Mes: febrero 2019

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado al Cabildo de Gran Canaria todo el expediente administrativo que validó la compra de tres fincas de Amurga y su entorno, integradas en la Bolsa insular de fincas rústicas en zona preferente, certificado en un Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2018. La institución insular tiene 20 días para remitir la documentación de esas tierras, entre cuyos dueños está la familia del presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez.

La demanda fue presentada el 21 de enero por el consejero en la oposición en el Cabildo Daniel Reyes (Unidos por Gran Canaria), en un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo que dio vía libre a la adquisición por 4,06 millones de euros de 466,501 hectáreas. Entre los 22 copropietarios se encuentran la mujer de Román Rodríguez y cinco cuñados, que poseen en conjunto la mitad de todas esas tierras. Cada uno de sus familiares percibirá 339.053,33 euros, por el 8,3% de la titularidad.

El juzgado admite a trámite la demanda, y reclama a través de una diligencia notificada el 29 de enero a la Administración insular «el correspondiente expediente administrativo». Y expone que debe remitirlo en el plazo de 20 días, aunque Reyes espera «que no agote ese plazo y lo envíe cuanto antes».

El recurso contencioso administrativo busca obtener el conjunto de informes y trámites ligados a las tres fincas situadas en el corredor Tirajana-Amurga, que permitirá estudiar su legalidad. Y debe ir visado por la jefatura y foliado por la Secretaría, según el denunciante, que apunta que de esta forma se clarifica el orden cronológico de los hechos desde que se inició el expediente, que según informó el consejero de Patrimonio, Pedro Justo, se inició el 7 de julio de 2017, tras una petición de los técnicos de la consejería de Medio Ambiente para emprender acciones de reforestación y paisajísticas en esta zona, situada entre Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana. Sin embargo, también hay referencias previas.

«El contencioso va aparte de lo que pase desde el punto administrativo o político», afirma el consejero de la oposición, que actúa como demandante.

La compra de las fincas de los familiares del líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, se aprobó el 28 de diciembre de 2018, tras un Consejo de Gobierno extraordinario y urgente que apenas duró diez minutos, en el que se aprobaron seis asuntos. Entre ellos, un contrato de 6,1 millones para los servicios de control de la vegetación en los márgenes de las carreteras, el patrocinio del belén de arena de la playa de Las Canteras en la capital grancanaria por 50.000 euros en dos años, un contrato de patrocinio con el Club Baloncesto Gran Canaria por 600.000 euros, y la formalización del arrendamiento de un local en el Edificio Iberia, además de otros trámites. Junto a esto, se incorporó la adquisición de las tres fincas localizadas en el macizo de Amurga.

El valor de la tasación alcanza los 4,06 millones, por unas tierras que suman 466,501 hectáreas (4.665.010 metros cuadrados). El acuerdo fue adoptado por unanimidad por el presidente insular, Antonio Morales, y sus compañeros del grupo de gobierno Ángel Víctor Torres, María Nebot, Pedro Justo, Carmelo Ramírez, María Isabel Santana, Gilberto Díaz y Miguel Ángel Rodríguez. A la sesión no asistieron Inés Jiménez y Carlos Ruiz.

La aprobación del Consejo de Gobierno faculta al consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, a suscribir la escritura de compraventa de estas propiedades.

De momento, mañana lunes se celebrará el Pleno extraordinario solicitado el viernes de la pasada semana por los grupos de la oposición, que tiene como asunto monográfico debatir este expediente. El único punto del orden del día plantea «instar al Consejo de Gobierno Insular a que suspenda la formalización y ejecución de la compra de terrenos acordada en Consejo de Gobierno extraordinario y urgente de 28 de diciembre de 2018».

La petición se fraguó durante el Pleno ordinario de enero celebrado el viernes de la semana pasada, al entender los distintos grupos que existían preguntas por responder. Y, sobre todo, después de que algunos consejeros no hubieran tenido acceso al expediente, y otros no lo habían podido estudiar en profundidad.

