El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado al Cabildo de Gran Canaria todo el expediente administrativo que validó la compra de tres fincas de Amurga y su entorno, integradas en la Bolsa insular de fincas rústicas en zona preferente, certificado en un Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2018. La institución insular tiene 20 días para remitir la documentación de esas tierras, entre cuyos dueños está la familia del presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez.
La demanda fue presentada el 21 de enero por el consejero en la oposición en el Cabildo Daniel Reyes (Unidos por Gran Canaria), en un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo que dio vía libre a la adquisición por 4,06 millones de euros de 466,501 hectáreas. Entre los 22 copropietarios se encuentran la mujer de Román Rodríguez y cinco cuñados, que poseen en conjunto la mitad de todas esas tierras. Cada uno de sus familiares percibirá 339.053,33 euros, por el 8,3% de la titularidad.
El juzgado admite a trámite la demanda, y reclama a través de una diligencia notificada el 29 de enero a la Administración insular «el correspondiente expediente administrativo». Y expone que debe remitirlo en el plazo de 20 días, aunque Reyes espera «que no agote ese plazo y lo envíe cuanto antes».
El recurso contencioso administrativo busca obtener el conjunto de informes y trámites ligados a las tres fincas situadas en el corredor Tirajana-Amurga, que permitirá estudiar su legalidad. Y debe ir visado por la jefatura y foliado por la Secretaría, según el denunciante, que apunta que de esta forma se clarifica el orden cronológico de los hechos desde que se inició el expediente, que según informó el consejero de Patrimonio, Pedro Justo, se inició el 7 de julio de 2017, tras una petición de los técnicos de la consejería de Medio Ambiente para emprender acciones de reforestación y paisajísticas en esta zona, situada entre Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana. Sin embargo, también hay referencias previas.
«El contencioso va aparte de lo que pase desde el punto administrativo o político», afirma el consejero de la oposición, que actúa como demandante.
La compra de las fincas de los familiares del líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, se aprobó el 28 de diciembre de 2018, tras un Consejo de Gobierno extraordinario y urgente que apenas duró diez minutos, en el que se aprobaron seis asuntos. Entre ellos, un contrato de 6,1 millones para los servicios de control de la vegetación en los márgenes de las carreteras, el patrocinio del belén de arena de la playa de Las Canteras en la capital grancanaria por 50.000 euros en dos años, un contrato de patrocinio con el Club Baloncesto Gran Canaria por 600.000 euros, y la formalización del arrendamiento de un local en el Edificio Iberia, además de otros trámites. Junto a esto, se incorporó la adquisición de las tres fincas localizadas en el macizo de Amurga.
El valor de la tasación alcanza los 4,06 millones, por unas tierras que suman 466,501 hectáreas (4.665.010 metros cuadrados). El acuerdo fue adoptado por unanimidad por el presidente insular, Antonio Morales, y sus compañeros del grupo de gobierno Ángel Víctor Torres, María Nebot, Pedro Justo, Carmelo Ramírez, María Isabel Santana, Gilberto Díaz y Miguel Ángel Rodríguez. A la sesión no asistieron Inés Jiménez y Carlos Ruiz.
La aprobación del Consejo de Gobierno faculta al consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo, a suscribir la escritura de compraventa de estas propiedades.
De momento, mañana lunes se celebrará el Pleno extraordinario solicitado el viernes de la pasada semana por los grupos de la oposición, que tiene como asunto monográfico debatir este expediente. El único punto del orden del día plantea «instar al Consejo de Gobierno Insular a que suspenda la formalización y ejecución de la compra de terrenos acordada en Consejo de Gobierno extraordinario y urgente de 28 de diciembre de 2018».
La petición se fraguó durante el Pleno ordinario de enero celebrado el viernes de la semana pasada, al entender los distintos grupos que existían preguntas por responder. Y, sobre todo, después de que algunos consejeros no hubieran tenido acceso al expediente, y otros no lo habían podido estudiar en profundidad.
La sesión prevista en la Casa Palacio Insular deberá despejar también la actual situación en la que se encuentran los dos socios políticos del gobierno, esto es, Nueva Canarias y PSOE, después de que el candidato de los socialistas al Cabildo, Luis Ibarra, pidiera en LA PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS el cese del consejero Pedro Justo Brito, situándolo en el centro de la diana por no informar de los vínculos políticos en este expediente a los miembros de su formación. También acusó a Nueva Canarias de desleal.
El partido nacionalista respondió en boca de su secretario de Organización y consejero en esta institución, Carmelo Ramírez, llevando su mismo calificativo de «deslealtad». Y, a su vez, amenazó con la posibilidad de que sus manifestaciones estén poniendo en peligro el denominado pacto de progreso, que podría volver a fraguarse tras las próximas elecciones entre ambos, aunque también han chocado con Podemos por mantener a dos tránsfugas (María Nebot y Miguel Ángel Rodríguez) para mantener el gobierno en este mandato.
La Provincia-Dlp
