Y es que la vida misma compagina lo contemporáneo; así como el cine andan ahora con “los 5 lobitos” (por cierto, cuento con más de 100 años de dormir a los infantes en mi familia) ahora se leen los titulares: Cinco detenidos en el Cabildo de Gran Canaria. Pues no me olvido, ni se les olvide, que los 5 lobitos eran de diferentes comportamientos y responsabilidad, como seguramente lo serán “los 5” detenidos” (NO HAN SIDO DECLARADOS CULPABLES) seguro que también tienen su “loba” y su “lobo” … 5 lobitos tiene la loba; dixit. Tanto va el cántaro al Cabildo de GC que sueña que el ruido del agua en las presas opaca llenar las sacas

Suelen ser en sí, los padres biológicos o políticos, los qué de una forma u otra, marcan con sus “acciones, comportamientos, premios y prebendas; el hacer o no hacer, tanto de sus vástagos como de sus pupilos; y si nos aventuramos hasta “discípulos”: a los que luego la vox pópuli tacha de “enchufados”, “pelotillas” e incluso más “cool” (que es frio y asimila como destacado). Y claro, el interés es siempre meter a todos en la misma saca y conseguir desprestigio (mucho menos que prestigios) al que no hace y mucho menos al que hace bien: y suelen ser estos últimos los más. Las sacas de presos que en el franquismo anterior era para fusilarlos, no dista mucho de estas nuevas sacas “de fusilarlos públicamente” … aunque se entremezcla con las valijas.

Tras denuncias aún no clarificadas y la “detención por orden judicial” ante un hecho que tiene “fundados indicios de ser un caso delictivo”, la instrucción ante ello, tiene que apartar de la vida para que no destruyan las pruebas, entre otros menesteres, a los implicados en caso y ordenar registros e investigación tanto en domicilios como en lugares de trabajo u otros a los que la autoridad judicial ordena, con el fin de lograr o no las pruebas necesarias para poder en principio iniciar un procedimiento instruido y con base jurídica, ante y en este caso, funcionarios y otras categorías, que se desempeñan en la institución pública del Cabildo de Gran Canaria. Y es que hablamos nada más y nada menos, de facturaciones hechas por jornadas sobre “el paisaje”; cuando la magna obra destructiva de Chira/Soria sigue adelante, pensando además en trenes, en una isla que no puede permitir más especulación y destrucción. El interventor y su esposa-periodista, el responsable del Plan Insular, dos periodistas más, que alguno se ha hecho vocero y defensor a ultranza del macro Chira/Soria. Aunque es cuanto menos “alarmante”:  no hay culpables, hay diligencias, no hay “nada”- por mucho que otros trabajadores u otros “grupos de presión” traten de hacer ver lo contrario. Hay indicios racionales, repito, ahora es cuestión de comprobar por parte de “la autoridad”, que es en nuestro sistema “jueces o magistrados” en órganos personales o colegiados, quienes en base a derecho la ejercen.  Hechas las averiguaciones o diligencias, son puestos en libertad y sigue la instrucción.

Bien es cierto que, en ocasiones, los ciudadanos llegamos a tener tremendos indicios (en realidad vulgares sospechas) delictivos de un ente público, en el que hemos visto entrar o salir, subir o bajar, … a personas afines o no afines, a los grupos políticos gobernantes. En el gobierno de la actual institución, válganos la fe o la codicia, pero se suponía que eran progresistas, activistas, eco/ben-magec ecológicos, cristianos y católicos, o progres en general: los que se auparon desde hace par de legislaturas a las “riendas” y soñábamos que desaparecerían prácticas cuasi medievales como subir el peldaño en altura, en la sala de plenos, del presidente conservador de la institución, que vino a ser antes el alcalde de la Ciudad, luego Cabildo y llegó hasta ministro, luego desapareció para fomentar “sinergias de energías alternativas por el mundo”; mientras que cuando a la sazón fue ministro de industria, propuso y rubricó leyes que dieron paso a todo lo contrario que hoy dice fomentar. Cosas de la vida verdad, aunque el sol sigue brillando, de pagar por él impuestos vamos escapando.

