La necesidad de ejercer soberanía y autogobierno es algo que viene de lejos, podría decirse que arranca desde el momento de la conquista y nunca se ha detenido. Las exigencias que impone la lejanía, la escasez del ajuar doméstico y los equipamientos comunitarios, las crisis económicas y sanitarias, la soledad ante las acometidas de extraños, la despreocupación de la metrópoli por las necesidades sociales del Archipiélago, el sentimiento de orfandad de las familias isleñas… hicieron que nuestros antepasados reclamasen más y más soberanía para organizar sus vidas y negocios, dejando a un lado los intereses geoestratégicos que pudiera tener la corona española en estas Islas.
En el orden económico se fueron dando pasos a lo largo de los siglos, pero en lo que respecta al poder político, la mordaza impuesta por las oligarquías de aquí y los gobernantes de allí, guardaron la capacidad de afrontar las grandes decisiones en un arca de siete llaves. En tiempos de la Primera República —1873 – 1874— hubo tímidos intentos autonomistas, abortados rápidamente por el golpe de estado del general Pavía y el pronunciamiento militar de Martínez Campos. En la Segunda República —1931 – 1939—, al amparo de la Constitución de 1931, se avanzó en la elaboración de un estatuto de autonomía para Canarias e incluso se presentaron varios textos, desechados por la sublevación militar, la guerra incivil y la posterior dictadura del general Franco.
Finalmente, el diez de agosto de 1982 se publica el primer Estatuto de Autonomía de Canarias como Ley Orgánica, y el 30 de mayo de 1983 se celebra la 1ª Sesión del Parlamento de Canarias. Este es el acontecimiento que celebramos cada año en Canarias, a pesar de que no fue sometido a refrendo de la ciudadanía canaria.
Otra visión histórica apela a un anclaje o conexión con la Carta Calatayud del 30 de mayo de 1481, que pretendía certificar la incorporación de la actual isla de Gran Canaria a la corona de Castilla, hecho que no fue tal, ya que la resistencia en la isla duró hasta bien entrada esa década. Y en todo caso, La Palma y Tenerife permanecieron una década más sin ser conquistadas por la corona castellana.
Retomando el primer Estatuto de Autonomía de Canarias. Aquel texto que fue modificado en el año 1996, y más recientemente, en 2018, constituye un instrumento de autogobierno importante, en ambos casos también sin refrendo de la ciudadanía canaria. Claramente insuficiente y otorgado para muchos, pero que permite tomar las riendas de amplios espacios de autogobierno y establecer una posición privilegiada a la hora de exigir presencia y participación en otros que afecten a nuestros intereses. No obstante, entendemos que es legítimo el rechazo del actual marco estatutario o la defensa de otro más amplio y rupturista del statu quo de Canarias con el Estado, con refrendo popular y sin censura sobre cualquier ejercicio de soberanía que el pueblo escoja.
Son días propicios para discursos inflamados de canariedad, aun así queremos poner de relieve el pobre resultado que los distintos gobiernos pueden ofrecer de la implementación de un Estatuto de Autonomía que establece desde su artículo primero que: “La Comunidad Autónoma de Canarias, a través de sus instituciones democráticas, asume como tarea suprema la defensa de los intereses canarios, y de su identidad cultural y de su patrimonio natural y biodiversidad; la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo canario; el desarrollo sostenible y equilibrado de las islas y su contribución a la cooperación y a la paz entre los pueblos…”. Unas competencias que dan idea del margen que esta ley de leyes otorga a nuestros representantes.
La perspectiva que dan más de cuatro décadas de autonomía bajo el marco constitucional del 78 nos permite preguntarnos: ¿Han afrontado esta tarea, con rigor, las distintas administraciones de Canarias?, ¿Ha estado en la agenda de los gobernantes “la defensa suprema” de los intereses de los canarios y canarias a lo largo de este tiempo?, ¿Han tenido presente la solidaridad entre todas las Islas, entre todas las personas y especialmente con los colectivos más desfavorecidos?, ¿Por qué no se estudió una ley de residencia que pusiera coto a la sobrecarga poblacional, y tratase diferenciadamente a los “ciudadanos canarios” en las condiciones que establece el Estatuto de Autonomía?, ¿Cuál es la razón de tanta resistencia a regular una ecotasa al turismo?, ¿Cuál es el motivo de que nuestras aguas y recursos se encuentren en desamparo legal? Son sólo algunos interrogantes que nos hacen pensar que esta “clase política”, que se perpetúa en el poder elección tras elección, no ha hecho las tareas que les permitía abordar el propio marco autonomista en vigor.
