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El arqueólogo «de cabecera» del Cabildo de Gran Canaria durante 25 años y principal artífice del hito que supuso la declaración de Risco Caído como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se ha convertido en un represaliado «politico». La razón: haberse manifestado pública y notoriamente en contra del macroproyecto ecocida de la Central de Chira- Soria. Desde hace dos años no se le da proyecto alguno, llevándolo con ello a una situación personal injustificable. Y no es el único. También el grupo musical Mestisay ha pagado por el mismo «delito».

Lo llevamos denunciando ya muchos meses; Antonio Morales se ha convertido en un cacique con todas las letras y lo que ello conlleva. No es sólo que ha impuesto su visión «personalísima» del proyecto de Central Hidroeléctrica, negándose a cualquier proceso de debate y participación de la ciudadanía. Es mucho más que eso; se ha convertido en un personaje tan o más autoritario que su predecesor, el mismísimo José Manuel Soria. Quien sufrió los «modos» de Soria hablan ahora de que Morales ha sido hasta peor. Quien no asiente o calla, lo paga.

Julio Cuenca Sanabria, sin duda uno de los referentes más importantes de la arqueología canaria es una de sus últimas y más notorias víctimas. Cabe recordar que Cuenca destinó décadas de su vida al estudio de campo e investigación de la cosmovisión y costumbres de los primeros canarios. A él le debemos descubrimientos, estudios, recuperación e investigaciones de gran importancia durante todo este tiempo. Un saber acumulado que tuvo si cabe su hito más trascendental cuando, gracias a él, el nombre de Gran Canaria y Canarias se elevó a la consideración de la Unesco para considerar a Risco Caído y el hacer de nuestros aborígenes como Patrimonio de la Humanidad. Sólo hay que acudir a las hemerotecas para ver cómo en aquellos días el Bueno de Julio hacia sonar el bucio en aquella sala de este organismo de la Onu, como tributo a nuestros antepasados, como homenaje a su saber. 

Ese hombre, ese investigador, es referente de la arqueología Canaria, se encuentra hoy «pagando» su valentía. Se decantó hace 2 años y medio en contra de la monstruosidad del Proyecto de Chira-Soria y desde ese momento comenzó «la purga» de Morales. No se le asigna trabajo alguno, se le tiene en el más absoluto abandono y precariedad. A tanto ha llegado esta «represalia» que, quien ha vivido toda su vida de su saber y hacer profesional hoy se encuentra en dificultades muy serias para vivir dignamente.

Intolerable, injustificable, irresponsable. ¿Y este iba a ser el motor del cambio de Gran Canaria?¿El líder de la Ecoisla?¿El referente que nos iba a salvar de Soria y la derechona?. Morales llegó a Presidente de Cabildo de Gran Canaria con decenas de miles de votos prestados y en Mayo de 2023 dejará de serlo porque muchas decenas de miles de votos más van a dejarlo fuera de la política. Nuestro respeto, consideración y apoyo a Julio Cuenca Sanabria. Su saber, su hacer y su valentía lo merecen.

Hijosdecanarias.com

El Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria condena a la Asociación Mujeres Profesionales Maguada, presidida por la exalcaldesa y actual concejala por Nueva Canarias (NC) en Teror, Isabel Guerra, y a Fogasa al pago a una antigua trabajadora social de 8.810,39 euros, además de los intereses de mora, de la nómina de cuatro meses y el finiquito.

Isabel Guerra tiene varios frentes abiertos en los juzgados. De momento, el juez ha aceptado parcialmente una demanda que había interpuesto una trabajadora de la organización que nació para «promover la autonomía personal y ayuda a prevenir la dependencia de los mayores», y que ha recibido en dos años 304.000 euros de subvenciones públicas.

La resolución considera probado que la demandante había prestado servicios para el colectivo como trabajadora social. Y que desde el 1 de julio de 2021 al 30 de octubre de 2021 estuvo trabajando sin contrato de trabajo y sin estar dada de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social, habiendo percibido en ese periodo 500 euros en concepto de kilometraje. Y se detalla que trabajaban en el proyecto Savia Viva, y que se haría «un cajón de horas», de modo que cuando el Cabildo pagara la ayuda se les abonaría.