Sin entrar en más, sería cuasi interminable, el actual empecinamiento del grupo de gobierno del Cabildo que recordemos hoy (no quiero decir para nada que anteriores sean mejores, o en su argot: libres de pecado) está conformado por unas que creo que aún siguen denominándose Podemos, creo… + Psoe y el del “majo y limpio” Nueva Canarias (y a cuyo partido pertenece el actual presidente de la corporación el Sr. Antonio Morales). El antecedente más cercano, repito no el último, ha sido su empecinamiento en seguir adelante con un proyecto descomunal, al que no sólo han puesto todas las trabas del mundo para poder sostener un debate, el ocultarlo a la población, el negarse a valorarlo entre auténticos técnicos en la materia, …es un antecedente, sin olvidarnos de los 4 millones y pico de un presupuesto, englobado en el del proyecto destructivo de Chira/Soria ; para llevar adelante una campaña publicitaria que “convenza que este mal es necesario” y que la triplicación del presupuesto en principio de 450 milloncillos, es un mal necesario que a unos 10 u 12 años serían unos 1.250 milloncillos de más en esta ínsula privilegiada donde todos trabajan, tienen buenos sueldos, y el nivel de vida no sube y el euro siempre está al alta y a más valor. Faltaría más. Pobreza cero, le llaman, bienestar seguro, le dicen. 

Se volvería nuevamente infinito, comentar incendios y más incendios, trato a los incendiados, telescopio en los altos de Tamadaba, carreteras por aquí y por allá, no control de los puntos de vertidos en las costas, mucho menos censos de pozos de agua, vivos o cerrados, actualizaciones de las medievales Hermandades de Aguas… tampoco paneles solares, aguas potables de manantiales, ganadería, agricultura…de pesca no: eso ya despareció.

Ya se que el posible lector verá una maraña de cosas. Pues tiempo ha tenido de ir tomando sus notas, ahora cuando van llegando las horas de los tribunales “que pasará que misterios habrá…” a quien le toca tendrá que drenar. Y a la espera de que todo sea un pasito a clarificar lo que ocurre y que las derechas más ultraliberales (esto es solo un aforismo lo de liberales) pugnen por acusar a estos que “vestidos de comunistas y de progresistas”, no son más que una tonga de vividores y progres “de bases teológicas” que astutamente supieron ir logrando cuotas de poder del que no quieren soltarse, pasando a formas cuasi de mafias o kamorras, que es como suelen empezar, aunque aquí se van colocando con el apellido de Aguañak que es como más nazionalisto. Pero hay otros, que haberlos haylos, en general son los “Hijos del Yelmo de Mambrino” (que engloba a las otras sectas o grupos de poder en la pugna), porque tratan de trincar cualquier sillón desvalido. Esto es el mundo, y yo una persona, todo lo demás llegó después.

…castigo es de mi culpa; mozo soy: dure la vida, que con ella todo se alcanza.

En un lugar de las Canarias, a 30 de abril de 2022

(*) Ramón Francisco González Hernández / y que es vicepresidente del CPN de AIREs-La Izquierda

El portavoz de la plataforma contraria a la central energética de Chira-Soria considera en el programa El Espejo Canario que el caso que la justicia investiga en el Cabildo de Gran Canaria no es más que “la punta del iceberg” y entiende que, si se pudiera investigar con más profundidad, se encontrarían más casos.

A su juicio, se debe exigir a Nueva Canarias, PSOE y Unidas Podemos que den explicaciones sobre lo que está pasando “cuando la policía entra al Cabildo a buscar papeles nada menos que al interventor, al jefe de comunicación y a otros cargos públicos”. Afirma que, en un asunto que no es menor, “Antonio Morales vuelve a eludir su responsabilidad”.

Falta de colaboración del Cabildo

Afirma que si se ha producido este registro en la sede del Cabildo es porque el juez encargado del caso lleva pidiendo papeles a la corporación y esta “vacila” en entregarlos, por lo que al juez “no le ha quedado más remedio que mandar a la policía a buscar los papeles”. 

Señala, además, que Antonio Morales ha actuado de forma desafiante al poner en manos del periodista Michel Jorge Millares, investigado en la causa, al frente de una “campaña de propaganda escandalosa” con una importante cantidad de dinero. Afirma que esto es normal en Nueva Canarias, un partido “peronista”, con un aparato “semi fascista” y con una importante “red clientelar” a la que, a su juicio, pertenece la red ecologista Ben Magec.

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El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria decretó el secreto de sumario en la presunta trama de corrupción en el Cabildo de Gran Canaria por la falta de colaboración de los posibles afectados en las investigaciones, que han derivado en la operación de la Policía Nacional en la que han sido detenidos el interventor general de la institución, José Juan Sánchez Arencibia, y otras cuatro personas, todas ya en libertad y en espera de ser citadas por el juez. 

En un auto del 26 de noviembre de 2021, al que ha tenido acceso este periódico, el juez Alberto Puebla acuerda el secreto de las actuaciones y, entre otras razones,  señala que «el Ministerio Fiscal y la Unidad Investigadora de la Policía han puesto de manifiesto que a medida que se progresa en la investigación y ésta se ha difundido, se han producido ciertas reacciones, posiblemente de quienes piensan que pueden estar afectados, dificultándose la obtención de información y documentación, ocultándose documentos e, incluso, algunas personas parecen reticentes a colaborar con la policía o han cambiado sus versiones, o han olvidado algunas circunstancias que hasta entonces recordaban, todo lo cual evidencia la necesidad de declarar el secreto de la investigación, acogiéndose la petición del Ministerio Fiscal y de la policía». 

