Canarias es una de las comunidades donde se registran mayor número de desapariciones de menores. Según el informe anual de personas desaparecidas, el 90% de estas desapariciones corresponden a menores fugados de centros tutelados, sobre todo de jóvenes entre 13 y 17 años.
Estos datos, tanto a nivel autonómico como estatal, han llevado a que SOSDesaparecidos presente un escrito al Defensor del Pueblo en el que se expone la situación provocada por estas ausencias de los centros, pues “desconocer su paradero conlleva exponer al menor a cualquier riesgo”, señala Santiago Carlos Martín, coordinador de la asociación en el Archipiélago. Piden así que se aumente la seguridad y atención a estos menores para evitar que se produzcan más fugas, unas acciones que el Gobierno de Canarias indica que no puede asumir ante la cantidad de jóvenes migrantes que se encuentran bajo su tutela en las Islas.
Fugas de los centros de acogida
Tanto en 2021 como en 2022, Canarias fue la primera comunidad donde se produjeron más desapariciones en general, expone Martín, registrándose sobre todo en Las Palmas. A pesar de que “parecen haber disminuido”, indica, las fugas de menores siguen siendo un foco de preocupación para SOSDesaparecidos, que manifiesta en la carta presentada que “en los últimos años, se han reportado e incrementado numerosos casos de menores que se escapan de los centros de protección”. Según el informe de personas desaparecidas en 2023, la mayoría fueron menores marroquíes en la provincia oriental.
La Policía Nacional destaca que la mayoría de las ausencias se suceden durante los fines de semana y, sobre todo, lo que se producen son retrasos en los horarios. El responsable del centro tiene que comunicar la fuga y esta información se traslada a las distintas jefaturas para que estén al tanto y puedan reconocer al menor, explica el cuerpo de agentes. Asimismo, también se informa a la policía si se ocasiona el reintegro del joven.
Lo habitual es que los menores sean localizados, cuenta el coordinador de SOSDesaparecidos en Canarias, pero “a veces pasan grandes periodos fuera de los centros”. La mayoría de las ocasiones “suelen estar influenciados por adultos, que les ayudan a escapar y los esconden”, una acción que se considera “delito”, añade, y justo debería “ser al revés”, la verdadera ayuda para un menor en estos casos es informar sobre su paradero a las autoridades competentes para conocer el problema, concluye.
Mayor seguridad y atención psicológica
SOSDesaparecidos incide en que se tratan de menores “en una situación de vulnerabilidad extrema, muchos de ellos víctimas de maltrato, abandono o explotación”. Por ello, consideran “imprescindible” investigar las causas de las fugas, “descubrir por qué se sienten incómodos”, afirma Martín.
Entre las acciones que consideran urgentes y solicitan al Defensor del Pueblo que traslade al Gobierno enumeran la necesidad de revisar y mejorar los protocolos de seguridad y supervisión, incrementar los recursos y el personal e implementar programas de apoyo psicológico y social. Además de transparencia, estableciendo un “sistema de monitoreo y evaluación continuo de las condiciones en los centros de protección y de las medidas adoptadas para prevenir las fugas y desapariciones”, así como una mayor actuación de la Fiscalía de menores “en aplicación a la inducción del abandono de hogar y con ello los cambios necesarios en esta ley para proteger estas fugas en su mayoría manipuladas por personas adultas”.
Necesidad de reparto de menores a nivel nacional
Para Martín es importante que todas las administraciones implicadas se reúnan y busquen la solución. Sin embargo, el Gobierno de Canarias, al cargo de la tutela de estos menores, no se ve con la capacidad de asumir estas peticiones, pues desde el propio Ejecutivo, apunta la Consejería de Bienestar Social, se “lleva pidiendo desde hace un montón de tiempo” al Gobierno central que “haya un reparto para puedan estar lo mejor atendidos posible”.
Teniendo más de 5.600 menores a su cargo, Canarias “no puede atender sola” a todos los jóvenes “con todas las necesidades que pueda presentar cada persona, que tiene su propia historia”. Desde el Ejecutivo autonómico ven “fundamental” que esta problemática se considere “un asunto de Estado”, como “se hace con los adultos” y así “España podría darles una atención integral a todos estos chicos y chicas”.
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