El magistrado señala que la empleada «prestaba sus servicios de la misma manera en que lo hizo tanto con anterioridad como con posterioridad». Y que la entidad dirigida por Isabel Guerra obtiene un beneficio económico «consistente en el abono de una serie de importes destinados a retribuir a su trabajadores», entre los que se incluye la demandante.

Al existir un vínculo laboral, falla que debe abonarse el salario de los meses de julio a octubre, que suman 7.098,08 euros, además de la liquidación por 1.712,31 euros, que suman los citados 8.810,39 euros, además de los intereses.

Isabel Guerra puede recurrir el fallo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)

Como publicó en julio este periódico, la Fiscalía también considera que Isabel Guerra, presidenta de la Asociación de Mujeres Profesionales Maguada y concejala por Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Teror, cometió un delito de fraude en las subvenciones al haber presuntamente utilizado el dinero que había recibido del Gobierno de Canarias para una serie de proyectos –en total, 128.618,97 euros– en otras actividades de la entidad que ya contaban con financiación propia, lo que habría generado un beneficio irregular.

El Ministerio Público, que recibió meses atrás una denuncia por los hechos, remitió a mediados de julio un decreto al Juzgado Decano de Las Palmas de Gran Canaria para que lo remita al Juzgado de Instrucción que le corresponda por turno y este inicie las diligencias previas de investigación. 

La Provincia-Dlp

Las numerosas quejas vecinales y las reiteradas reclamaciones de PP-AV en las redes sociales y notas de prensa, así como en las diferentes sesiones plenarias, siguen dejando indiferente al grupo de gobierno de San Bartolomé de Tirajana porque no actúan ante una realidad tan pésima y peligrosa como esta: el estado de los parques infantiles del municipio.

Queremos insistir desde PP-AV de la gravedad de esta situación en la que se encuentran los parques infantiles de nuestro municipio y demandamos que actúen desde la responsabilidad y la empatía y la necesidades  de las familas de este municipio.

“Un parque infantil es un espacio de ocio y esparcimiento para las familias necesario para el desarrollo motórico y social de cualquier niño pero el grupo de gobierno de SBT lo ignora por completo”. Han sido incapaces de mantener los que existen, los que están mal los eliminan por completo y nunca más se supo como en la zona de la plaza de Timanfaya entre otros y siguen quedando muchísmos en un estado deplorable de inseguridad para su uso”, argumentó la portavoz del grupo de PP-AV Elena Álamo Vega”.

PP-AV insiste en el estado en el que se encuentra actualmente el parque ubicado en Alejandro del Castillo. Necesita una actuación urgente que permita seguir siendo utilizado por los vecinos  con seguridad, como se puede observar en las fotos que aportamos.

“Ya está bien de vender humo, de buscar falsos culpables, den respuestas y soluciones a las demandas de los vecinos y esta lo es, no es la demanda de un partido político , es la demanda del pueblo, de nuestra gente, actuén, concluyó.”

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La Justicia investiga a Concepción Narváez (PSOE), alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal (CC), ex concejal de Urbanismo del ayuntamiento, Marcelino López Peraza, ex secretario del consistorio, Antonio José Vega, actual jefe de los Servicios Jurídicos de la administración sureña, y a la Junta de Compensación de El Hornillo por una serie de presuntos delitos acaecidos durante la tramitación del Plan Parcial de El Hornillo, un proyecto urbanístico que pretende construir un parque comercial y 300 viviendas en el sur de Gran Canaria y se ha visto plagado de polémicas desde el comienzo. 

