Nueva Canarias lleva desde julio de 2021 excluida, por fallo judicial, del registro oficial | El partido, a efectos legales, no existe ya como organización política.
«Actualmente no hay ninguna formación política con esos datos». Es la respuesta que se recibe en el buscador del Registro de Partidos Políticos cuando se hace una consulta sobre Nueva Canarias (NC). La organización que lidera el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno regional, Román Rodríguez, ha desaparecido del registro dependiente del Ministerio del Interior. O más bien la han borrado. Desde el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska explican que «la inscripción del partido Nueva Canarias fue cancelada con fecha 12 de julio de 2021 en el Registro de Partidos Políticos». Es decir, hace algo más de un año. Interior precisa que el borrado fue «acordado en la sentencia número 80/2021, de 8 de junio de 2021, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 en el procedimiento abreviado 139/2020». NC no ha rendido sus cuentas anuales de los tres últimos ejercicios al Tribunal de Cuentas (TCu). Este es uno de los tres posibles motivos que dan lugar a la baja de una fuerza política del registro oficial, si bien desde NC aseguran que no tenían constancia de la cancelación de la inscripción. Es más, afirman que no han recibido ni notificación ni apercibimiento alguno y que han solicitado un plazo extra al TCu para ponerse al día en la rendición de cuentas.
El Registro de Partidos Políticos no es un mero formalismo. La ley de control de la actividad económico-financiera de las fuerzas políticas expone que estas «adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el registro». Esta misma normativa, la Ley orgánica 3/2015 de 30 de marzo, establece en su artículo 12 bis que el órgano competente, es decir, el Ministerio del Interior –a instancias del propio Registro de Partidos Políticos–, solicitará la «declaración judicial de extinción» de un partido en caso de que no haya adaptado sus estatutos fundacionales a la legislación, no haya renovado sus órganos de gobierno y de representación en los plazos legales establecidos o no haya presentado sus cuentas anuales «durante tres ejercicios consecutivos o cuatro alternos, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de la falta de presentación de las cuentas». El TCu confirma que, efectivamente, Nueva Canarias aún no ha rendido las cuentas ni de 2021, ni de 2020, ni de 2019. De hecho tampoco ha presentado todavía las de 2018.
Así lo corroboró el secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, que, no obstante, se mostró sorprendido por la baja del Registro de Partidos Políticos. No en vano, Ramírez explicó, por un lado, que no han recibido requerimiento alguno del TCu, e incluso puntualizó que no han tenido problemas en el cobro de las subvenciones públicas que perciben todos los partidos en función de su mayor o menor tamaño; y, por otro lado, aclaró que le solicitaron al tribunal una prórroga del plazo para la rendición de las cuentas de los años 2018, 2019 y 2020. «Vamos a presentar el informe esta semana», ahondó Ramírez, toda vez que el plazo extra expira este miércoles 27 de julio. «Nos ha extrañado muchísimo», subrayó. En cualquier caso, el veterano político –que aseveró haberse enterado de la baja de NC del Registro de Partidos Políticos por este diario– hizo hincapié en que la cancelación de la inscripción de una fuerza política en el registro del Ministerio del Interior no supone su extinción propiamente dicha. «Pero en todo caso se subsanará», dijo.
Sea como sea, lo cierto es que llama la atención el desconocimiento existente en el seno de Nueva Canarias sobre su exclusión del Registro de Partidos Políticos, máxime cuando ya hace más de un año desde que se llevó a cabo el borrado. Y más aún cuando la normativa deja claro que antes de instar ante la jurisdicción contencioso-administrativa a que declare la extinción de una fuerza política, el registro de partidos debe enviarle un apercibimiento. A partir de ese momento, la organización dispone de seis meses para adaptar sus estatutos a las leyes vigentes, para renovar sus órganos de gobierno y de representación –en estos dos puntos no tiene NC tareas por delante– o para «presentar las cuentas anuales de todos los ejercicios que tenga pendientes». Además, el órgano judicial, si el partido en cuestión no atiende el requerimiento de los funcionarios del registro y finalmente se llega a la «declaración de extinción», debe también notificarlo. Pese a todo ello, cabe insistir, en Nueva Canarias no tenían constancia de que su nombre ya no figura en el Registro de Partidos Políticos, o cuando menos no tenía constancia su secretario de Organización.
Desde el Ministerio de Grande-Marlaska aclaran que la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5 es firme desde el 20 de julio del año pasado. En este sentido hay que insistir en que ni Interior ni el Registro de Partidos Políticos son los que deciden la cancelación de la inscripción de una fuerza política, sino que la solicitan o promueven; la última palabra la tiene en todo caso la Justicia, que es la que determina si la organización está o no en alguna de las tres causas de extinción establecidas en la normativa.
Hay que tener en cuenta que la no presentación de las cuentas anuales en tiempo y forma supone el incumplimiento de una obligación contable recogida en la ley de financiación de los partidos políticos. Es verdad que no es NC el primer partido, ni mucho menos, que se retrasa en el cumplimiento de esta exigencia legal, pero no es menos cierto que no son tantos los que lo hacen durante tres años seguidos. La ley de financiación expone que «todos los partidos políticos habrán de remitir las cuentas anuales consolidadas, en las que se detallarán y documentarán sus ingresos y gastos, debidamente formalizadas, al Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio del año siguiente al que aquellas se refieran». Es decir, que antes del 30 de junio de este año debieron presentar las cuentas del ejercicio 2021, y el caso es que NC aún no ha rendido ni las de 2018.
En ello están trabajando estos días en la dirección del partido. Entre otras cosas porque más allá de lo establecido en la ley de 2015, la legislación sobre la financiación de las fuerzas políticas tipifica como una infracción muy grave –castigada con una sanción de entre 50.000 y 100.000 euros– «el incumplimiento durante dos ejercicios consecutivos o tres alternos de la obligación de presentar las cuentas anuales en el plazo previsto o la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador».
La Provincia-Dlp