Tras recordar que en ese Juzgado se siguen las actuaciones «por una trama de corrupción en la que se han podido cometer varios delitos, calificados provisoriamente y a la espera de la terminación de la investigación, como constitutivos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias», el auto explica que la investigación se viene realizando desde hace tiempo y de ella fue informado en su momento el denunciado, Sánchez Arencibia, y ha tenido difusión a través de los medios de comunicación. 

Entre los razonamientos jurídicos para acordar el secreto de las actuaciones, el magistrado sostiene que las especiales circunstancias que concurren en este procedimiento aconsejan que las diligencias de instrucción no sean conocidas por las partes, pues su conocimiento podría perjudicar la investigación en curso. 

Quejas de dificultades por parte de la acusación

Del texto del auto se desprende que también hubo quejas del denunciante, Rafael Ramírez, funcionario del Cabildo y actual jefe de servicio en la Consejería de Política Social. «Hasta hace poco tiempo», continúa el juez, «la investigación venía progresando con la dificultad propia de la complejidad del asunto, pero sin que se advirtiera que alguien estuviera entorpeciéndola. Ciertamente, ya la acusación particular presentó un escrito en el que informaba de las dificultades a las que se estaba enfrentado por la fuga de información de la investigación. El instructor interpretó que se trataba de cuestiones de indudable trascendencia personal para quien encarna la acusación y que, en su caso, la conducta a la que se ve sometido, podría orientarse hacia un delito contra la Administración de Justicia pero ajena a la propia investigación». 

La operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional continuó este jueves con nuevos registros en el despacho del interventor y en la Consejería de Política Territorial, en busca de documentos que no fueron encontrados el día anterior. Sánchez Arencibia pasó la noche del miércoles en dependencias de la Comisaría. 

Fuentes judiciales informaron que el interventor quedaría en libertad en cuanto acabara la diligencia de registro, aunque antes sería conducido de nuevo a la comisaría para firmar. Ninguno de los detenidos pasará a disposición judicial de forma inminente y en su momento se les citará. Las actuaciones seguirán bajo secreto de sumario. 

La operación policial concentró el interés del Pleno del Cabildo, con declaraciones del presidente insular, Antonio Morales, de varios miembros del gobierno tripartito y de los portavoces de la oposición, todas coincidentes en que estas detenciones han dañado la imagen de la institución y en que se debe respetar la presunción de inocencia de Sánchez Arencibia y de los otros cuatro investigados. 

Se trata de Ángeles Horna, esposa del interventor y propietaria de la empresa de comunicación Imaco 89; Míchel Jorge Millares, administrador del Instituto Canario de Telecomunicaciones y actual jefe de prensa del gobierno insular; Mónica Torres, exasesora del Cabildo y directora de la sociedad mercantil Yedra; y Víctor Quevedo, director general del Plan Insular de Gran Canaria (PIO).  

El presidente Antonio Morales, ha admitido que la detención del interventor general y de esas otras cuatro personas por una presunta trama de contratos ilegales es una noticia «profundamente desagradable para el Cabildo de Gran Canaria» y para la imagen de la institución, pero defendió la presunción de inocencia de los investigados y consideró que todos los procedimientos relacionados con la organización de las Jornadas del Paisaje se realizaron «de manera escrupulosa». 

«En cualquier caso, como en todos los expedientes, pueden surgir irregularidades administrativas, pero nunca un delito, un ilícito penal», declaró Morales, quien apuntó que «los funcionarios investigados merecen el mayor de los respetos» e insistió en que ya se archivó una anterior denuncia contra el interventor presentada por Rafael Ramírez.

Morales se refirió a la operación policial durante el Pleno, al tomar la palabra en los asuntos de la Presidencia, y después en declaraciones a los periodistas en los pasillos de Casa Palacio, donde a la misma hora continuaban los registros en busca de documentación sobre las cuatro ediciones de las Jornadas del Paisaje, de 2016 a 2019, así como en el edificio Insular I, donde se encuentran las dependencias de la Consejería de Política Territorial. 

Preocupación en el Cabildo

«No es nada agradable para el Cabildo vivir esta situación, más en estos momentos de polarización y desafecto de la política e incluso de la democracia», afirmó. Tras reconocer que estas detenciones «generan preocupación», Morales dijo que hay un procedimiento judicial en el que interviene la Fiscalía, un juez y la policía judicial y, por tanto, el gobierno insular no puede hacer otra cosa que ponerse a su servicio para trasladarle la documentación que requiera. 