La sesión prevista en la Casa Palacio Insular deberá despejar también la actual situación en la que se encuentran los dos socios políticos del gobierno, esto es, Nueva Canarias y PSOE, después de que el candidato de los socialistas al Cabildo, Luis Ibarra, pidiera en LA PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS el cese del consejero Pedro Justo Brito, situándolo en el centro de la diana por no informar de los vínculos políticos en este expediente a los miembros de su formación. También acusó a Nueva Canarias de desleal.

El partido nacionalista respondió en boca de su secretario de Organización y consejero en esta institución, Carmelo Ramírez, llevando su mismo calificativo de «deslealtad». Y, a su vez, amenazó con la posibilidad de que sus manifestaciones estén poniendo en peligro el denominado pacto de progreso, que podría volver a fraguarse tras las próximas elecciones entre ambos, aunque también han chocado con Podemos por mantener a dos tránsfugas (María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez) para mantener el gobierno en este mandato.

La Provincia-Dlp

El candidato a la alcaldía de Telde por el partido socialista, Alejandro Ramos Guerra, denuncia en las redes sociales el estado lamentable del registro general en el Ayuntamiento donde trabajan cuatro funcionarios que literalmente se cae a cacho.

Un escaparate poco edificante para quiénes acuden a las Casas Consistoriales al encontrarse la oficina del registro en la misma entrada principal, con más parecido a las oficinas del poder popular de La Habana vieja que a la de una «gran ciudad», la tercera más importante de Canarias.

Este viernes el ex alcalde de Telde y candidato a la alcaldía por el Grupo Centrista Canario, Francisco Valido, ha dado sus primeros pasos para poner en marcha de nuevo el Grupo Centrista Canario y formar un gran equipo que le acompañe de cara a las próximas elecciones, a la alcaldía de la ciudad de Telde. En breve Paco Valido presentará a los medios de comunicación las líneas Generales y las soluciones que darán un cambio a la ciudad de Telde.

Las familias de los alumnos del colegio público Pedro Lezcano, en la urbanización Eucaliptos I del Valle de Jinámar presentaron ayer en registro general del Ayuntamiento de Telde un escrito donde reiteran las deficiencias del centro y que firman 400 progenitores.

En el documento, remitido a la alcaldesa de Telde como presidenta de la corporación municipal, se expone que «hay una desidia en la atención del mantenimiento del Pedro Lezcano, el colegio de nuestros hijos, hasta el punto de llegar a lo impresentable». Denuncian, entre otras deficiencias, la lamas que se caen, las escaleras sin barandilla, patios con muros agrietados, el gimnasio con un techo sin impermeabilizar queprovoca la caída de planchas del techo, clases sin pintar, techos del colegio también sin impermeabilizar y la carencia de un portero mantenedor.

Por todo ello, los firmantes del escrito y ante «el mutismo absoluto que ha supuesto nuestra reivindicación y ante la dejadez del Ayuntamiento, adjuntamos nuestras firmas, un total de 402, para pedir una respuesta efectiva».

La Provincia-Dlp

La circulación de vehículos por la calle principal de Las Remudas y la carretera de acceso a la Escuela Oficial de Idioma (EOI), cerca de La Garita, «es una misión imposible para los conductores por el pésimo estado de estas vías’, denuncia el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Esta formación política, que se hace eco de las quejas vecinales y de los usuarios del centro de idiomas, tacha de «digno del rally París-Dakar» las maniobras que deben realizar los conductores para sortear los baches y socavones por la falta de asfaltado en la calzada, «sin olvidar la circunvalación de Las Remudas, que también presentan una situación lamentable de conservación».

Desde el PSOE no se entiende que «el grupo de gobierno culpe siempre a los que denuncian estos problemas, en vez de esforzarse en solucionarlos y dejar de argumentar que se está pendiente de esto o aquel informe o intervención de la concejalías».

