Mes: julio 2025

En pleno siglo XXI, Canarias arrastra un problema sanitario y social que no solo tensiona el sistema de salud, sino que pone de manifiesto una profunda fractura en nuestra arquitectura de cuidados.

Centenares de personas mayores permanecen ingresadas en hospitales públicos sin necesidad clínica alguna, ocupando camas que deberían estar disponibles para pacientes agudos, simplemente porque no tienen adónde ir tras recibir el alta médica.

No se trata de casos aislados ni tampoco hablamos de una anécdota demográfica.

Se trata de una desagrante realidad estructural y crónica, sostenida en el tiempo por una combinación letal de falta de plazas sociosanitarias, retrasos en las ayudas a la dependencia, ausencia de alternativas comunitarias viables, descoordinación entre administraciones y, en muchos casos, abandono familiar o imposibilidad material de cuidados domiciliarios.

La radiografía de un fracaso sistémico resulta muy dolorosa de observar, porque todas las personas atravesaremos la etapa de la tercera edad, pero resulta evidente que el futuro no resulta muy alentador ni tranquilizador a la luz de los datos que hoy se conocen.

Nos queda la gran duda de sabernos atendidos en una situación que se vislumbra tan difícil por falta de voluntad política que todo lo convierte en negocio a través de contratos de servicios concertados, subvenciones y privatizaciones sin edulcorar.

Canarias cuenta con uno de los ratios más bajos del Estado en plazas sociosanitarias por cada mil habitantes mayores de 65 años.

Al mismo tiempo, el envejecimiento poblacional es creciente, la cronicidad se incrementa y las redes familiares tradicionales ya no sostienen lo que antaño era asumido en el entorno doméstico.

El resultado son cientos de camas hospitalarias – más de mil – están ocupadas por personas que no necesitan atención médica especializada, pero que tampoco pueden regresar a sus hogares por carecer de apoyos, recursos o dispositivos intermedios.

Esta situación provoca una cadena de efectos nocivos en la sanidad canaria que ya de por sí tiene deficiencias y la situación lastra las carencias existentes por falta de inversión.

Se genera una saturación de urgencias y plantas hospitalarias. Al tiempo que se produce un aumento de las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas.

La ocupación de las camas hospitalarias conlleva un derroche de recursos económicos públicos al mantener en hospitales a pacientes sin justificación clínica pero que tampoco tienen donde ir o ser derivados.

Se produce un desgaste profesional en el personal sanitario que, además de atender pacientes agudos, debe hacerse cargo de personas en situación de abandono o dependencia sin soporte adecuado.

En esta situación se produce, lamentablemente, una vulneración del derecho a una atención digna, integral y adaptada al perfil de cada persona.

El problema es lo que no se ha hecho desde hace muchos años que pasa factura al sistema sanitario y asistencial público en Canarias y lo que urge hacer. Esta es la cuestión, pues la evidencia empírica está sobre la mesa desde hace más de una década.

Pero la respuesta institucional ha sido insuficiente, lenta y marcada por una visión cortoplacista pero tenemos la obligación de preguntarnos, ¿Qué se requiere para resolver la situación que se cronifica ?

1. Implantación inmediata de una red de recursos sociosanitarios intermedios

Canarias necesita al menos 2.500 plazas residenciales con soporte sociosanitario que actúen como puentes entre el alta hospitalaria y el retorno al entorno familiar o comunitario. Esto incluye residencias medicalizadas, unidades de estancia temporal, centros de convalecencia y viviendas tuteladas adaptadas.

2. Reforma urgente del modelo de gestión de la dependencia

Los procedimientos actuales son lentos, engorrosos e ineficientes, por lo que urge que podamos establecer una ventanilla única sociosanitaria con equipos de evaluación integrados.

Al mismo tiempo hay que trabajar en implementar ayudas transitorias inmediatas al alta hospitalaria, que permitan sufragar apoyos domiciliarios hasta la resolución administrativa completa para que se pueda crear un sistema de asignación automática de recursos tras la valoración de dependencia, sin bloqueos por falta de plazas o convenios.

3. Protocolos obligatorios de alta hospitalaria con derivación sociosanitaria

Todo hospital debe contar con un equipo de transición que coordine cada alta de pacientes dependientes o sin apoyo familiar con los servicios sociales municipales y los dispositivos asistenciales disponibles. Nadie debería salir del hospital sin un plan cerrado de atención posterior.

4. Reforzamiento de la atención domiciliaria profesionalizada

Para muchos casos, el domicilio sigue siendo el mejor lugar para continuar cuidados. Pero eso requiere de equipos multidisciplinares móviles (enfermería, fisioterapia, trabajo social). Así como, la ampliación de las horas del servicio de ayuda a domicilio junto con el acompañamiento familiar y formación de cuidadores no profesionales.

5. Creación de una Estrategia Canaria Integral de Cuidados

No basta con parches. Canarias necesita una estrategia estructural, con dotación presupuestaria estable, evaluación de impacto, indicadores públicos y liderazgo institucional.

La respuesta debe ser transversal desde Sanidad, Políticas Sociales, Vivienda y Hacienda que deben trabajar en una lógica de corresponsabilidad.