En una providencia fechada el pasado 26 de septiembre de 2022, la magistrada Virginia Peña Hernández, del Juzgado de Instrucción Número 3 de San Bartolomé de Tirajana, cita a declarar como querellados a las personas mencionadas, además del representante de la Junta de Compensación de El Hornillo, Carlos Edgar Rial, el próximo 27 de octubre. A estos se les acusa de los delitos de expropiación ilegal, prevaricación, falsificación de documento público, falsedad documental y falsificación de documento privado, desobediencia y denegación a dar cumplimiento a resoluciones judiciales. Por su parte, un portavoz oficial del consistorio ha dicho que “el asunto está sub iúdice” y que “hasta que se produzca la declaración no se adelantará nada”.

El coportavoz Pedro Pablo Medina se satisface del nacimiento de un «nuevo ecologismo reivindicativo» en las islas que tiene como germen el movimiento de oposición de la centrar hidroeléctrica grancanaria.

La plataforma Salvar Chira–Soria vuelve a las calles el sábado 22 de octubre para exigir la paralización de la construcción de la central hidroeléctrica de Gran Canaria, según indica el coportavoz de la organización, Pedro Pablo Medina.

Medina se satisface de la reactivación del  movimiento ecologista que está sucediendo en todas las islas, con el nacimiento de un “nuevo ecologismo reivindicativo” en Tenerife y Fuerteventura, “que no están de acuerdo con el ecologismo clásico y que, muchas veces sirve de apoyo al poder político”.

Sobrecostes de la obra

La Plataforma recuerda los sobrecostes de la obra de la central de Gran Canaria, que ya ascienden a 620 millones de euros y que, según los cálculos de los expertos, podría ascender a más de mil millones de euros “solo por la obra”. A esto se añaden los rendimientos que obtendrá Redeia (antigua Red Eléctrica) en los próximos años. Medina recuerda que los habitantes de la cumbre “se van a quedar sin agua, y durante seis años van a sufrir una macro obra que va a industrializar un barranco”.

Elespejocanario.com

Desde PP-AV nos hacemos eco de lo que está ocurriendo en el pueblo de Aldea Blanca. Los vecinos están muy preocupados por la situación que están viviendo cada día porque han aparecido coches quemados en la vía pública.

Los vecinos temen por su seguridad y reclaman mayor presencia policial ya que es la primera vez que se sienten tan desprotegidos.

“Es importante que el grupo de gobierno de SBT tome serias medidas con este asunto y alerten de esta situación a los cuerpos de seguridad”, afirmó la portavoz de PP-AV Elena Álamo Vega.

Desde PP-AV deseamos atiendan este reclamo vecinal porque es de justicia.

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El grupo municipal PP-AV en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha solicitado esta semana a la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria que habilite un paso de peatones en la carretera GC-500, junto a las paradas de guaguas situadas en el tramo comprendido entre el cruce de El Pajar y el barranco de Arguineguín.

La petición ha sido trasladada al servicio de Obras Públicas e Infraestructuras por el portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria, Marco Aurelio Pérez, quien explicó que se trata de una reivindicación de los vecinos que residen en esta zona del municipio para garantizar la seguridad de los peatones y usuarios del servicio público de transporte interurbano de viajeros.

Según explica PP-AV, este tramo de la GC-500 es una larga recta sin ningún punto señalizado que permita a los peatones cruzar la carretera en condiciones de seguridad, por lo que es necesario adoptar alguna medida de seguridad antes de que haya que lamentar algún accidente. Además, uno de los márgenes de la vía ni siquiera cuenta con acera, lo que hace aún más peligroso el acceso de los vecinos a las paradas de guaguas.

PP-AV ha remitido esta solicitud coincidiendo con los trabajos de reasfaltado que el servicio insular de mantenimiento de carreteras ejecuta estos días en la GC-500, “por lo que el Cabildo grancanario podría aprovechar para atender la reclamación de los vecinos y señalizar un paso de cebra, un paso elevado o cualquier otra solución técnica que se estime conveniente para rebajar la peligrosidad en este tramo de la vía”.

