Una familia residente en la calle de Ebro, en Caserones Altos, fue desalojada esta semana por orden del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Telde de la vivienda de VPO que ocupaba y desde entonces permanece en la vía pública con sus enseres. El desahucio se llevó a efecto después de habérsele concedido una nueva prórroga de un mes por impago del alquiler del piso que le fue entregado en abril de 2015 y por el que acumula una deuda de más de 15.000 euros.
La afectada Itahisa Pérez Tavío, de 35 años y con tres hijos, ya sufrió otro desahucio cuando vivía en El Caracol. Entonces, plataformas anti desahucios, asociaciones y administraciones públicas hicieron un frente común y lograron que pudiera trasladarse en 2015 a la vivienda que cinco años después ha tenido que abandonar, esta vez, sin colectivos que protestaran la decisión, acompañada por un grupo de familiares y amigos. Ha solicitado ayuda, sin éxito, a Servicios Sociales y a la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, a la que pertenece la empresa pública Vivienda Sociales de Canarias, propietaria del inmueble que ocupaba en Caserones Altos.
Desde noviembre de 2015, Pérez debía abonar 366 euros al mes. Pero durante este tiempo afirma que no ha conseguido encontrar trabajo y se le agotó la prestación por desempleo. Tan solo ha podido acceder a Programa de Formación en Alternancia con el Empleo para aprender a trabajar en la construcción, pero que no era apta por sus «problemas personales». Sin sus hijos en su vivienda, al no poder mantenerlos, Pérez explica que acudía a Cáritas, instituciones públicas o familiares.
El abogado de la familia intentó parar el desahucio mediante la presentación de un escrito en el Juzgado de Primera Instancia número 4 al entender que de llevarse a cabo se vulnera el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, que amplía hasta el 31 de enero de 2021 el plazo de suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Sin embargo, el Juzgado desestimó estas alegaciones y le dio la razón a Visocan.