Día: 22 de mayo de 2025

Los canarios acudimos cada cuatro años a las urnas, con la firme convicción de elegir a nuestros representantes públicos; los que se supone que, una vez jurado el cargo, deben velar por el INTERÉS GENERAL. Con este mensaje se presentan a las elecciones, pero una vez alcanzado el codiciado asiento institucional “se olvidan”, con demasiada frecuencia, de lo jurado o prometido.

Cada cierto tiempo nos vemos en la necesidad de PROTESTAR en manifestaciones, medios de comunicación o redes sociales para denunciar la dejación de funciones en lo referido a la protección del citado interés general. Sin embargo, una tras otra favorecen genuflexos y solícitos las inversiones del gran capital, dando la espalda a la normativa medioambiental y a la salud de los ciudadanos.

Los ejemplos se cuentan por cientos en la última década, pero me centraré telegráficamente en los más recientes, como son la Central Hidroeléctrica de Bombeo Reversible Chira-Soria, actualmente en construcción, que está destrozando el corazón del Barranco de Arguineguín (Zona de Especial Protección); la Linea aérea de alta tensión Agaete-Gáldar-Guía, que pretenden trazar por las medianías del Noroeste grancanario para la evacuación de los parques privados de generación fotovoltaica y eólica, en lugar de hacerlo de forma soterrada; y otra de idénticas características, pero aún más larga, de San Bartolomé a Telde, para el mismo fin, respecto a los parques ubicados en el Este y Sur de la isla. Todos los proyectos se hacen con el VºBº de las Instituciones Públicas. Continúa por tanto el destrozo medioambiental, ahora al calor de las renovables.

Ahora le ha tocado el turno a La Atalaya, un barrio de cuatro mil habitantes perteneciente al municipio de Santa María de Guía, en el Noroeste grancanario, en el que el Grupo Félix Santiago Melián, a través de una de sus empresas, ha tenido la “brillante idea” de construir una planta de biogás en las proximidades del citado barrio. La mencionada planta estará ubicada a escasos 800 metros del Colegio Público Juan Arencibia Sosa y otras instalaciones deportivas y de ocio, utilizadas a diario por gran parte de la población, especialmente niños y jóvenes. No se trata pues de una finca agrícola aislada, sino de un proyecto industrial de gran impacto. La proyectada planta de biogás tratará unas 74 toneladas diarias de residuos orgánicos; unas 14.000 toneladas anuales de estiércol, por lo que no es difícil imaginar el trasiego diario de camiones por sus calles, transportando la citada materia prima con su hedor característico.

Al margen de los evidentes peligros por fuga de gases en la propia planta durante todo el proceso de elaboración, a la finalización de la biodigestión y tratamiento volverá el trasiego de camiones con el digestato resultante para su distribución. Por lo que el ir y venir de vehículos pesados con su pestilente carga hará insoportable la vida en La Atalaya.

Hay que insistir en el hecho de que no se trata de un simple biodigestor “doméstico” para generación de compost y electricidad de aprovechamiento en la propia finca. Se trata de una gran planta de industrial de generación de biogás para la producción de energía eléctrica y su vertido a la red. A los peligros por fuga o explosión de este tipo de plantas, se suma el riesgo agravado por la proximidad a la población, siendo precisamente la zona escolar y deportiva la más próxima y expuesta.

Hablamos de una planta de tratamiento de miles de toneladas de estiércol al año, de generación de gases como el sulfuro de hidrógeno y amoniaco, que pueden liberarse incluso en pequeñas fugas. Todo esto sumado al olor característico de los propios camiones durante el transporte de los residuos y del digestato resultante.

Producir biogás es legítimo, pero hacerlo en las proximidades de un núcleo urbano ES UNA TEMERIDAD y una falta de respeto a los vecinos. La Atalaya no puede ser la ZONA DE SACRIFICIO para que otros ganen dinero con una “energía verde” a golpe de subvención europea. La salud y calidad de vida de los vecinos no puede ser moneda de cambio de ningún negocio.

