La operación policial en el Cabildo de Gran Canaria ha puesto también el foco en el uso del dinero que aportaron los patrocinadores de las cuatro ediciones de las Jornadas del Paisaje, por lo que se han requisado ordenadores y teléfonos móviles de los cinco detenidos para comparar la documentación entregada al Juzgado por la Consejería de Política Territorial y la información recabada en las últimas semanas entre las distintas empresas que colaboraron económicamente en esas reuniones técnicas sobre el paisaje.
Además de los registros en la Casa Palacio, donde se ubica el servidor informático del Cabildo y el despacho del interventor general, José Juan Sánchez Arencibia, las indagaciones de los agentes de la Policía Nacional se han concentrado en la Consejería de Política Territorial, concretamente en el servicio de Planeamiento.
Según las fuentes consultadas, en esas oficinas se requirieron todas las facturas relacionadas con la organización de las Jornadas del Paisaje de los años 2016 a 2019, tanto las referidas a las empresas de comunicación de tres de los cinco detenidos, Ángeles Horna (Imaco 89), Míchel Jorge Millares (Instituto Canario de Telecomunicaciones) y Mónica Torres (Yedra), como los documentos emitidos por las demás empresas que participaron en la organización o patrocinaron esos eventos.
En la denuncia que dio origen a la investigación se citan una veintena de empresas o entidades que tuvieron algún tipo de relación, bien como suministradoras de servicios (traducción, imprenta, elaboración de vídeos, fotografía, catering) o como patrocinadoras (entre ellas tres grandes compañías canarias).
Ocultación
Después de que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria acordara en noviembre el secreto de las actuaciones a solicitud del Ministerio Fiscal y de la Policía Nacional, por las dificultades para obtener información o la ocultación de documentos por parte de las personas que creían estar afectadas, los investigadores se han dirigido a varias empresas para conocer en qué consistió su participación en las Jornadas del Paisaje, bien como suministradoras de servicios o como patrocinadoras.
Pese a que los responsables políticos de la Consejería de Política Territorial y del gobierno insular sostienen que se ha entregado al Juzgado toda la información requerida y disponible, agentes de la Policía Nacional irrumpieron a primera hora del miércoles en la quinta planta del Edificio Insular, donde se ubica el área de Planeamiento, y requirieron a los trabajadores allí presentes una copia de las facturas y demás documentos relacionados con esas cuatro ediciones de las Jornadas del Paisaje.
En esa operación fue detenido Víctor Quevedo, arquitecto y director general del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria. Según la denuncia presentada en el año 2020 por Rafael Ramírez, también funcionario del Cabildo y actual jefe de Servicio de la Consejería de Política Social, la participación de Quevedo consistió, presuntamente, en informar de manera favorable los contratos menores adjudicados «a dedo» por la consejera Inés Miranda y las propuestas del entonces director insular de Política Territorial, Rafael Pedrero.
Desproporcionado
Quevedo quedó en libertad la tarde del mismo miércoles, al acabar los registros en la sede de la consejería. Lo mismo ocurrió con los demás detenidos, salvo con el interventor, que pasó la noche en comisaría al no poderse realizar los registros en su despacho y en sus ordenadores. El jueves se completó esa búsqueda de documentos en la Casa Palacio y Sánchez Arencibia quedó en libertad a primera hora de la tarde.
Los detenidos han declinado hacer manifestaciones sobre el caso, pero personas cercanas han comentado a este periódico que están «muy sorprendidos» y «disgustados» porque consideran que la actuación policial del miércoles fue «desproporcionada» e «innecesaria», al tiempo que niegan las acusaciones en su contra. Esa misma queja ha sido lanzada por miembros del gobierno del Cabildo grancanario.
Ángeles Horna, Míchel Jorge Millares y Mónica Torres fueron detenidos en sus domicilios particulares, en algún caso residencias situadas a una veintena de kilómetros de la capital, y delante de sus familiares. Tras los registros de sus viviendas, fueron trasladados a la comisaría, donde pasaron varias horas en celdas.
Se han requisado ordenadores y teléfonos móviles en busca de más documentación
Según las mismas fuentes, a ninguna de esas tres empresas de comunicación se les habían requerido documentos con anterioridad, como sí ocurrió en el caso de la Consejería de Política Territorial. Durante la detención se les requisaron los teléfonos móviles y los ordenadores, por lo que no han podido continuar realizando sus labores profesionales.
En el caso de Ángeles Horna, esposa del interventor, la policía también registró las oficinas de Imaco 89 y se incautó de ordenadores, discos duros y archivos. Según su círculo más cercano, esa «desproporcionada» operación policial no solo ha dañado su reputación sino que le impide continuar su actividad profesional.
La investigación que dirige el magistrado Alberto Puebla parte de una denuncia presentada en febrero de 2020 por el funcionario Rafael Ramírez, quien sostiene que en esos cuatro años de Jornadas de Paisaje se cometieron los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude y negociación prohibido. En su último auto, el magistrado mantiene los tres primeros delitos.
El gobierno insular expedienta al funcionario que denunció la trama
El gobierno insular de Antonio Morales ha abierto un expediente disciplinario a Rafael Ramírez, jefe de servicio de Asuntos Sociales y autor de la denuncia que ha desencadenado la investigación de una presunta trama de corrupción por parte del Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, según se refleja en varios documentos a los que ha tenido acceso este periódico.
El Consejo de Gobierno Insular acordó la apertura del expediente el pasado 1 de diciembre de 2021 a raíz de una denuncia de la consejera insular de Política Social, Isabel Mena, y después de que la titular del área de Recursos Humanos, Margarita González, se abstuviera de participar en la instrucción de ese procedimiento sancionador al estar involucrada en otra causa judicial.
Ante ello, el máximo órgano de gobierno del Cabildo acordó que la incoación del expediente disciplinario recaiga sobre el vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Miguel Ángel Pérez del Pino, encargado de nombrar un instructor entre los funcionarios del propio Cabildo. Según fuentes del gobierno, ningún trabajador de la institución ha querido realizar esa actuación, por lo que se ha tenido que acudir a un funcionario de otra administración pública, como ya ocurrió hace unos años con el expediente sancionador al exjefe de la Asesoría Jurídica, Carlos Trujillo, que finalmente fue instruido por Fernando Ríos, un técnico de la Comunidad Autónoma.
La denuncia se suma a una valoración de productividad de la propia consejera, del 9 de noviembre de 2021, en la que obtiene una nota de «insuficiente», con la justificación de que ese funcionario «no responde a los requerimientos del Director Insular; no asume la totalidad de sus funciones, llegando a negarse incluso a participar en la tramitación de expedientes importantes para la Consejería». Según esa valoración, el denunciante de la trama «no busca soluciones a los problemas que se presentan y mantiene una negativa constante a asumir su responsabilidad en el área de Menores». Ramírez recuperó la plaza de Jefe de Servicio tras una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La Provincia-Dlp
