El prestigioso abogado teldense, Daniel Reyes, también consejero en el Cabildo de Gran Canaria por CIUCA, presentó el 21 de enero un contencioso administrativo ante la Ciudad de la Justicia de Las Palmas para solicitar la anulación del convenio que permite al Cabido ser el propietario de 4 millones de metros cuadrados en una ladera del barranco de Amurga, en el sureste de Gran Canaria.
¿Por qué presenta la demanda?
La demanda se interpone a raíz de las publicaciones de medios como LA PROVINCIA que alertan de esa adquisición. Acudo al acta del 28 de diciembre para ver los acuerdos. Y vi que fue por urgencia, 10 minutos antes de un Pleno, con una convocatoria extraordinaria y en diciembre. Vimos que la compra de las fincas pueden ser nulas de pleno derecho. Creo que existen irregularidades para anular el acuerdo. Por eso puse la demanda.
¿Qué irregularidades?
En primer lugar, el deber que tienen tres consejeros del Consejo de Gobierno de abstenerse. Antonio Morales, Carmelo Ramírez y Pedro Justo debieron abstenerse por su vinculación con Román Rodríguez. Estamos hablando del presidente de su partido. Y a Carmelo Ramírez le une una relación con los cuñados de Román y su mujer. Me pareció alarmante lo que dijo Pedro Justo y Antonio Morales en el Pleno de que ellos no miraban el nombre de los titulares de las fincas a quien compran. Pero es un deber, para que no entren en un conflicto de intereses. Y, en segundo lugar, es motivo de nulidad porque se frustran las expectativas del resto de licitantes. La persona que ofertó 0,50 euros el metro cuadrado y fue expulsado puede estar dándose cabezazos a la pared preguntándose por qué lo expulsan de un procedimiento y luego se termina pagando 0,87 euros. Y que el precio del terreno fuera superior al que ofertó en un primer momento el propietario. Existen demasiados visos como para anular el acuerdo. Y el hecho de que se registraran las propiedades en 2015, tres meses después de que fuera proclamado Antonio Morales presidente del Cabildo, podría dar a entender que existió un entramado para adquirir esas fincas, revistiendo una compraventa directa en un concurso público. Lo único que intento anular es el acuerdo del Consejo de Gobierno de 2018, el de la adquisición de las fincas.
¿Debe pararse el expediente?
Si fueran prudentes, lo primero que harían sería dejar sin efecto los acuerdos del 28 de diciembre. Volver a entablar un debate político, revisar el expediente y que se pongan todas las partes de acuerdo, porque hay que arrojar mucha luz sobre a un acuerdo de este calibre. Este acto administrativo requiere de mucha mayor transparencia. Por eso deberían dejarlo sin efecto. Mucho me temo que, conociendo a quien gobierna este Cabildo, la soberbia le puede, y va a sacarlo adelante con todas las consecuencias.
¿Por qué judicializar un asunto político?
Porque creo que es nulo de pleno derecho, con independencia de lo que se encuentre en el expediente administrativo.
El grupo de gobierno asegura que desconocía quiénes eran los propietarios. ¿Qué opina?
La causa de deber de abstención es obligatoria. Que se deje sin efecto, y se empiece un procedimiento nuevo, pero que no sea restringido, como han vestido al muñeco con este procedimiento. Porque, evidentemente, han hecho un traje a medida. ¿Cómo es posible que en una carta un particular pida que se revaloricen los criterios y que el Cabildo acoja esos escritos de uno de los licitadores y lo convierta en una cláusula administrativa? No obedecemos al interés general, sino al particular de uno de los licitadores. Es un indicio más de que huele y suena mal.
El grupo de gobierno defiende que le ha dado a la oposición facilidades para ver el expediente, pero los grupos de la oposición dicen lo contrario. ¿Por qué?
Es verdad que si quisieran transparencia hubieran puesto el pleno extraordinario más adelante -se celebrará el lunes-. Lo que le interesa al Gobierno es que se deje de hablar de este tema, tramitarlo cuanto antes y que se celebre el pleno extraordinario. Y a dejar de hablar del tema. No hay intención de esclarecer este tema, si no oscurecerlo. El hecho de que se celebre el pleno y los grupos tengamos dificultades para tener una copia del expediente me parece grave. Te deja en una situación de indefensión. Y por eso también puse la demanda.
¿Este expediente se ha tratado de ocultar de una forma particular, o es una práctica habitual por el grupo de gobierno poner reparos a acceder a documentos oficiales?
Puedo demostrar que he solicitado acceso a cinco o seis expedientes y todavía no tengo respuesta después de más de un año. Dicen que insista, pero ese no es nuestro trabajo. El inventario de bienes del Patrimonio fue hace un año. Incluso, una vez pedí un expediente jurídico y se me dijo que yo no tenía acceso porque no era parte. Tuve que solicitar amparo de la Secretaría, que sí intervino. Y después sí se me dio. Y hasta ahora no he puesto ningún contencioso por vulneración de derechos fundamentales porque no se me da la documentación, pero hasta aquí. Cada vez que se me deniegue un expediente iré al juzgado. Porque siempre apelo a la buena fe, pero no es serio. Y no se ruborizan cuando dicen que son transparentes, porque debe ser que vivimos en un mundo paralelo.
¿Le sorprendió que el presidente instara en el último Pleno a los consejeros de la oposición a ir al juzgado si tenían dudas en este expediente? Y, encima, ya usted había acudido.
Ya lo había presentado el día 21 de enero, aunque no se hubiese hecho público. Sorprendió, incluso, a mi mismo grupo, porque no había dicho nada. Pero no tenía que darle publicidad. Creo que el acuerdo es nulo, y lo intento anular por la vía jurisdiccional. Que se publicara solo es darle un poco más de voz. Pero es evidente que es ridículo por parte del presidente. De todas formas, es parte de su estilo, medio bravucón y soberbio, que redunda en decir que vayan al juzgado y denuncien. Sí, sí. Pero yo no necesito el permiso del presidente para irme al juzgado. Pero Nueva Canarias cuando considera que algo es nulo acude siempre rápido al juzgado. En San Bartolomé impugnaron los Planes de Modernización por la vía contenciosa. En Mogán impugnan ante la Fiscalía Anticorrupción todo lo que consideran. Soy abogado además de Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán, y tengo que defenderla de auténticas chorradas que presenta una concejala de allí, que ha ido en tres o cuatro ocasiones a Anticorrupción. Sin mucho éxito, la verdad. No se le rasgan las vestiduras. Que no pretendan ahora que no judicialice esto por lo contencioso, o por lo penal, pero esto puede acabar ahí.
Usted es hijo del político de Telde Guillermo Reyes. ¿Qué le ha aconsejado en este caso?
Te aseguro que si mi padre hubiera estado aquí ya hubiera acudido al juzgado en siete u ocho ocasiones. Dicen que mi padre dispara rápido, pero siempre ha opinado que el político que tiene miedo a que sus actos sean supervisados por un juez no es de fiar. Yo he intentado poner más calma y más debate político, pero viendo la actitud y el comportamiento ante esta compra que se produce al final de la legislatura no nos dejan más que ir a la vía judicial. Lo consulté con Onalia Bueno, mi padre y las bases de Ciuca, y seguiremos adelante.
La Provincia-Dlp