Además, está el riesgo de la exposición a patógenos y bacterias presentes en los residuos. Si el manejo del estiércol o del digestato no se realiza correctamente, pueden contaminarse suelos, generar focos de infección e incluso atraer plagas.

Renovables si, pero no así.

NO A LA PLANTA DE BIOGÁS EN LA ATALAYA.

Paco Vega

Drago Canarias manifiesta su firme rechazo ante la actuación llevada a cabo por la Policía Nacional en las inmediaciones del aeropuerto de Gran Canaria que ocasionó la muerte por disparos de Abdoulie Bah. 

Es obligada la depuración de responsabilidades por parte del Ministerio de Interior y una investigación exhaustiva sobre los hechos acontecidos, con el último fin de que en un Estado Social y Democrático de Derecho la muerte de una persona en circunstancias tan brutales sea sometida a explicaciones contundentes ante familia, allegados y opinión pública. 

En este sentido, Drago Canarias cuestiona el uso de la fuerza aplicada sobre Abdoulie Bah con resultado de muerte. El principio de intervención de las fuerzas de seguridad está tasado sobre la base de intervenciones para las que sus integrantes deben tener la suficiente pericia, preparación, técnica, experiencia y capacidad como para reducir o responder de forma proporcional a la amenaza.

De la secuencia de hechos se puede deducir, y también de acuerdo a opiniones manifestadas por personas presentes, que en la intervención participaron no menos de cinco agentes con armas reglamentarias y que se produjo una sucesión de disparos que resultaron en la muerte de Abdoulie Bah. En algunos casos, parecen apreciarse trayectorias de disparo sin contemplar que había otros transeúntes y personas ubicadas en la parada pública de guaguas situada en el mencionado aeropuerto.

Todo ello, cuestionaría la intervención policial, en el primer y más importante supuesto, por no lograr reducir a una persona sin resultado de muerte entre un número alto de agentes; en el segundo, por ejecutar disparos sobre zonas vitales; y en el tercero, por eventualmente poner en riesgo la vida de otras personas.

Escalada de violencia en Canarias

El incremento de la violencia en Canarias, principalmente debido al aumento de la pobreza y las alarmantes condiciones materiales de vida, viene lamentablemente ofreciendo muchos incidentes violentos entre la ciudadanía, y también entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad. 

Por ello, Drago Canarias cuestiona una intervención inusual con resultado de muerte  que afecta a una persona migrante en condiciones de vulnerabilidad. Preocupa que la deshumanización a la que venimos asistiendo por parte de ciertos sectores racistas de la sociedad, incluidos los poderes políticos y mediáticos, pueda guardar relación con esta muerte por disparos.

Drago Canarias recuerda, en este contexto, el anuncio del cierre por orden judicial de un centro que venía acogiendo a niños migrantes en situación de vulnerabilidad, la Fortaleza I, por presuntos delitos de odio, lesiones y amenazas; gestionado por la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias.

Este espacio político exige a todas las instituciones grancanarias y del resto de Canarias que apliquen en su ámbito competencial políticas de seguridad de acuerdo a la normativa vigente, y también políticas públicas de erradicación del racismo en todas sus formas.

Canarias siempre fue un territorio de acogida y de paz, especialmente para todas aquellas personas que huyen del hambre, la miseria, el expolio, la colonización y la guerra; y las condiciones de precariedad, pobreza y falta de seguridad afectan a todas las personas, especialmente a las más vulnerables, con independencia de su origen. Nuestra solidaridad con ellas y especialmente con la familia de Abdoulie Bah.

Drago Gran Canaria difunde, para todas aquellas personas interesadas, que hoy, jueves 22 de mayo, habrá una concentración a las 19:00 horas en la Plaza de la Feria, 24, frente a la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas.