La interventora encargada de fiscalizar el buen uso del dinero público está otra vez en el centro de la polémica por la celebración de un congreso para funcionarios que incluyó fiestas privadas con un concierto de Dani Martín, fuegos artificiales y Moët & Chandon. Tania Naya, una de las impulsoras del congreso de funcionarios en el que los ayuntamientos de San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana desembolsaron 500.000 euros, vuelve a estar en el ojo del huracán al mismo tiempo que el Juzgado de Instrucción Número 2 de San Bartolomé de Tirajana inicia la investigación de la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal a principios de este año, cuando Naya era tesorera, por un delito de prevaricación administrativa al simultanear hasta siete cargos públicos en distintas administraciones y percibir supuestamente los sueldos íntegros.
Las impulsoras de la cita participaron de forma activa en la organización y en la Mesa de Contratación
El gasto generado en el congreso y en las fiestas impulsadas por Tania y su hermana gemela Noemí, su homóloga en Santa Lucía, ya ha generado malestar entre los municipios que forman parte del Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre, el organismo público que adjudicó el contrato de medio millón por urgencia, sin publicidad y al que se presentó una sola oferta.
En la investigación judicial, el juez Rodrigo Álvarez Riquelme tratará de determinar si la ahora interventora de San Bartolomé de Tirajana, habilitada nacional, ha cobrado los sueldos íntegros en los otros cargos que ostenta: tesorera y secretaria del Consorcio Maspalomas Gran Canaria, interventora en el Consorcio Sur para la Televisión Digital Terrestre, secretaria e interventora en la Mancomunidad de Medianías, interventora en la Mancomunidad del Sureste e interventora en Ingenio, además de secretaria en el Ayuntamiento de Valsequillo, puesto este último que ya no ocupa. Así, investiga si cobró el 100% de los sueldos, cuando la normativa establece que puede cobrar el sueldo completo en su plaza principal, en este caso la del Sur, pero solo un 30% en los puestos acumulados.
Entrevista
Tras conocer la denuncia inicial de la fiscalía en febrero, la propia Naya, en una entrevista a este periódico, sostuvo que todos los puestos de trabajo que desempeña y las funciones que ejerce reservadas a habilitados nacionales «lógicamente están amparadas en su correspondiente nombramiento otorgado por los órganos competentes en cada caso, ya sea el Ministerio de Administraciones Públicas, la Dirección General de Administración Pública y los órganos competentes de cada administración. Lógicamente no podría ser interventora, tesorera o secretaria si no tuviera el nombramiento legal».
La interventora reconoció también que es «molesta» en el Sur por su estricta aplicación de la ley. «Cuando viene una persona de fuera estorba porque los negocios que muchos tienen establecidos se les estropean», señaló, y recordó que no es la primera vez que recibe una denuncia por este tema.
La organización de tres fiestas de lujo a través del consorcio que gestiona la televisión digital terrestre ha generado sorpresa en los otros municipios grancanarios que forman parte de ese organismo, Agüimes, Ingenio y Valsequillo -la participación de Telde está congelada desde 2012-, que no comparten que se hayan dilapidado 500.000 euros en un congreso de habilitados nacionales -secretarios, interventores y tesoreros- que solo duró cuatro días, a más de 100.000 euros diarios.
La polémica generada por las fiestas paralelas ha devuelto a Naya al foco informativo, pues incluso el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, organizador y miembro del consorcio de la TDT, ha manifestado sus «discrepancias» por los «dispendios a costa del erario público».
El uso del consorcio para organizar el congreso asombra en el ámbito de los funcionarios
En un comunicado emitido ayer por la Corporación tras una reunión de los tres partidos que sustentan el gobierno local, NC, PP y Fortaleza, el Consistorio sostuvo que apoyó la celebración del congreso porque ve «necesaria la formación del personal público para mejorar el funcionamiento de la administración y para adaptarnos a los cambios legislativos» y valoró el «alto nivel» de los ponentes.
No obstante, criticó el gasto en fiestas. «Ni el Ayuntamiento ni el gobierno municipal tenían conocimiento de la contratación de esas actividades lúdicas, esas decisiones fueron tomadas por la organización», señala el comunicado, «asumimos el error de no haber exigido mayor precisión sobre las actividades complementarias del desarrollo del congreso, pero se ha seguido un procedimiento reglado».
