La defensa del vecino de Telde que está siendo investigado como autor del incendio forestal de Artenara en agosto de 2019, ha solicitado más diligencias de investigación que el juez denegó en primera instancia al entender que ya transcurrió el plazo máximo previsto de instrucción. Por este motivo, el abogado Miguel Ángel Pérez Diepa presentó un recurso de reforma que está pendiente de resolución amparándose en que la nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -que refiere a todos los procedimientos en tramitación- sí le habilita la práctica de diligencias al haberse solicitado dentro de los 12 meses desde la incoación de la causa.
Este recurso de reforma aún no ha sido resuelto por el magistrado Andoni Arano Sastre, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Arucas, encargado de la investigación de una catástrofe que calcinó 1.500 hectáreas durante 15 días de trabajos de extinción.
El letrado Pérez Diepa argumenta que la autoridad judicial tiene que admitirle una serie de pruebas que considera fundamentales para ejercer el legítimo derecho de defensa del investigado. Entre las mismas, detalla esta parte que del contenido de las declaraciones testificales realizadas por los testigos del inicio del incendio, hay un «elemento común en todas ellas», y es que los servicios de emergencia desplazados al lugar «mantuvieron una actitud de pasividad y retardo en actuar que conllevó a la propagación del incendio», que de otra forma, pudo «haber sido sofocado» ya que «en principio lo que ardía era una superficie de terreno muy pequeña», detalla. Además, incide en que la llegada del helicóptero a la zona «hizo que se levantara viento» y con ello «contribuyó de forma efectiva a la propagación» de las llamas.
De igual modo, la defensa considera que los bomberos que se desplazaron a la zona cercana al a la altura del cruce de Las Peñas «no utilizaron nada para tratar de extinguir el incendio en sus momentos iniciales» , dándose la circunstancia de que en el lugar «existe un estanque con miles de litros de agua» que pudieron utilizar.
En el escrito remitido al juzgado por la defensa de investigado se incide en que los servicios de emergencia «mantuvieron una actitud pasiva», mientras que el autor de las llamas «y los vecinos intentaban extinguir el incendio».
También hace referencia a la situación de indefensión que le crea el resumen de las actuaciones, parte de control y de medios emitido por el Cecopin, en el que figuran «comentarios o anotaciones de las comunicaciones realizadas entre los servicios de emergencia» que, según esta parte, «no están en orden cronológico y se superponen, sin saberse exactamente los días concretos a los que se refiere».
Destaca el letrado que, a pesar de la situación de prealerta de riesgo de incendio forestal que había, las cubas de agua Nodriza «no estaban localizadas» y no actuaron «hasta varias horas más tarde del inicio del incendio».
«Los momentos iniciales son cruciales para poder atajar el incendio en sus inicios y entendemos que en este caso no se actuó con la debida rapidez», determina esta parte, que añade que el propio Federico Grillo -coordinador de Emergencias del Cabildo- el día de los hechos puso de manifiesto a los medios «que el incendio estaba controlado al 85% la misma noche, pero que un problema de seguridad hizo que se reactivara el mismo», constatando «la existencia de distintos focos «que no se aclara cual es el origen» ni la consecuencia de qué incendio, si el de Artenara o el producido en Valleseco.
El incendio forestal declarado el 10 de agosto en Artenara, quemó 1.500 hectáreas y obligó a evacuar a 1.000 vecinos de Artenara, Tejeda y Gáldar.
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