Como avanzó ONDA GUANCHE hace unos días, el próximo 15 de noviembre del presente año, llega a los juzgados de lo social, el proceso selectivo de conductores de Guaguas Municipales y lo hace con traje de gala, vestido de opacidad categórica para la ocasión.
A los demandantes del proceso, no les ha quedado más remedio que acudir a los tribunales, en vista de la flagrante desatención de las instituciones, de la empresa municipal y del Ayuntamiento capitalino. Tras la celebración de los exámenes, Guaguas Municipales recibía un récord histórico de reclamaciones, que entre las que se presentaron antes y después de la mal llamada revisión del examen, se situaban en torno a 450 reclamaciones, superando los 2/3 del total de los aspirantes que se quedaban fuera del proceso selectivo en la fase de los exámenes psicotécnicos.
Es más, es -cuando menos “significativo”- que en la dilatada historia de Guaguas Municipales sea la primera vez que se impugna por un grupo tan numeroso de candidatos un proceso de selección para conductores.
Guaguas Municipales subcontrataba, con dinero público, a una empresa tinerfeña para la realización de las pruebas de evaluación, EMPLEA. Esta empresa, según los demandantes, fue la responsable de numerosas anormalidades evaluativas; entre ellas, destaca el incumplimiento de la normativa de corrección de un test oficial psicotécnico, dando puntuación a una prueba que no se podía puntuar, ya que esta se califica solo como apto o no apto. Además, esta empresa externa burla la norma de corrección a varios niveles, dado que se produjo en la prueba con más valor, nada más y nada menos que un 75% de la puntuación total, 22,5 puntos de 30 puntos.
Por otro lado, esta prueba aparece en las bases como una prueba de carácter no eliminatorio, pero en la realidad es la que ha dejado fuera a un numeroso grupo de aspirantes, que teniendo mejor perfil que el perfil mínimo exigido, quedaban eliminados; dándole carácter eliminatorio a la prueba no eliminatoria. En definitiva, se puntúa con cero puntos los mejores perfiles, saltándose el criterio de capacidad de cualquier proceso público.
Para más inri, las bases de la convocatoria no reflejaban la puntuación de cada una de las pruebas. Tampoco se mencionaba por ningún lado de las bases, qué se pedía a los candidatos como perfil mínimo exigido. Una clara ambigüedad en las bases redactada por parte de la entidad convocante que puede reflejar una problemática obvia a la hora de establecer las listas de los aspirantes aprobados; puesto que, si no se publica la distribución de los puntos de cada prueba ni el perfil exigido a priori, después a posteriori, cualquier modificación de dicha distribución de puntuación o cualquier modificación del perfil exigido, provoca diferentes resultados de listas de los aspirantes que prosiguen. Y esto, desde luego, no se lo puede permitir un proceso selectivo público convocado por una empresa pública, propiedad del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria.
El lunes 31 de mayo de 2021, la empresa EMPLEA, incurrió en el incumplimiento de otra ley, esta vez la de consumo, al negarse a dar hojas de reclamaciones a los aspirantes que acudieron a las oficinas a solicitarlas. Ante el desconcierto generalizado, los aspirantes allí presentes llamaron a los efectivos policiales para ejercitar su derecho. Y en lo que llegaban a las oficinas estas unidades, sucedió el esperpento: la administrativa y la secretaria encargadas de la revisión de los exámenes, por orden telefónica directa de un superior, abandonaban la oficina, cerrando las puertas en la cara de los aspirantes y saliendo corriendo literalmente. Tal cual. Los demandantes acreditan poseer el informe policial de lo ocurrido. ¿Por qué actuó de esta manera está empresa contratada con dinero público?, ¿qué tipo de empresa profesional realiza estos actos?, ¿qué será lo que les motivaba a huir de esta manera? Supuestamente si una empresa ha realizado todo correctamente, no se debe dar esta serie de comportamientos esperpénticos. Así y todo, cuesta creer después de lo ocurrido, que desde Guaguas Municipales y el Ayuntamiento, se siga asegurando que se han contratado a auténticos profesionales.
