. Ciertamente, ya la acusación particular presentó un escrito en el que informaba de las dificultades a las que se estaba enfrentado por la fuga de información de la investigación. El instructor interpretó que se trataba de cuestiones de indudable trascendencia personal para quien encarna la acusación y que, en su caso, la conducta a la que se ve sometido, podría orientarse hacia un delito contra la Administración de Justicia pero ajena a la propia investigación». 

La operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional continuó este jueves con nuevos registros en el despacho del interventor y en la Consejería de Política Territorial, en busca de documentos que no fueron encontrados el día anterior. Sánchez Arencibia pasó la noche del miércoles en dependencias de la Comisaría. 

Fuentes judiciales informaron que el interventor quedaría en libertad en cuanto acabara la diligencia de registro, aunque antes sería conducido de nuevo a la comisaría para firmar. Ninguno de los detenidos pasará a disposición judicial de forma inminente y en su momento se les citará. Las actuaciones seguirán bajo secreto de sumario. 

La operación policial concentró el interés del Pleno del Cabildo, con declaraciones del presidente insular, Antonio Morales, de varios miembros del gobierno tripartito y de los portavoces de la oposición, todas coincidentes en que estas detenciones han dañado la imagen de la institución y en que se debe respetar la presunción de inocencia de Sánchez Arencibia y de los otros cuatro investigados. 

Se trata de Ángeles Horna, esposa del interventor y propietaria de la empresa de comunicación Imaco 89; Míchel Jorge Millares, administrador del Instituto Canario de Telecomunicaciones y actual jefe de prensa del gobierno insular; Mónica Torres, exasesora del Cabildo y directora de la sociedad mercantil Yedra; y Víctor Quevedo, director general del Plan Insular de Gran Canaria (PIO).  

El presidente Antonio Morales, ha admitido que la detención del interventor general y de esas otras cuatro personas por una presunta trama de contratos ilegales es una noticia «profundamente desagradable para el Cabildo de Gran Canaria» y para la imagen de la institución, pero defendió la presunción de inocencia de los investigados y consideró que todos los procedimientos relacionados con la organización de las Jornadas del Paisaje se realizaron «de manera escrupulosa». 

«En cualquier caso, como en todos los expedientes, pueden surgir irregularidades administrativas, pero nunca un delito, un ilícito penal», declaró Morales, quien apuntó que «los funcionarios investigados merecen el mayor de los respetos» e insistió en que ya se archivó una anterior denuncia contra el interventor presentada por Rafael Ramírez.

Morales se refirió a la operación policial durante el Pleno, al tomar la palabra en los asuntos de la Presidencia, y después en declaraciones a los periodistas en los pasillos de Casa Palacio, donde a la misma hora continuaban los registros en busca de documentación sobre las cuatro ediciones de las Jornadas del Paisaje, de 2016 a 2019, así como en el edificio Insular I, donde se encuentran las dependencias de la Consejería de Política Territorial. 

Preocupación en el Cabildo

«No es nada agradable para el Cabildo vivir esta situación, más en estos momentos de polarización y desafecto de la política e incluso de la democracia», afirmó. Tras reconocer que estas detenciones «generan preocupación», Morales dijo que hay un procedimiento judicial en el que interviene la Fiscalía, un juez y la policía judicial y, por tanto, el gobierno insular no puede hacer otra cosa que ponerse a su servicio para trasladarle la documentación que requiera. 

Respecto a la denuncia, explicó que se refiere a una actuación del área de Política Territorial en la que «se afirma fundamentalmente que se ha utilizado a una empresa interpuesta para que la esposa del interventor accediera a un contrato para desarrollar las Jornadas sobre el Paisaje».

Miranda: «Ya hemos aportado todo al Juzgado» 

Inés Miranda, consejera insular de Política Territorial, aseguró que su departamento ya ha aportado al Juzgado y a la Policía Nacional toda la documentación sobre las Jornadas del Paisaje, aunque ayer continuó el registro porque había quedado pendiente una «gestión informática». En declaraciones antes del Pleno, Miranda quiso expresar su «absoluta tranquilidad» porque, a su juicio, las facturaciones que se investigan se han tramitado dentro del marco de la ley, tanto de la anterior Ley de Contratos como de la normativa actual. «En todos los documentos y en todos los contratos se han hecho las fiscalizaciones necesarias; confiamos plenamente en el trabajo realizado por los hombres y mujeres de este Cabildo y lo primero que hay que respetar es el principio de presunción de inocencia», comentó la responsable de Política Territorial. Preguntada por su situación jurídica en este procedimiento, dado que en los sucesivos autos de diligencias previas aparece como «interviniente», Miranda explicó que ella no está investigada porque esa figura no equivale a una imputación. «Lo que hay en estos contratos ya está publicado, no hay nada más que una serie de contratos que se realizaron de acuerdo a la legalidad, no hay ningún desvió y todo lo que se trabajó en las Jornadas del Paisaje generó riqueza a Gran Canaria», insistió. 

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La Provincia-Dlp

GRAVE AL VOLCAR CON SU COCHE EN TELDE

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Grave accidente en Telde. Un coche ha volcado en la madrugada de este viernes, 29 de abril, en la calle Callejón del Castillo, en el citado municipio grancanario, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. El suceso tuvo lugar a las 02:27 horas.

La víctima, de 71 años de edad, presentaba politraumatismo de carácter grave y tuvo que ser trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria liberaron al herido que se había quedado atrapado en el interior del vehículo y aseguraron el mismo.

La Policía Local reguló el tráfico en la zona, colaboró con los servicios de emergencia e instruyó las diligencias correspondientes.

La Provincia-Dlp