El Gobierno de Canarias no está conforme con el deslinde del dominio público marítimo terrestre de 1.415 metros entre Melenara y Salinetas, en Telde, publicado por la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, e iniciará las actuaciones para que el Estado dé marcha atrás y mejore las condiciones de algunas de las viviendas afectadas por el mismo.
El director general de Costas de Canarias, Antonio Acosta, recuerda que a finales de 2022 ya el Gobierno de Canarias «informó negativamente al deslinde planteado por el propio Estado, proponiendo modificaciones que se podrían recoger y mejoraban la situación de viviendas y los vecinos de la zona», y que finalmente no se han atendido.
Acosta afirma que tras analizar el documento publicado en el Boletín Oficial del Estado de ayer «como deslinde definitivo», el Gobierno canario entiende que «es mejorable» y por ello aprovechará todas aquellas vías articuladas para mejorar el trazado final.
El deslinde del dominio público marítimo terrestre entre Melenara y Salinetas publicado por la Dirección General de la Costa y el Mar, asevera el director general de Costas de Canarias, «contiene errores, como la ubicación de un edificio que ya no existe en la zona porque fue demolido», pero además, tiene la «posibilidad de mejorar mucho la situación de algunas de las propiedades de la zona».
Primero, un requerimiento
Como primera medida, el Gobierno de Canarias iniciará el requerimiento a ese deslinde para intentar llegar a un acuerdo con el Estado y «que el procedimiento planteado sea aceptado». En el caso de que esto no ocurra así, «seguiremos el procedimiento de reclamación del Gobierno por otras vías».
Las administraciones públicas cuentan con un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Por su parte, los vecinos que se agruparon en fases anteriores de este expediente administrativo prefieren mantener la prudencia por ahora y anuncian que estudiarán el documento que el Estado quiere que sea definitivo, así como las medidas que se tomarán a partir de ahora para garantizar el futuro de sus propiedades con su abogado. El problema, apuntan, en algunos tramos las edificaciones ocupan parte del espacio de servidumbre de 20 metros. Los vecinos disponen de un plazo de un mes para interponer un recurso de reposición ante la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o de dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Tampoco ha querido manifestarse al respecto el Ayuntamiento de Telde, que aplaza su pronunciamiento hasta que haya estudiado el documento publicado por el Estado.
Esther Medina (laprovincia.es)
