La encrucijada legal a la que se está viendo sometida Nueva Canarias (NC) tras su «cancelación» como partido político desde julio de 2021 en el registro del Ministerio del Interior por la no actualización de sus estatutos tal como establece la ley, se ve además agravada por la apertura de varios expedientes en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la no presentación de sus cuentas internas correspondientes a los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. Si la primera de las infracciones le ha supuesto su desaparición legal como partido tras la sentencia del Juzgado Central de los Contencioso Administrativo número 5 de la Audiencia Nacional, la segunda de ellas, que también habría tenido las mismas consecuencias en ese ámbito, le aboca a posibles sanciones que podrían alcanzar, en el caso más extremo de una interpretación severa por parte del órgano fiscalizador, hasta los 300.000 euros. Una multa a la que primero respondería la formación como entidad jurídica y luego, en caso de que esta carezca de patrimonio, deberían hacer frente los administradores legales de la misma como responsables civiles subsidiarios.
Este es el frente que tiene abierto en estos momentos NC y sus dirigentes con el TCu como órgano fiscalizador de los partidos políticos y cuyo pleno del próximo día 29 podría ya abordar y adoptar decisiones al respecto. De hecho, el tribunal fiscalizador está ya analizando con carácter previo las resoluciones a aplicar.
Esta es una de las razones por las que el órgano presidido por Enriqueta Chicano desde la pasado mes de noviembre, solicitó en junio al Ministerio del Interior la retención de las subvenciones legales que se estaban otorgando aún a NC por la representación en el Congreso obtenida en las elecciones de 2019 como parte de la coalición electoral conformada junto a CC.
El departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska ha procedido ya a retener las dos últimas mensualidades de esa subvención, la de julio y la de agosto, 7.576 euros en cada uno de estos pagos, y se especula con la posibilidad de que ordene a NC que reintegre todos los fondos que le fueron entregados durante el año transcurrido desde su cancelación como partido político en agosto de 2021 y por tanto sin teórico derecho a recibir esas subvenciones en concepto de gastos de funcionamiento y de seguridad. Por estos conceptos, NC recibió desde que fue declarada su cancelación como partido un total de 90.912 euros. Se retendrán en lo que queda de legislatura hasta octubre, fecha teórica de disolución de las Cámaras, otros 121.210 euros. Distintas fuentes consultadas señalan que el TCu busca con esta medida garantizar el pago, por parte de NC o sus representantes legales, de las posibles sanciones a que deba hacer frente.
Infracción “muy grave”
En concreto, el régimen sancionador contemplado en la ley de Financiación de los Partidos Políticos, y la reforma de la misma a través de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico financiera de los partidos políticos, tipifica como «muy grave» el «incumplimiento durante dos ejercicios consecutivos o tres alternos de la obligación de presentar las cuentas anuales en el plazo previsto en el artículo 14.6 o la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido fiscalizador», que es la infracción cometida por NC. En el artículo 17 bis, se especifica el tipo de sanción y se señala en este sentido que para este tipo de incumplimiento de la ley será de «un mínimo de 50.000 euros y un máximo de 100.000 euros». Hay diferentes interpretaciones sobre si el TCu aplicaría una sanción de entre 50.000 y 100.000 euros por cada ejercicio contable no comunicado por parte de NC, en cuyo caso la sanción estaría entre los 150.000 y los 300.000 euros, o si la sanción con esas cifras se referiría como mínimo a dos de los años en que no se cumplió con la ley de financiación de partidos políticos, caso en el que la máxima sanción sería de 200.000 euros. Será el TCu quien tenga la última palabra sobre el criterio sancionador a aplicar. Cabe señalar en todo caso que NC tampoco comunicó en plazo sus cuentas correspondientes a 2021, pero sobre ese incumplimiento aún no hay expediente abierto por parte del TCu.
El secretario de Organización de la extinta formación y de la inscrita en el registro de partidos de Interior el 30 de agosto bajo el nombre de NC-Bloque Canarista, Carmelo Ramírez, admitía que la contabilidad de todos esos años fueron remitidos a Interior recientemente.
La situación legal de NC impedirá en todo caso que el organismo fiscalizador pueda actuar contra el partido dado que ya no existe como entidad jurídica, por lo que tendrá que hacerlo contra quienes aparezcan en los estatutos que se registraron en su momento como responsables civiles subsidiarios en calidad de dirigentes o administradores, o en su caso el responsable de la gestión económica-financiera.
También señala la ley en otro artículo posterior que «el Tribunal de Cuentas vigilará que las sanciones se hagan efectivas antes del libramiento de la siguiente subvención y que se detraiga su importe en el caso de no haber sido satisfechas», y aclara que en aquellos casos en que el partido político sancionado no tenga derecho a la percepción de subvenciones, dicho tribunal «requerirá al citado partido para que proceda al ingreso del importe correspondiente a la sanción en el Tesoro Público».
Asimismo se subraya en el texto normativo que cuando un partido político «no haga efectivo el pago de la sanción impuesta, el Tribunal de Cuentas dará traslado a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para que ésta proceda a su recaudación en periodo ejecutivo».
En todo caso, la norma añade que «las resoluciones sancionadoras que adopte el Tribunal de Cuentas serán susceptibles de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo», y que «cuando en dichas resoluciones se acuerde la imposición de alguna de las sanciones previstas en el artículo 17 bis, la interposición del recurso suspenderá automáticamente la ejecución de la resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas».
«Nos vemos en 2023»
El presidente de la nueva marca de NC, Nueva Canarias-Bloque Canarista, Román Rodríguez, aseguró ayer a Efe, en relación con la decisión del Ministerio del Interior de retirar de forma cautelar la subvención para gastos de funcionamiento y seguridad, que «vamos a respetar cualquier resolución de los tribunales o de las administraciones, de la misma manera que las vamos a recurrir, y por lo tanto que nuestros amigos tengan claro que esta propuesta política en 2023 será determinante tanto en el ámbito local como en el insular y en el canario». El dirigente, actual responsable de Hacienda del Ejecutuivo regional, avisa en este sentido a sus adversarios «que se esperen sentados; nos vemos en las elecciones», e insiste en la teoría difundida por NC de que sus dirigentes nunca recibieron notificación alguna sobre el procedimiento legal iniciado contra la formación pese a que la sentencia que originó la extinción del partido asegura que el 23 de enero de 2020 se advirtió formalmente de esa situación a NC, sin que respondiera a tiempo. El secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez, admitió un mes atrás que alguien del partido recibió la notificación y olvidó comunicarla y esta misma semana, en declaraciones a Efe sostuvo que, ya con el expiente en la mano, pudieron comprobar que los avisos llegaron a la antigua sede. NC, pues, tampoco informó del cambio de domicilio.
La Provincia-Dlp
