En estos días se ha escrito y hablado de la posibilidad de prohibición de venta de viviendas en Canarias a extranjeros. Ha sido el ex vicepresidente del Gobcan, Román Rodríguez, quien ha expuesto su preocupación al respecto de un asunto de relevancia e importancia para la realidad social canaria, por las dificultades existentes para que la población local pueda acceder a una vivienda.
No voy a valorar su oportunismo, temporal y político, al hacer pública su reflexión en un momento de crispación y desequilibrio social muy serio con respecto a este tema.
Echamos en falta en su análisis, el camino real a la solución del problema y, en parte, el análisis obvia algunos datos importantes que hay que exponer con claridad meridiana para comprender el fondo de la cuestión y entender lo que no se atreve a mencionar como única solución posible. Tal Vez sea porque quizás no lo sepa.
Actualmente, en Canarias vivimos un problema que crece anualmente y está causando de graves problemas con la vivienda para la población local.
Hemos de exponer algunos datos para entender la situación. Existe una necesidad de 40 mil viviendas VPO para los/as isleños, a precio asequible, pues los salarios en Canarias no permiten grandes lujos, ni para llegar a fin de mes.
Recordemos que los salarios, de aquí, están un 20% por debajo de l media de España y un 32% por debajo de la media de la UE. Este dato, por sí solo, nos debiera servir para una seria reflexión del estado de nuestro mercado laboral.
Todos los análisis indican que los bajos salarios en nuestro País Canario junto al elevado coste de las viviendas son la causa principal de la situación de pobreza.
Por otro lado, nos encontramos con que las Instituciones Canarias han mirado a otro lado durante los últimos 20 años y han dejado de proponer suelo público para construir vivienda social. Han alimentado con su pasividad el monstruo de la actual situación, de la que ahora se lamentan.
Hemos de recordar que en los últimos 5 años han venido a establecerse a Canarias unas 113 mil personas procedentes desde España. Personas que evidentemente, necesitan vivienda Esta demanda genera más escasez de vivienda y hace que los precios suban. No hemos sido capaces de generar con España una legislación que nos permita protegernos.
Por otro lado, nos encontramos con los ciudadanos que proceden de la UE, del orden de 25 mil personas cada año. También demandan vivienda para establecerse y vuelven a encarecer la oferta pues disponen de niveles adquisitivos más altos que los canarios y canarias.
España no quiso contemplar en nuestra integración en la UE, un acuerdo especifico de limitación de Residencia en Canarias para no vernos sometidos a las tensiones sociales y territorial que sufrimos hoy.
La propia incapacidad de nuestros políticos para haber exigido estas medidas proteccionistas, han hecho que hoy la situación sea imparable con el actual estatus de las RUP.
Los datos nos alertan, ponen sobre la mesa un serio problema que ocasiona un desequilibrio poblacional , que está fracturando socialmente y dificultando el acceso a la vivienda por su encarecimiento para la población local. Población que no puede competir con el poder adquisitivo de quienes vienen de fuera a establecerse aquí.
El peor de nuestros males es que no se han tomado las medidas necesarias para valorar, con objetividad, el daño que, a su vez, se ocasiona en diferentes áreas sociales y económicas de nuestra tierra. Los niveles de superpoblación son reales, a la vez que insostenibles en el tiempo.
Este establecimiento libre de personas , se debe principalmente a varios aspectos importantes a tener en cuenta.
Uno de ellos es que Canarias está integrada de Pleno Derecho en la Comunidad Europea, y por lo tanto, los principios o libertades que son el eje básico del Tratado Fundacional de la Unión Europea, deben aplicarse sí o sí.
Estas libertades que nos vienen impuestas por nuestra integración son las siguientes:
Libertad de Establecimiento, Libertad de Circulación de Personas, Libertad de Circulación de Trabajadores, Libertad de Prestación de Servicios, Libertad de Movimiento de Capitales.