Por otro lado, en el seno del Consorcio de la TDT, fuentes del Consejo Rector han explicado que sí fueron informados por Santa Lucía y San Bartolomé del uso que se le daría al ente y dieron el visto bueno porque argumentaron que se generaría contenido audiovisual para la televisión local y porque la financiación del foro corría a cargo de los municipios organizadores y no supondría costes para el propio consorcio ni para el resto de miembros.
Fuentes del Ayuntamiento de Agüimes han considerado «desproporcionado e inadecuado» el gasto realizado en el congreso y las fiestas e Ingenio y Valsequillo no se han pronunciado. El gobierno municipal de Ingenio ha declinado pronunciarse y remite a las explicaciones que ofrezcan los municipios organizadores.
Sospechas
El sistema utilizado para la contratación de la empresa que organizó el congreso también ha levantado suspicacias entre los propios funcionarios públicos, cuyo Colegio Oficial ni siquiera participó y se ha desvinculado de todo lo ocurrido en ese foro. Varios funcionarios consultados por este periódico coinciden en que el expediente podría incluir varias irregularidades, entre ellas que el objeto y finalidades de ese consorcio televisivo no recoge la organización de este tipo de eventos.
En el ámbito de los funcionarios públicos tampoco se entiende que las impulsoras de la cita, las hermanas Naya, participaran de forma activa en la organización y desarrollo del congreso cuando dos días antes habían formado parte de la Mesa de Contratación que adjudicó el servicio a la empresa R.S. Sonocom.
El Ayuntamiento de Santa Lucía asume el «error de no exigir más precisión sobre las actividades»
Como interventoras de San Bartolomé y Santa Lucía también intervinieron en el procedimiento administrativo e informaron de forma favorable el gasto de 500.000 euros y la formalización del contrato. Además, ha causado «asombro» la rapidez de todo el procedimiento administrativo, pues el contrato con R. S. Sonocom se adjudicó dos días antes del comienzo del congreso, el 14 de noviembre. En una única jornada laboral, primero se reunió durante siete minutos la Mesa de Contratación, presidida por la alcaldesa de San Bartolomé, Conchi Narváez y con presencia de las hermanas Naya, después se firmó el decreto de adjudicación por parte del presidente del Consorcio y alcalde de Santa Lucía, Francisco García, y finalmente se formalizó la rúbrica del contrato con la empresa.
Esa celeridad para organizar un congreso que ni siquiera estuvo avalado por los Colegios Oficiales de los funcionarios con rango de habilitados nacionales es un caso extraño de eficacia administrativa en unas instituciones locales que precisamente se quejan de no disponer de trabajadores para sacar adelante los expedientes.
Este periódico intentó ayer contactar hasta en cinco ocasiones con la interventora de San Bartolomé de Tirajana, Tania Naya, a través de llamadas telefónicas y de aplicaciones de mensajería, pero no obtuvo respuesta.
Explicaciones en cuatro ayuntamientos
Los grupos del Partido Popular (PP) en San Bartolomé, Santa Lucía, Ingenio y Valsequillo han reclamado explicaciones a los respectivos gobiernos municipales por las fiestas celebradas durante el congreso de funcionarios. En concreto, solicitan «una copia del acta de la reunión del Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre donde se aprobó dar el visto bueno a tal congreso». En segundo lugar, reclaman «el informe jurídico donde se avale que entre las competencias del referido Consorcio está la de organizar y promover congresos sobre la administración pública». Además, el PP requiere al alcalde de Santa Lucía, Francisco García, como presidente del Consorcio, que «explique cómo justifica el cumplimiento de los objetivos del congreso con las fiestas que hemos visto en los medios de comunicación». Por último, se reclama a la Alcaldesa de San Bartolomé, Conchi Narváez, que «dé cuenta de la participación del Ayuntamiento» en este congreso, desde la Mesa de Contratación hasta la cuantía económica que aportó y las actividades paralelas programadas». Los populares señalan que les llama la atención «sobremanera» la Cena de Gala en los exteriores del Faro de Maspalomas, el cóctel de despedida en el Paseo Mirador de Las Dunas y la actuación de Dani Martín.
La Provincia-Dlp | R. T. G./J. M. N.