Respecto a la denuncia, explicó que se refiere a una actuación del área de Política Territorial en la que «se afirma fundamentalmente que se ha utilizado a una empresa interpuesta para que la esposa del interventor accediera a un contrato para desarrollar las Jornadas sobre el Paisaje».

Miranda: «Ya hemos aportado todo al Juzgado» 

Inés Miranda, consejera insular de Política Territorial, aseguró que su departamento ya ha aportado al Juzgado y a la Policía Nacional toda la documentación sobre las Jornadas del Paisaje, aunque ayer continuó el registro porque había quedado pendiente una «gestión informática». En declaraciones antes del Pleno, Miranda quiso expresar su «absoluta tranquilidad» porque, a su juicio, las facturaciones que se investigan se han tramitado dentro del marco de la ley, tanto de la anterior Ley de Contratos como de la normativa actual. «En todos los documentos y en todos los contratos se han hecho las fiscalizaciones necesarias; confiamos plenamente en el trabajo realizado por los hombres y mujeres de este Cabildo y lo primero que hay que respetar es el principio de presunción de inocencia», comentó la responsable de Política Territorial. Preguntada por su situación jurídica en este procedimiento, dado que en los sucesivos autos de diligencias previas aparece como «interviniente», Miranda explicó que ella no está investigada porque esa figura no equivale a una imputación. «Lo que hay en estos contratos ya está publicado, no hay nada más que una serie de contratos que se realizaron de acuerdo a la legalidad, no hay ningún desvió y todo lo que se trabajó en las Jornadas del Paisaje generó riqueza a Gran Canaria», insistió. 

GALERÍA DE FOTOS

La Provincia-Dlp

Sin duda la noticia de la semana en Canarias es la detención del interventor general, Juan José Sánchez Arencibia, de su mujer, la periodista Ángeles Horna (propietaria de la empresa de comunicación Imaco 89 y vicepresidenta del Cluster Audiovisual), y de otras tres personas implicadas en una supuesta trama de contratos irregulares -los periodistas Michel Jorge Millares (administrador del Instituto Canario de Telecomunicaciones y actual responsable de prensa del gobierno insular) y Mónica Torres (exasesora de comunicación del Cabildo y directora de la sociedad mercantil Yedra) y el jefe del área de Planeamiento del Cabildo, Víctor Quevedo- , así como del registro policial en las dependencias del Cabildo de Gran Canaria. Estas detenciones es la materialización de una investigación que comenzó tiempo atrás y que da pie a preguntarse:

¿Qué son las Jornadas del Paisaje?

Las Jornadas Paisaje de Gran Canaria se idearon en 2016 con el objeto de crear un marco de debate en el que reunir a expertos: especialistas en arquitectura e ingeniería de caminos, técnicos, paisajistas, artistas, defensores del medio natural, profesores universitarios y representantes del sector empresarial turístico que expondrían en dos jornadas maratonianas sus propuestas para la mejora del territorio insular. Desde entonces hasta 2019, a las jornadas acudían arquitectos de renombre de otras comunidades, y en cada edición colaboraban diferentes empresas implicadas en el desarrollo económico-ambiental regional. Ninguna edición se ha celebrado en la misma fecha y los espacios elegidos para celebrar los eventos han sido el Museo Elder y el Auditorio Alfredo Kraus. Además, con el paso del tiempo también ha ido variando en duración y programación: la primera edición se celebró solo en un día y se centró en organizar mesas redondas y en un concurso de videos: ‘Express 2016: ‘Imagina tu paisaje, imagina Gran Canaria’; la segunda, ya abarcaba dos días, pero continuó con el formato de mesa redonda y el concurso de vídeos, y en los dos últimas ediciones modernizaron el formato con mayor número de ponencias de expertos, debates, menor número de mesas redondas, concursos y reconocimientos (en la IV edición eliminaron el concurso). El acceso a las sesiones era gratuito, previa inscripción y tras su desarrollo, sus organizadores comentaban el éxito de su participación. Lo cierto es que al buscar en Internet ‘Jornadas Paisaje Gran Canaria’ de todas las maneras posibles, los resultados son muy pobres y solo se encuentra una página oficial en Facebook de la IV Jornada del Paisaje de Gran Canaria, con 768 seguidores, que tiene como contacto comunicacionit7, además de los anuncios de las jornadas en la Asociación Canaria de los Derechos Urbanísticos, en la mal lograda web Observatorio del Paisaje de Canarias, y en el formulario de inscripción de las últimas jornadas de Política Territorial del Cabildo grancanario, entre otras pocas páginas.

¿Cuánto y cómo?