La consejera del Cabildo de Gran Canaria, Gloria Cabrera, tilda de “inaceptable” que el Cabildo de Gran Canaria se haya negado a mediar con el Gobierno de Canarias para que éste inste al Estado a hacer extensiva la gratuidad del transporte regular de viajeros en Canarias. La nacionalista, que presentó una moción hoy con la propuesta, demanda que se equiparen los derechos de los canarios a los de la ciudadanía que reside en territorio peninsular y Baleares. “El gobierno Insular no puede permanecer inmóvil y en silencio ante este atropello. Gran Canarias y Canarias merecen el mismo trato que el resto del territorio del Estado. El Cabildo hace un desprecio a la ciudadanía Canaria al negarse a exigir la gratuidad del transporte regular de viajeros en las Islas”, subraya la nacionalista.

Gloria Cabrera explica que el Estado da a los madrileños o andaluces transporte ferroviario gratuito, “pero a los canarios sólo les cubre el 50% del coste del bono de la guagua, que en Canarias es nuestro tren de cercanías”, señala y añade: “Es preocupante que la corporación Insular no sea capaz de ver esta injusticia y rechace mediar para cambiar el escenario. O aún peor, que sea consciente de la injusticia y que haya decidido ser partícipe”.

En esta línea, la nacionalista puntualiza: “El descuento financiado en la red ferroviaria hasta la gratuidad es una medida de lucha contra la inflación, una realidad que los canarios también estamos sufriendo de igual manera, por ello, no entendemos la discriminación ni diferenciación”. Asimismo, la consejera sostiene: “Ante las colas kilométricas que están sufriendo los grancanarios en la GC-1, con el gasto de gasolina y tiempo que ello conlleva, que de manera irremediable afecta negativamente al bolsillo de la ciudadanía, hoy más que nunca entendía que PSOE, NC y PODEMOS tenían que haber votado a favor de la moción. Han traicionado a los grancanarios votando en contra”. De esta manera, Gloria Cabrera también apostilla que “es curioso que aquellos que se hacen llamar nacionalistas, ahora Canarista, como es Nueva Canarias, no voten a favor de mejorar la calidad de vida de los Canarios”.

La nacionalista recalca que no cesarán en pedir que a partir del 1 de octubre, y hasta el 31 de diciembre de 2022, como en resto del territorio español, los bonos de transporte para uso recurrente sean gratuitos y con las mismas condiciones, en cuanto a uso y gestión ofrece el Estado al resto de ciudadanos de las distintas comunidades autónomas. “Consideramos insuficientes las medidas adoptadas para Canarias. Nuevamente y una vez más, el Gobierno de España vuelve a diferenciar a los ciudadanos por su residencia y el Cabildo de Gran Canaria mira hacia otro lado”.

Un total de 353 inscritos optarán este año a alguna de las quince categorías diferentes contempladas en la cuarta edición de los Premios Canarios de la Música que otorga la Asociación Profesional de Compositores de Canarias (APCC), cuyo jurado anunciará las candidaturas definitivas el próximo 10 de octubre. 

La convocatoria de los Premios Canarios de la Música, organizados por la APCC  y Canarias Radio, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.

Por categorías fueron inscritos a la presente edición, cuya gala de entrega de premios tendrá lugar el 27 de octubre en el Edificio Miller de la capital grancanaria, 68 trabajos en el apartado de ‘Mejor canción del año’, 47 en el de ‘Mejor artista revelación’, 42 en el de ‘Mejor videoclip’, 20 en el de ‘Mejor técnico de sonido’, 20 en el de ‘Mejor diseño’, 19 en el de ‘Mejor disco de jazz y jazz-fusión’, 19 en el de ‘Mejor disco músicas de raíz’, 11 en el de ‘Mejor disco pop y rock’, 9 en el de ‘Mejor programación musical’, 9 en el de ‘Mejor labor de difusión’, 9 en el de ‘Mejor labor en músicas clásicas’, 6 en el de ‘Mejor disco de músicas urbanas’,  4 en el de ‘Mejor música melódica y canción de autor  y, 4 en el de ‘Premio de Honor de la Música Canaria’.

Hay que recordar que estos premios son convocados con la finalidad de celebrar, potenciar y difundir los procesos creativos, los artistas, las obras musicales y la gestión profesional del sector de la música en Canarias.