Es evidente que aún queda mucho por hacer desde aquella sesión constituyente del 30 de mayo de 1983, que presidió el escritor y político Pedro Guerra Cabrera. No es retórica personal, más de dos generaciones de canarias y canarios contemplan una gestión estatutaria claramente mejorable. Los indicadores económicos, los déficits en servicios sociales, la situación de la vivienda, las incertidumbres de nuestros jóvenes, las severas advertencias medioambientales, el abuso que se ha hecho de los territorios insulares, del mantenimiento de un modelo económico que esquilma los recursos y deriva los beneficios a unos pocos… En fin, que una mera estadística comparada con los marcos autonomistas más pujantes del Estado nos indica que algo se está haciendo mal, se ha hecho mal, o no se ha hecho.
Desde esa realidad objetiva, Drago Canarias, quiere insistir en el reproche democrático a las organizaciones y a los políticos responsables de esta situación. Es obvio que la ciudadanía canaria “de la que emanan los poderes” ha empezado a “impacientarse”, y no nos cabe ninguna duda,de que seguirá exigiendo en la calle o donde sea preciso que las instituciones avancen más y más deprisa en sus reivindicaciones. En la participación electoral de tanta gente desencantada también nos jugamos el futuro económico individual y colectivo, la mejora de los servicios públicos, los derechos sociales, las libertades, “el desarrollo equilibrado entre las Islas”, o “la defensa y protección de la naturaleza y el medio ambiente”.
Y está muy bien que se pongan en valor las tradiciones, el folclore, los deportes autóctonos, la gastronomía, la vestimenta típica de cada isla y cada lugar, que se reconozca la trayectoria de algunas personas… Nadie puede discutir que potenciar nuestra identidad es algo que ayuda al progreso social, pero Drago Canarias no admitirá que ese objetivo se convierta en el trampantojo que oculte la mala gestión en las instituciones.
Dicho con claridad, el reconocimiento del 30 de mayo como un hito de mayor cota de autogobierno tras la dictadura franquista está ahí, aunque no baste. Nuestro apoyo entusiasta a la puesta en valor de todas las señas de identidad que se contraponen a los peligros de aculturación que acechan a esta sociedad. Pero, ni ahora ni después, aceptaremos el mero intento de que el espectáculo, la fanfarria o el autobombo se conviertan en una suerte de velo para esconder la incompetencia, la inacción, o connivencia institucional con las problemáticas que venimos denunciando estos años.
Precisamente porque oímos y escuchamos el clamor social, y también las cantinelas de siempre, reclamamos una renovación profunda en las personas y en las formas de hacer política. Ofrecemos nuestro aliento a cualquier manifestación de esa impaciencia social que busque bienestar, participación ciudadana, mayor compromiso con quienes más lo necesitan, con la juventud que representa el futuro de Canarias, con otra política de vivienda, con el respeto al territorio, con un desarrollo sostenible, con la lucha por alcanzar la soberanía real…
Y no, Drago Canarias no está preocupado por su futuro, ni por los resultados en eventuales convocatorias electorales. Estamos seguros de que esos llegarán, y que serán el resultado del abrazo activo y acogedor a todas aquellas personas que “…de acuerdo con las leyes, tengan vecindad en cualquiera de los municipios de Canarias”.
Sin exclusiones, seguiremos en la brega con todas esas gentes comprometidas que trabajan por el progreso de Canarias desde cada isla, desde cada ciudad, desde cada colectivo o asociación de barrio. Esa es nuestra fortaleza.
Y ese es nuestro compromiso.
Héctor Morán, responsable de Organización y Confederalidad de Drago Canarias