Asimismo, los socialistas teldenses creen grave que pese a las quejas expresadas desde hace meses «no se haga nada para mejorar el acceso a la Escuela de Idiomas por su mal estado y peligrosidad, algo que no solo afecta a la vía, sino que influye en temas como la educación porque la gente desiste de acudir a clase».

La Provincia-Dlp

El prestigioso abogado teldense, Daniel Reyes, también consejero en el Cabildo de Gran Canaria por CIUCA,  presentó el 21 de enero un contencioso administrativo ante la Ciudad de la Justicia de Las Palmas para solicitar la anulación del convenio que permite al Cabido ser el propietario de 4 millones de metros cuadrados en una ladera del barranco de Amurga, en el sureste de Gran Canaria.

¿Por qué presenta la demanda?

La demanda se interpone a raíz de las publicaciones de medios como LA PROVINCIA que alertan de esa adquisición. Acudo al acta del 28 de diciembre para ver los acuerdos. Y vi que fue por urgencia, 10 minutos antes de un Pleno, con una convocatoria extraordinaria y en diciembre. Vimos que la compra de las fincas pueden ser nulas de pleno derecho. Creo que existen irregularidades para anular el acuerdo. Por eso puse la demanda.

¿Qué irregularidades?

En primer lugar, el deber que tienen tres consejeros del Consejo de Gobierno de abstenerse. Antonio Morales, Carmelo Ramírez y Pedro Justo debieron abstenerse por su vinculación con Román Rodríguez. Estamos hablando del presidente de su partido. Y a Carmelo Ramírez le une una relación con los cuñados de Román y su mujer. Me pareció alarmante lo que dijo Pedro Justo y Antonio Morales en el Pleno de que ellos no miraban el nombre de los titulares de las fincas a quien compran. Pero es un deber, para que no entren en un conflicto de intereses. Y, en segundo lugar, es motivo de nulidad porque se frustran las expectativas del resto de licitantes. La persona que ofertó 0,50 euros el metro cuadrado y fue expulsado puede estar dándose cabezazos a la pared preguntándose por qué lo expulsan de un procedimiento y luego se termina pagando 0,87 euros. Y que el precio del terreno fuera superior al que ofertó en un primer momento el propietario. Existen demasiados visos como para anular el acuerdo. Y el hecho de que se registraran las propiedades en 2015, tres meses después de que fuera proclamado Antonio Morales presidente del Cabildo, podría dar a entender que existió un entramado para adquirir esas fincas, revistiendo una compraventa directa en un concurso público. Lo único que intento anular es el acuerdo del Consejo de Gobierno de 2018, el de la adquisición de las fincas.

¿Debe pararse el expediente?

Si fueran prudentes, lo primero que harían sería dejar sin efecto los acuerdos del 28 de diciembre. Volver a entablar un debate político, revisar el expediente y que se pongan todas las partes de acuerdo, porque hay que arrojar mucha luz sobre a un acuerdo de este calibre. Este acto administrativo requiere de mucha mayor transparencia. Por eso deberían dejarlo sin efecto. Mucho me temo que, conociendo a quien gobierna este Cabildo, la soberbia le puede, y va a sacarlo adelante con todas las consecuencias.

¿Por qué judicializar un asunto político?

Porque creo que es nulo de pleno derecho, con independencia de lo que se encuentre en el expediente administrativo.

El grupo de gobierno asegura que desconocía quiénes eran los propietarios. ¿Qué opina?

La causa de deber de abstención es obligatoria. Que se deje sin efecto, y se empiece un procedimiento nuevo, pero que no sea restringido, como han vestido al muñeco con este procedimiento. Porque, evidentemente, han hecho un traje a medida. ¿Cómo es posible que en una carta un particular pida que se revaloricen los criterios y que el Cabildo acoja esos escritos de uno de los licitadores y lo convierta en una cláusula administrativa? No obedecemos al interés general, sino al particular de uno de los licitadores. Es un indicio más de que huele y suena mal.