Una de las novedades de las bases de esta cuarta edición y con el objetivo de otorgarle al certamen la máxima participación, transparencia y equidad, se observa en la composición del jurado, cuya configuración se anunciará en breve, estando compuesto por algunos de los ganadores de las tres ediciones anteriores y una nómina de profesionales de la música cuya trayectoria y prestigio es bien reconocida por el conjunto de la sociedad canaria. 

A través de una aplicación web los miembros del jurado accederán a las inscripciones y votaciones desde el 29 de septiembre hasta el 9 de octubre. Será un día después, el 10 de octubre, cuando se darán a conocer los nominados definitivos de las diferentes categorías

A esta edición de los Premios Canarios de la Música podía presentarse cualquier productor fonográfico independiente isleño y/o artista canario y/o artista no canario residente en Canarias, que aportara grabaciones musicales originales publicadas durante todo el 2021 en régimen de autoedición en el ámbito geográfico del Archipiélago canario. También han podido optar a las diferentes categorías las grabaciones de artistas canarios residentes en el exterior publicadas en régimen de autoproducción o las de artistas canarios publicadas por discográficas o productoras establecidas fuera de Canarias

A la citada edición, cuya gala de entrega volverá este año a celebrarse en el Edificio Miller de la capital grancanaria, se han presentado 22 inscripciones menos que el pasado año, a la que se presentaron 374, con la particularidad, sin embargo, de que la edición del 2021, debido a la pandemia, reunió a todos los trabajos del 2019 y 2020 y 62 más que en la edición de 2019 a la que se presentaron un total de 312.

El pasado 20 de septiembre concluyó el plazo de inscripción de la cuarta edición de los Premios Canarios de la Música. 

Los Servicios Sociales son el conjunto de actuaciones y servicios que desde la administración pública existen para atender las necesidades básicas de las personas en situaciones de vulnerabilidad, al objeto de asegurarles unas condiciones de autonomía, bienestar y una vida digna a través de atención personal, recursos, orientación etc.

En el organigrama del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana la prestación de los diferentes servicios se organiza de manera separada a través de diferentes concejalías como, entre otras, Servicios Sociales o la Concejalía de Igualdad, por un lado nos encontramos diariamente y especialmente en los últimos tiempos, con una cantidad preocupante de personas que demandan atención de la concejalía de servicios sociales y a las que se les está indicando que hasta un promedio de tres meses no se les puede dar cita.

“Desde PP-AV nos preguntamos si el grupo de gobierno es realmente consciente de la desesperación y gravedad de la situación de algunas familias, situaciones de carencia casia absoluta de ingresos para cubrir necesidades básicas alimentarias, y no hablemos de casos que se agravan con enfermedades  o violencia de género, situaciones en las que se ven afectados menores, mayores, mujeres, hombres …. “ afirma la portavoz de PP-AV Elena Álamo Vega.

“Por otro lado, y empeorando la situación más si cabe, nos encontramos con las víctimas de violencia de género, que una vez que se arman de valentía para acudir al auxilio de la administración se encuentran con un panorama no se si igual de desesperante o peor, ya que la concejalía ha sido desmantelada, y que sepamos, tampoco se está prestando el servicio que se venía ofreciendo desde el año 2014 a través de la oficina comarcal de la Mancomunidad de Medianías de la que nuestro municipio forma parte y que disponíamos de sede, reforzando así el servicio que se prestaba desde la concejalía con personal propio y desde la que se ofrecía apoyo legal, psicológico y social” lamenta la portavoz.

 La información que nos han hecho llegar recientemente personas  afectadas, las mujeres que necesitan de este servicio son derivadas a los municipios vecinos de Mogán y Santa Lucía, con lo que ello supone y que desde la empatía podemos entender perfectamente.

 Desde   PP-AV Agrupación de Vecinos exigimos al grupo de gobierno  que  sin excusa y de manera urgente se dote de los recursos necesarios, tanto a servicios sociales como a Igualdad. Nuestros vecinos y vecinas no merecen este trato.