Crear un evento supone un coste. Las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria no son una excepción y todos sus ediciones supusieron una inversión: crear el programa, diseñar la cartelería, impresión, comunicación, videos, organización, ponentes, invitados. etc. A esto se unen los recursos de la institución organizadora, los del espacio en donde se desarrollaron, más las contribuciones de promotores y colaboradores. Pero concretando en la organización, como cualquier administración pública, el Cabildo de Gran Canaria debe formalizar un contrato de obra o servicios para realizarlo y el mismo debe variar en función de la cantidad de inversión que requiera. En la actualidad, un contrato menor no puede superar los 15.000 euros cuando se refiere a contratación de servicios. En 2016 no podía superar los 18.000 euros. Si fuera así, se debería realizar otra modalidad para la adjudicación de los contratos administrativos basado en el procedimiento de negociación al que concurre hasta tres candidatos. En el caso de las Jornadas de Paisaje se procedió de la siguiente manera según la denuncia realizada por la Asesoría Jurídica de la Corporación insular que figura en el auto judicial:

2016

Este fue el año en el que comenzó la I Jornada del Paisaje, (30 de noviembre) con su primer contrato de servicios para ejecutar el evento por un montante de 18.425 euros, otorgado a Instituto Canario de Telecomunicaciones, S. L., de la calle Senador Castillo-Olivares de la capital, cuyo socio único y administrador era Míchel Jorge Millares. En esa dirección está domiciliada también la empresa Imaco 89. Precisamente, la Asesoría Jurídica del Cabildo de Gran Canaria subraya esta relación en su informe ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria: «si bien el procedimiento seguido era marcadamente mejorable, no se detectan ilegalidades groseras, pero sí se detectan algunas cuestiones significativas que se extraen de la mera lectura del expediente administrativo, relativas a la posible vinculación de las empresas Imaco 89 y el Instituto Canario de Telecomunicaciones».

2017

II Jornada del Paisaje, (22 y 23 de junio), con un contrato menor de 19.260 euros, para el Instituto Canario de Telecomunicaciones, S. L. En estas jornadas, la Asesoría Jurídica indica en su expediente que observa «indicios de fraccionamiento del contrato, así como anomalías en la tramitación y ejecución de los patrocinios»

2018

III Jornada del Paisaje (19 y 20 de abril), el contrato ascendió a 29.532 euros. En relación a este contrato, la Asesoría Jurídica apostilla: «falta la documentación precisa (ni siquiera la adjudicación, desconociéndose si descansó en Instituto Canario de Telecomunicaciones o en Inexart Canarias) para poder pronunciarse sobre la legalidad, desde el punto de vista administrativo, de las contrataciones, tanto respecto a la errónea reducción de plazo para ofertas en el negociado, como en relación con la regularidad o irregularidad de la contratación de la organización de las Jornadas».

2019

IV Jornada del Paisaje (13 y 14 de marzo), la inversión se incrementó a 60.000 euros. En esta ocasión, en palabras del organismo, la prohibición de división del objeto contractual establecida por la Ley de Contratos del Sector Público «se le da una definitiva y contundente patada con el ánimo de repartir el pastel entre todas las empresas amigas, siempre con el visto bueno de la Intervención General».

«Por supuesto», continúa el análisis remitido al Juzgado, «tampoco faltan los extraños patrocinios de años anteriores pagaderos directamente a la adjudicataria principal, y el recurso a créditos de otras aplicaciones presupuestarias; sin embargo, por algún extraño motivo el testaferro utilizado este año para cubrir a la verdadera empresa protagonista de la organización, Imaco 89 S.L., fue la periodista Mónica Torres».

Finalmente todo esto se ha traducido en una supuesta trama de contratos repartidos entre una pequeña telaraña de empresas amigas a través de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida, que asciende a un total de 127.217 euros.

La Policía registra el ordenador de trabajo del Interventor del Cabildo de Gran Canaria y obtiene una copia del disco duro

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron en la mañana de este jueves el ordenador de trabajo del Interventor del Cabildo de Gran Canaria, José Juan Sánchez Arencibia, en las oficinas de la Casa Palacio, una vez solventadas las dificultades técnicas que encontraron durante la jornada anterior. Para obtener una copia del disco duro pasaron también por las instalaciones donde se encuentran los servidores de la corporación insular.

Los problemas para el registro de este ordenador durante la jornada del miércoles hicieron que el Interventor del Cabildo fuera la única persona de las cinco detenidas este miércoles, solo mientras se efectuaban las pesquisas judiciales, que tuviera que pasar la noche en sede policial, a la espera de que hoy jueves pudiera llevarse a cabo.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias informa al respecto que el Interventor del cabildo quedará en libertad en cuanto acabe la diligencia de registro, que de momento no ha terminado. Una vez que acabe será conducido a la comisaría para firmar y después quedará en libertad. Ninguno de los cinco detenidos el miércoles pasará a disposición judicial de forma inminente y en su momento se les citará.

Las detenciones policiales y los registros en dependencias del Cabildo y de las empresas afectadas forman parte de la investigación abierta por el Juzgado de instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria a raíz de la denuncia presentada por un funcionario de la Consejería de Política Territorial del cabildo sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios para las Jornadas del Paisaje celebradas entre los años 2016 y 2019.

Las actuaciones siguen bajo secreto de sumario y los presuntos delitos que se investigan están relacionados con la corrupción. La denuncia inicial, presentada en 2020, era por la posible comisión de los delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida en la contratación.

La detención policial del Interventor i mpidió que asistiera esta mañana al primer pleno del Cabildo celebrado con carácter presencial desde que en marzo de 2020 las sesiones pasaran a ser telemáticas debido a la pandemia de la covid. Fue sustituido en la mesa presidencial por Cristina Pérez, coordinadora técnica de Intervención.

En la sesión de hoy, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, defendió la presunción de inocencia del Interventor y el resto de detenidos, se mostró convencido de que la investigación judicial no encontrará ningún delito y resaltó que la esposa del Interventor, la periodista Ángeles Horna, puede ser contratada por la corporación insular para prestar servicios por lo que carece de sentido que existiera una trama para su contratación indirecta a través de otras empresas interpuestas.

La Provincia-Dlp / Canarias7

El interventor del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia, fue detenido este miércoles en la capital grancanaria por la Policía Nacional, junto a otras cuatro personas, mientras se llevaban a cabo seis registros en busca de pruebas dentro de las diligencias de investigación abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria por presuntas irregularidades en la contratación de los servicios para celebrar las Jornadas del Paisaje de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Cuatro de las cinco personas detenidas quedaron en libertad horas después y se les citará para declarar ante la autoridad judicial en otro momento . Solo el Interventor del Cabildo permanecía anoche en sede policial ya que por cuestiones técnicas uno de los registros que le afectaban no se pudo llevar a cabo. Se practicará hoy jueves y después quedará en libertad.

Por la vinculación de sus empresas de comunicación en los contratos investigados, la esposa del Interventor, la periodista Ángeles Horna, y el actual jefe del equipo de comunicación del Cabildo, Michel Jorge Millares, resultaron también detenidos mientras se practicaban los registros policiales.

El funcionario de Política Territorial que dirige la Unidad del Paisaje, Víctor Quevedo, y la periodista Mónica Torres, que fue contratada para dichas jornadas, completan la lista de las personas detenidas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Los registros realizados incluyeron el examen de documentación de ese expediente y el volcado del contenido de distintos ordenadores y otros equipos informáticos.

La detención se produjo con el único fin de que las personas supuestamente implicadas no oculten información, siendo puestas en libertad en cuanto finalizaron las diligencias, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El Interventor es la excepción.

La investigación judicial, bajo secreto de sumario, parte de una denuncia presentada por un funcionario del área de Política Territorial del Cabildo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida en la contratación.

Entre las cuestiones que se investigan figura el posible fraccionamiento del objeto de los contratos y si el Interventor incumplió el régimen de incompatibilidades de los empleados públicos por la obligación de abstenerse en aquellos asuntos en los que tenga un interés personal o vinculaciones familiares.

Además, se investiga el posible pago por duplicado de un mismo trabajo, que afectaría a una empresa de la que es titular la esposa del Interventor y a otra adscrita al periodista Michel Jorge Millares antes de su incorporación al Cabildo.

A través de un comunicado oficial, el Cabildo ha reconocido los registros en dependencias de la corporación insular y ha expresado su «respeto a las decisiones judiciales, al principio de presunción de inocencia de los empleados públicos afectados, así como su total predisposición a colaborar con la Justicia en todo lo necesario».

La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este miércoles al interventor del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia, por una supuesta trama de contratos irregulares vinculados con las Jornadas del Paisaje. El cuerpo ha realizado diversas inspecciones durante toda la mañana en el departamento de Política Territorial y ha detenido a otras cuatro personas, entre las que se encuentra Ángeles Horna, su esposa: Miguel Jorge Millares, dueño de la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones SL, implicada en la trama, y actual responsable de prensa del Cabildo; Mónica Torres, que fue contratada para dichas Jornadas y emitió facturas en nombre de su empresa; y Víctor Manuel Quevedo, Director General del Plan Insular y uno de los funcionarios de mayor rango de la consejería de Política Territorial, que dirige Inés Miranda. Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los cinco han sido detenidos con el único fin de evitar que oculten información y se les dejará en libertad en cuanto finalicen las diligencias.