El grupo de gobierno defiende que le ha dado a la oposición facilidades para ver el expediente, pero los grupos de la oposición dicen lo contrario. ¿Por qué?

Es verdad que si quisieran transparencia hubieran puesto el pleno extraordinario más adelante -se celebrará el lunes-. Lo que le interesa al Gobierno es que se deje de hablar de este tema, tramitarlo cuanto antes y que se celebre el pleno extraordinario. Y a dejar de hablar del tema. No hay intención de esclarecer este tema, si no oscurecerlo. El hecho de que se celebre el pleno y los grupos tengamos dificultades para tener una copia del expediente me parece grave. Te deja en una situación de indefensión. Y por eso también puse la demanda.

¿Este expediente se ha tratado de ocultar de una forma particular, o es una práctica habitual por el grupo de gobierno poner reparos a acceder a documentos oficiales?

Puedo demostrar que he solicitado acceso a cinco o seis expedientes y todavía no tengo respuesta después de más de un año. Dicen que insista, pero ese no es nuestro trabajo. El inventario de bienes del Patrimonio fue hace un año. Incluso, una vez pedí un expediente jurídico y se me dijo que yo no tenía acceso porque no era parte. Tuve que solicitar amparo de la Secretaría, que sí intervino. Y después sí se me dio. Y hasta ahora no he puesto ningún contencioso por vulneración de derechos fundamentales porque no se me da la documentación, pero hasta aquí. Cada vez que se me deniegue un expediente iré al juzgado. Porque siempre apelo a la buena fe, pero no es serio. Y no se ruborizan cuando dicen que son transparentes, porque debe ser que vivimos en un mundo paralelo.

¿Le sorprendió que el presidente instara en el último Pleno a los consejeros de la oposición a ir al juzgado si tenían dudas en este expediente? Y, encima, ya usted había acudido.

Ya lo había presentado el día 21 de enero, aunque no se hubiese hecho público. Sorprendió, incluso, a mi mismo grupo, porque no había dicho nada. Pero no tenía que darle publicidad. Creo que el acuerdo es nulo, y lo intento anular por la vía jurisdiccional. Que se publicara solo es darle un poco más de voz. Pero es evidente que es ridículo por parte del presidente. De todas formas, es parte de su estilo, medio bravucón y soberbio, que redunda en decir que vayan al juzgado y denuncien. Sí, sí. Pero yo no necesito el permiso del presidente para irme al juzgado. Pero Nueva Canarias cuando considera que algo es nulo acude siempre rápido al juzgado. En San Bartolomé impugnaron los Planes de Modernización por la vía contenciosa. En Mogán impugnan ante la Fiscalía Anticorrupción todo lo que consideran. Soy abogado además de Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, y tengo que defenderla de auténticas chorradas que presenta una concejala de allí, que ha ido en tres o cuatro ocasiones a Anticorrupción. Sin mucho éxito, la verdad. No se le rasgan las vestiduras. Que no pretendan ahora que no judicialice esto por lo contencioso, o por lo penal, pero esto puede acabar ahí.

Usted es hijo del político de Telde Guillermo Reyes. ¿Qué le ha aconsejado en este caso?

Te aseguro que si mi padre hubiera estado aquí ya hubiera acudido al juzgado en siete u ocho ocasiones. Dicen que mi padre dispara rápido, pero siempre ha opinado que el político que tiene miedo a que sus actos sean supervisados por un juez no es de fiar. Yo he intentado poner más calma y más debate político, pero viendo la actitud y el comportamiento ante esta compra que se produce al final de la legislatura no nos dejan más que ir a la vía judicial. Lo consulté con Onalia Bueno, mi padre y las bases de Ciuca, y seguiremos adelante.

La Provincia-Dlp