Estamos, por tanto, obligados a cumplir estos mandatos de la UE y cualquier ciudadano de la comunidad de la unión europea puede comprar, invertir, trabajar, prestar servicios o establecerse en Canarias a vivir o invertir o prestar servicios y, hoy por hoy, resulta imposible prohibir ninguna de éstas opciones.
Por otro lado, nos encontramos con los nómadas digitales, que alquilan viviendas y no pagan impuestos aquí pero consumen nuestros servicios, los cuales costeamos nosotros.
Consumen más energía, generan más basuras y residuos, más contaminación por uso de vehículos, usan nuestra sanidad pública canaria que se ve saturada. Es un suma y sigue continuado.
Hubo, y hay, responsables del Gobcan que iniciaron campañas promocionales para atraer a este segmento de personas a laa islas, como si ello no tuviese repercusión alguna sobre el equilibrio y armonía de convivencia social.
Otro caso es la de aquellos turistas que ,descubriendo el paraíso, deciden comprar una vivienda para disfrutar sus futuras estancias. Pero durante el período que están fuera o ausentes, la destinan al alquiler vacacional.
Es decir, especulan con la vivienda, obtienen ganancias que las reciben en su país de origen y tampoco tributan aquí un céntimo, pero nosotros hemos de prestarles todo tipo de servicios.
Dado que con el actual estatus, no podemos frenar que 440 millones de ciudadanos de la Unión Europea decidan mudarse a Canarias, amparados en el Derecho Comunitario y el TFUE,
La pregunta a responder a la sociedad desde la honestidad es :
¿Cómo podemos resolver esta situación sin perder la condición de disfrutar de la ciudadanía de la Unión Europea así como acceder a los diferentes programas de inversión y desarrollo ?
Siendo sinceros, hemos de responderle a la sociedad canaria que el único camino para protegernos de este desequilibrio, que se torna insostenible a cada año que pasa, es cambiar el modelo o acuerdo de asociación con la Unión Europea.
¿Cuál sería el modelo?
El modelo de relación que nos permitiría afrontar éste y otros problemas que se generan, es el de consideración de País y Territorio de Ultramar – PTU.
Este acuerdo de asociación como PTU está contemplado en el Tratado Fundacional de la Unión Europea. Se encuentra especificado en la parte cuarta del Tratado. Es legal y legítimo. No es una figura inventada. Existe y está plasmada con su articulado en el TFUE.
Es la única vía para poder frenar este problema y otros. Es el camino a seguir porque nos brinda el poder seguir siendo considerados ciudadanos de la UE y disfrutar de una relación específica que salvaguarde nuestros intereses como territorios limitados, frágiles.
Recordemos que buena parte de nuestro territorio tiene la consideración de Espacios Naturales protegidos, Parques Nacionales, Zonas de Especial Interés o conservación , Reservas de la Biosfera, amplio catálogo de endemismos y una riquísima biodiversidad terrestre y marina, que algunos se empeñan en olvidar o les cuesta comprender para ponerlo en valor y darse cuenta que aquí no cabe todo el mundo, ni somos el patio particular de nadie.
Todo ello nos obliga a reconsiderar cómo y de qué manera debemos relacionarnos con la Unión Europea y España para no salir dañados.
Los acuerdos deben ser siempre beneficiosos para las dos partes que lo firman. Cuando no sucede así, los acuerdos deben revisarse.
Si somos serios, no podemos mentir a la sociedad y decirle que dentro del modelo de las RUP, podemos resolver este asunto primordial para Canarias porque Europa tiene mecanismos para ello. No es serio sabiendo que no es cierto.
El único mecanismo hoy, es cambiar el estatus actual y pasar de ser considerado Región Ultraperiférica – RUP – a País y territorio de Ultramar – PTU.
Todo lo demás que se diga al respecto, es como usar las pistolas de mixtos o fuegos artificiales para hacer ruidos, como las ristras de petardos que usábamos de pequeños para jugar.
La realidad es que hace falta valentía para mirar a los ojos a la sociedad canaria y explicarles con detalle el camino a seguir.
Ricardo González Roca Fonteneau, Secretario Nacional de Organización Liberación Canaria