LAS CLAVES Y LOS ROSTROS DE LA TRAMA

Se trata del interventor, José Juan Sánchez Arencibia; su esposa, la periodista Ángeles Horna; Víctor Quevedo, arquitecto y director del Plan Insular del Cabildo, y los periodistas Michel Jorge Millares y Mónica Torres.

El interventor, José Juan Sánchez Arencibia

2. Seis registros

En paralelo a las cinco detenciones, los agentes encargados del caso han practicado seis registros en busca de pruebas, según detalló la agencia de noticias Efe. El Cabildo de Gran Canaria confirma que uno de los registros ha afectado a las dependencias de la Consejería de Política Territorial.

Ángeles Horna

3. Investigación judicial

Las detenciones fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, con la finalidad de que los investigados no oculten información, precisó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado. De esta manera, tras la toma de declaración ante la Policía Nacional, regresarán a sus domicilios.

4. Qué se investiga

Se investigan posibles delitos de corrupción relacionados con la organización de las Jornadas sobre el Paisaje que promueve el Cabildo de Gran Canaria.

La periodista Mónica Torres, también detenida

5. El origen de la denuncia

La denuncia que dio pie a esas indagaciones citaba posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros. El denunciante es un funcionario del Cabildo. Inicialmente desde el grupo de gobierno se argumentó que el origen era una disputa entre funcionarios.

Michel Jorge Millares

6. Pagos a empresas de comunicación

Una de las cuestiones que se investiga es el posible pago por duplicado de un mismo trabajo, que afectaría a una empresa de la que es titular la periodista Ángeles Horna y a otra adscrita al actual jefe del equipo de comunicación del Cabildo, el periodista Michel Jorge Millares.

7. La reacción del Cabildo

En un comunicado se afirma que los registros se enmarcan en «la investigación judicial por una denuncia contra funcionarios de la entidad por la formalización de tres contratos menores referentes a la organización de las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria durante tres años». «A este respecto, desde el Cabildo de Gran Canaria se quiere expresar el respeto a las decisiones judiciales, al principio de presunción de inocencia de los empleados públicos afectados así como su total predisposición a colaborar con la justicia en todo lo necesario», añade el equipo de gobierno.

Víctor Quevedo, director del Plan Insular del Cabildo, también detenido

Canarias7 / La Provincia-Dlp

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha defendido este miércoles a los cinco detenidos, entre ellos el interventor de la institución, por supuestas irregularidades en los contratos de las Jornadas del Paisaje. Morales destacó que la investigación procede de una denuncia, «una más, de este funcionario en contra de este interventor porque ya lo ha denunciado en muchas ocasiones, la primera hace once años por un caso de atención sociosanitaria que luego fue sobreseído».

Por ello, el presidente del Cabildo espera «que todo se aclare» y se muestra convencido de que, tras el registro judicial llevado a cabo este miércoles por la mañana en la institución insular, se verá que «los expedientes que están tramitados por parte del área de Política Territorial son impecables». Insiste Morales en que espera que «esto no dure otros once años como el caso anterior y podamos pronto aclarar la situación porque me preocupa la imagen que se pueda dar de la institución, es un hecho absolutamente aislado y responde a la denuncia de un funcionario a otro funcionario», aseguró en la inauguración de las jornadas de Comarcas Sostenibles que se celebran este miércoles y mañana en el Teatro Víctor Jara de Vecindario.

«Los expedientes se han tramitado de manera escrupulosa, no tenemos ninguna constancia de que se haya cometido ningún delito por parte de ninguna persona», sentenció Morales.

La Provincia-Dlp

La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este miércoles al interventor del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia, por una supuesta trama de contratos irregulares vinculados con las Jornadas del Paisaje. El cuerpo ha realizado diversas inspecciones durante toda la mañana en el departamento de Política Territorial y ha detenido a otras cuatro personas, entre las que se encuentra Ángeles Horna, su esposa: Miguel Jorge Millares, dueño de la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones SL, implicada en la trama, y actual responsable de prensa del Cabildo; Mónica Torres, que fue contratada para dichas Jornadas y emitió facturas en nombre de su empresa; y Víctor Manuel Quevedo, Director General del Plan Insular y uno de los funcionarios de mayor rango de la consejería de Política Territorial, que dirige Inés Miranda. Según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), los cinco han sido detenidos con el único fin de evitar que oculten información y se les dejará en libertad en cuanto finalicen las diligencias.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) están realizando en estos momentos registros en el Edificio Insular I, que es donde se encuentra la oficina de Política Territorial. El propio Cabildo ha emitido un comunicado al respecto, en el que manifiesta su total disposición a colaborar con la justicia.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción investigan desde hace un año presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida en la contratación de servicios para la celebración de las citadas Jornadas sobre el Paisaje de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Tras la denuncia de un funcionario del propio Cabildo y el informe de la Asesoría Jurídica de la institución, que veía indicios penales en la trama que vincula al interventor, el magistrado-juez Alberto Puebla incoó diligencias previas en verano de 2020 y desde entonces agentes de la UDEF han requerido los expedientes de esas contrataciones a la Consejería de Política Territorial y a la Secretaría General de la institución.