No estamos hablando solo de camas. Estamos hablando de vidas. De personas mayores y vulnerables que ven su autonomía anulada, su intimidad expuesta, y sus últimos años de vida atrapados en entornos que no fueron diseñados para vivir, sino para curar.

Transformar esta realidad no es una opción. Es una obligación moral, política y técnica.

Un hospital no es un lugar para vivir. Ni para esperar que la administración reaccione. Canarias necesita liderazgo, decisión y humanidad.

Y lo necesita ya.

Nicolás Cabrera Acosta, presidente de la gestora de Liberación Canaria Lanzarote

La actual ola política ultraconservadora que recorre Occidente ha construido un discurso sobre su modelo de civilización que pretende anclar en la Grecia clásica, la Roma imperial y el Cristianismo. Esta tríada es presentada en términos de un legado histórico y cultural que está amenazado y que debe ser restaurado para combatir la decadencia moral, el multiculturalismo y el cosmopolitismo que, según argumentan, corroen las naciones occidentales.

Obviamente, los promotores de la nueva derecha reaccionaria no apelan a la totalidad histórica de estas épocas, sino a una selección interesada de parte de sus elementos, convenientemente idealizados y reinterpretados para que puedan servir a su agenda política. Así, en la invocación de la Grecia clásica el énfasis se centra en privilegiar un modelo de orden social “espartano”, jerárquico y militarista para fundamentar una concepción de la ciudadanía basada en una «comunidad de sangre y tierra» y en la defensa de sus fronteras contra el «bárbaro». Todo ello con el fin de justificar sus políticas migratorias restrictivas y criticar realidad multicultural de las sociedades contemporáneas.

De la Roma imperial se rescata la idea de la Pax romana basada en un poder centralizado y fuerte capaz de imponer el orden y la ley a través de un extenso territorio. También las virtudes beligerantes y el culto por los ancestros de la tradición romana son promocionados como garantes de su estabilidad, grandeza y duración. Con estas sesgadas visiones lo que se pretende es reivindicar el Estado autoritario, a menudo personificado en un líder dictador, y el retorno a los valores tradicionales.

Finalmente, el cristianismo es presentado como el marco moral común de la identidad cultural europea y occidental, reinterpretando la historia de Occidente como el conflicto civilizatorio de la cristiandad frente a otros credos. Y estos pretendidos «valores judeocristianos» se invocan en oposición a los principios seculares y de igualdad radical provenientes de la Ilustración y de los movimientos políticos democratizantes que han posibilitado las actuales sociedades abiertas y plurales.

La selección de elementos realizada por la ultraderecha es, ante todo, un acto falaz de anacronismo y de descontextualización interesada de la complejidad y contradicciones de esas épocas históricas. Y así lo pone en evidencia la crítica histórica y el análisis sociológico. De hecho, las polis de la Grecia clásica -incluida la oligárquica “democracia ateniense”- eran fuertemente jerárquicas, extremadamente masculinistas y brutalmente represivas ya que se sostenían explotando una vasta población de personas esclavizadas. También el clasismo, el patriarcalismo y el esclavismo caracterizaban a la Roma imperial. No obstante, socialmente no era ni racial ni culturalmente «pura», pues la ciudadanía romana no era un concepto étnico, sino legal y político, concebido estratégicamente para garantizar la lealtad y la administración de su vasto imperio.

Así mismo, la apropiación del cristianismo como un marcador de identidad cultural y nacionalista entra en conflicto directo con la sanguinolenta historia europea de luchas intestinas de religión y de cismas de ruptura del dogma. Y, aun con sus trasnochados elitismo y antifeminismo, los principios teológicos cristianos, que, al menos en el Libro, son de carácter universalista y basados en la compasión con los pobres y los marginados, también chocan con el discurso reaccionario de odio al extranjero, de justificación de la desigualdad social y de exaltación de la violencia.

Por lo que, manipulaciones aparte, el modelo civilizatorio que propone la ultraderecha es, así mismo, intrínsecamente antidemocrático, pues se opone al principio fundamental de la igualdad de toda la ciudadanía ante la ley, a la deliberación y debate públicos, al consenso y a la protección de las minorías, rechazando el reconocimiento y la coexistencia legítima de diferentes valores, creencias y formas de vida en una misma sociedad.

Tras los discursos supuestamente edulcorados de Giorgia Meloni o recios de Santiago Abascal se esconde la misma peste: un ultra autoritarismo que, como siempre, se disfraza de rigor moral y va a la caza de incautos e irresponsables entre la ciudadanía para conseguir implantar la supremacía irrestricta de los poderosos a los que sirven, mediante la opresión y la explotación de los pueblos a los que, hipócritamente, dicen defender. Este es un reaccionarismo extremo que se ha acrecentado en las últimas décadas gracias a los continuados incumplimientos democráticos y las corruptelas políticas de los partidos pretendidamente moderados que llevan turnándose en el poder. Por lo que no cabe la tolerancia con sus promotores, ni la complacencia con sus facilitadores.

Xavier Aparici, filósofo y experto en gobernanza y participación