Coalición Canaria insta al Cabildo de Gran Canaria a que anule la manera en la que el Consejo Insular de Aguas quiere repartir las subvenciones a los agricultores destinadas a abaratar el sobrecoste de la desalación y de la extracción de agua de pozos y galerías para el riego agrícola en Gran Canaria. Los nacionalistas sostienen que el gobierno Insular debe dejar sin efecto el acuerdo que consideran “lesivo” para los intereses de los regantes de Gran Canaria, que rubricaron el pasado 27 de diciembre, por el que se aprueba el reparto de las ayudas correspondientes a los consumos del año 2019, y elaborar un nuevo acuerdo acorde con las necesidades del sector. Asimismo, Coalición Canaria exige que se proceda al reparto de las ayudas mediante transferencia a las personas regantes.
El secretario del Sector Primario de Coalición Canaria en Gran Canaria, Julián Melián, y la consejera del Cabildo de Gran Canaria, Gloria Cabrera, informan que van a trasladar de manera formal la solicitud a través de una moción que van a presentar, tanto en el gobierno Insular, como el conjunto de Ayuntamientos de la isla de Gran Canaria.
Los nacionalistas explican que el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, beneficiario de 1.758.397,75 euros de dicha subvención, entre otras cuestiones, acordó bonificar los precios públicos vigentes aprobados por la Junta de Gobierno del Consejo Insular de Aguas de Gran Canarias y, por otro lado, que la bonificación se aplique mediante una liquidación periódica trimestral, a favor del regante que haya consumido y liquidado sus facturas de agua en ese periodo, por el importe correspondiente a la bonificación, aplicada según los consumos facturados y abonados en este año 2022.
“Los regantes de Gran Canaria, los verdaderos beneficiarios de la ayuda al ser quienes consumen el agua, no están de acuerdo con las medidas, y así lo hicieron saber, mediante su voto, en la junta del 27 de diciembre donde se fijó el acuerdo. Y al mismo tiempo, la inmensa mayoría de los agricultores de Gran Canaria, que hicieron uso del agua desalada del Consejo Insular de Aguas en el año 2019, no se sienten representados en esta situación por los representantes de las asociaciones agrarias asistentes a la junta”, apunta Julián Melián.
En esta línea, el secretario sectorial expone que: “Los agricultores nos han hecho llegar que la manera de bonificación y pago que ha planteado el Consejo Insular les resulta injusta, pues les hace imposible que coincidan las personas beneficiarias del 2022 y los del 2019, toda vez que las cantidades regadas son distintas e incluso hay regantes que han vendido, abandonado o arrendado sus tierras y en última instancia incluso hay regantes que han fallecido”, y añade: “También es importante denunciar que es notorio y conocido que el pago de una subvención, en año distinto a los consumos, les hace a los pequeños agricultores un perjuicio fiscal superior, en muchos casos, a la cuantía de las ayudas”.
Por su parte, la consejera del Cabildo de Gran Canaria subraya que “el sistema de reparto acordado favorece a regantes que en el año 2019 no hicieron uso del agua del Consejo, lo cual es definitivamente injusto y va, de manera notable, en contra del espíritu de la orden que pretende auxiliar a las personas agricultoras, beneficiarias reales de los aprovechamientos del agua según la ley y nuestra Constitución”, señala.
Asimismo, Gloria Cabrera sostiene: “El logro que ya alcanzamos en el año 2017, después de años de lucha y negociaciones por parte del sector agrario, cuando se reconocieron los derechos y necesidades que tenían los regantes de las islas; y el logro que alcanzamos cuando ese reconocimiento se plasmó en ayudas que se incluyeron en nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), está siendo adulterado por parte del Consejo Insular de Aguas, que depende directamente del Cabildo de Gran Canaria, en el caso de la situación que se está viviendo en la actualidad, no permitiéndoles obtener las ayudas a que tienen derecho según nuestro REF”.