En el auto judicial de la apertura de diligencias figura como investigado el Cabildo y como intervinientes en los hechos denunciados la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, el exdirector general de Política Territorial, Rafael Pedrero, ambos de Nueva Canarias (NC), y la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones SL.

En dicha resolución, el Juzgado sostiene que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida. Al respecto, añade que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 en relación a los artículos 769 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incoar las correspondientes Diligencias Previas y practicar aquéllas necesarias para determinar y concretar tales datos y, en su caso, el procedimiento aplicable».

La Provincia-Dlp

El Cabildo de Gran Canaria llegó a pagar casi seis euros por la unidad de mascarillas higiénicas para sus centros sociosanitarios pese a que, según un informe interno del Servicio de Formación y Prevención fechado un día antes de formalizarse la compra, “este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745 ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425”.

En concreto, el 16 de abril de 2020, el Instituto de Atención Sociosanitaria (IAS) adjudicó un contrato por importe de 119.000 euros a la empresa Sistemas de Innovación Díaz y Romero SL para la adquisición de 20.000 mascarillas de este tipo, a 5,96 euros la unidad, un material sin certificado sanitario que además no fue suministrado hasta mes y medio después pese a que el expediente se tramitó por procedimiento de emergencia y sin concurrencia competitiva.

Según el decreto del IAS nº 2020-0416, el Cabildo de Gran Canaria adquirió a esta empresa (con talleres en el municipio de Agüimes) 5.000 mascarillas talla XL por un importe de 29.800 euros; otras 12.000 talla L por 71.520 euros; y 3.000 unidades más de la talla M por la cantidad de 17.880 euros. La contratación de este material se financió con cargo a la aplicación presupuestaria 09770/231/2210600020 ‘Productos farmacéuticos y material sanitario”.

Ese mismo día 16 de abril de 2020, mediante el decreto nº 2020-0413, y con cargo a la misma partida presupuestaria, el IAS también se adjudicaron varios contratos más para comprar 63.400 mascarillas por un importe total de 78.620 euros.

En este caso, el Cabildo adquirió 50.000 unidades de mascarilla facial quirúrgica por 34.500 euros (a 0,69 euros la unidad); otras 10.000 mascarillas de protección cónica por importe de 29.500 euros (a 2,95 euros la unidad); y 3.400 mascarillas FFP2 por la cantidad de 14.620 euros (a 4,30 euros cada una).

Además, los precios pagados por el Cabildo a Sistemas de Innovación Díaz y Romero SL contrastan con las cantidades abonadas en esas mismas fechas por una docena de Ayuntamientos de municipios españoles de más de 300.000 habitantes. Así lo constata un reciente informe del Tribunal de Cuentas, que sitúa en 0,52 euros el precio medio de compra de cada mascarilla quirúrgica, casi 12 veces.

Una contratación envuelta en la polémica

El PP ya denunció hace dos años este polémico contrato al conocer a través de un comunicado del propio gobierno insular que el Cabildo había dado “el primer impulso a la creación de una industria textil en Gran Canaria con la adquisición de 20.000 mascarillas higiénicas confeccionadas con un tejido que protege contra el coronavirus más de lo exigido del que la firma Ogadenia Gran Canaria Moda Cálida, asesorada por la institución, ha adquirido la exclusividad en Europa para su fabricación en Gran Canaria”.

Según informó el Cabildo, gracias a este contrato público, la empresa iba a poner en marcha “un ambicioso proyecto” industrial que “no sólo permitirá abastecer a Gran Canaria de productos higiénicos, sino que el proyecto es aceptar más pedidos y fabricar para todo el Archipiélago, España e incluso el continente”. Sin embargo, dos años más tarde, no se han cumplido ninguna de las previsiones del gobierno insular.

El escándalo de las ‘mascarillas fake’ de Ogadenia también llegó hasta el Pleno del Cabildo en mayo de 2020, cuando algunos grupos de la oposición cuestionaron la adjudicación de este contrato de emergencia por favorecer a un particular cuyo material, además, no era apto para uso sanitario.

En dicha sesión plenaria, tanto la consejera de Política Social que firmó el decreto de adjudicación del contrato, Isabel Mena, como el presidente Antonio Morales, defendieron la tramitación del expediente. Pese a las dudas generadas en torno a esta compra, Morales llegó a calificar las críticas de la oposición como “una absoluta irresponsabilidad por sembrar dudas sobre la Institución y el honor de una empresa con un amplio respeto en el mundo textil”.