Es más, ¿cómo es posible que una empresa pública, que se debe al derecho público, realice una convocatoria pública que burle el criterio de mérito y capacidad?, ¿cómo qué han seleccionado a los que han querido? Una empresa pública no puede seleccionar a quien quiera, dicho en otras palabras, no puede utilizar criterios arbitrarios; sino que debe seleccionar a los de mayor perfil y a los que mejor hayan realizado los exámenes.
Con respecto a los criterios, los demandantes afirman que han pedido los criterios de evaluación primeramente en EMPLEA en la revisión, al portal de Transparencia Estatal, al Portal de Transparencia Estatal y de Buen Gobierno, al Diputado del Común, al Defensor del Pueblo, al Comisionado de Transparencia de Canarias, al Portal de Transparencia del Gobierno de Canarias, al Portal de Transparencia de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, y reclamaciones al Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria; remitiéndole cada uno de estos portales, la petición de criterios de evaluación a Guaguas Municipales. Y, ha pasado ya más de un año de estas peticiones, todavía no han recibido ningún demandante dichos criterios de evaluación.
Un cargo directivo de la empresa de transporte municipal, comentaba en la radio que: …» << Criterios hay que tener >>»… Pero aquí la cuestión no es si hay que tener o no criterios, porque está claro que sí hay que tenerlos; sino que la cuestión fundamental es, ¿dónde están esos criterios de evaluación?, ¿por qué no se les han remitido a los solicitantes, en cumplimiento de la Ley de Transparencia? La Ley de Transparencia Canaria rige que cualquier ciudadano tiene derecho a recibir cualquier documento que esté en poder de la administración. Otra cosa es que dicha administración pública no los tenga en su poder. Sin embargo, ¿qué proceso selectivo público no tiene criterios de evaluación?, y, si realmente están en poder de la administración, ¿por qué no los ceden a los solicitantes? Pasado ya más de un año de haberlos solicitado a la administración a través de los portales, los demandantes aseguran seguir esperando dichos criterios de evaluación. Inadmisible se mire por donde se mire.
Otro aspecto singular que reivindican los demandantes, es que los políticos no se dignan a recibirlos. Dichos demandantes, antes de acudir a la vía judicial, intentaron resolver la situación pidiéndoles audiencia al director de Guaguas Municipales, al alcalde de la ciudad y últimamente al integrante de Nueva Canarias, Don José Eduardo Ramírez Hermoso, presidente del Consejo de Administración y concejal de Movilidad del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. La respuesta a los demandantes de estos sujetos a las peticiones de reuniones, ha sido inerte, debido a que la única respuesta recibida ha sido la del silencio administrativo. Es muy frecuente, en los políticos actuales, oírlos decir que reciben a las personas y a los colectivos, ver como se llenan la boca de transparencia, escucharlos estar comprometidos con los problemas de los ciudadanos, …pero en este caso del proceso selectivo a conductor de Guaguas Municipales, nada de nada. Inacción total. Ni resuelven, ni atienden, ni dan los documentos públicos pedidos a través de los portales de transparencia.
Les encanta también llenarse la boca con la sostenibilidad, ciudad sostenible y mejoras de la accesibilidad con el proyecto de la metroguagua. Pero nada de hablar de este proceso selectivo judicializado, de donde van a salir los conductores potenciales de la metroguagua,.
Las espadas están por todo lo alto, y en el interior de los juzgados se resolverá una situación que parece que los políticos se han empeñado en buscar. Con su silencio, opacidad y espaldarazo a decisiones cuestionables, han dado pie a que la vía judicial, sea la única vía posible. Si se decreta la nulidad, todos los conductores que han salido de esta bolsa de empleo, tendrán que dejar de trabajar en la empresa, y los seleccionados que aún no están trabajando, dejar de aparecer en dichas listas. Los demandantes afirman ir muy fuertes con pruebas contundentes.
