Un vecino de Telde ha solicitado por escrito a la Fiscalía que investigue la posible «filtración interesada» a la prensa digital de noticias sobre sucesos que ocurren en la ciudad que requieren la intervención de la Policía Local. Según la documentación a la que ha tenido acceso ONDAGUANCHE, estos hechos suponen una «vulneración» de los principios básicos de actuación de la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El escrito denuncia que estas supuestas filtraciones, además de atentar contra la privacidad e intimidad de los afectados, suponen una violación de su imagen personal, vehículo o inmueble (por citar sólo algunos ejemplos), ya que se están divulgando en prensa fotos de sucesos de forma sistemática, infringiendo los principios más elementales de celo profesional, privacidad, imagen, derecho a la intimidad y confidencialidad.
La denuncia habla de «imágenes supuestamente tomadas por la Policía Local en el lugar del suceso (incluso a los pocos minutos del mismo), y pasadas sobre la marcha a determinados medios digitales (vía whatsapp o correo electrónico)». Dicho de otra manera, las fotos no pasan por un gabinete de comunicación y son difundidas a los medios en general después de un correcto tratamiento de los hechos según los criterios de trascendencia y noticiabilidad, sino que se envían a determinados medios digitales de forma unilateral sin definir bien qué criterio, o interés, sigue este procedimiento. Se pretende descubrir a los autores de esta mala praxis, «cualquiera que sea su función profesional” y abrir procedimiento legal si se estima oportuno.
Cabe destacar que la denuncia lleva adjunta archivos protocolizados y copias compulsadas de diferentes publicaciones en medios digitales de Telde de numerosos sucesos con intervención de la Policía Local de Telde y divulgados sin procedimiento ni mediación de gabinete de prensa o departamento de comunicación alguno.
La filtración de atestado, imágenes y difusión de datos por parte de la Policía Local y su posterior publicación por medios de comunicación es un delito castigado por el Código Penal, según establece el artículo 65.5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, prosigue su tramitación con arreglo a lo dispuesto en el Título VIII de la mencionada ley orgánica –Procedimientos en caso de posible vulneración de la normativa de protección de datos–.
El denunciante insta a la Fiscalía a ordenar el inicio de actuaciones previas de investigación a fin de lograr una mejor determinación de los hechos y circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento, toda vez que el funcionario policial tiene el deber de sigilo con la información que maneja y si lo incumple puede ser sancionado disciplinariamente o incluso condenado penalmente.
Lo que dice la Ley
Infringir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) contempla sanciones que oscilan en función de los derechos personales que se hayan visto dañados, los beneficios obtenidos, el grado de intencionalidad y/o la reincidencia o los perjuicios causados a las personas afectadas por los mismos. Una violación de la seguridad de los datos se produce cuando los datos de los que ustedes son responsables sufren un incidente de seguridad que da lugar a la violación de la confidencialidad, disponibilidad o integridad de los datos.
En España suele defenderse numantinamente la esfera de la propia intimidad y datos personales pero cuando se trata de datos manejados por la Administración, muchos funcionarios de buena fe cree que pueden hacer un favor divulgándolos impunemente. Y no es así. Es interesante la precisión del Tribunal Supremo de que no solo se castiga penalmente violar la información secreta sino la “información privilegiada” y ésta es la que no resulta de libre acceso al público.
