El alcalde de Telde, Héctor Suárez, mantuvo una reunión con la diputada y portavoz de la Comisión de Derechos Sociales del grupo Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias, Cristina Valido, con el objetivo de que se promueva una iniciativa parlamentaria que inste al Gobierno de Canarias a exigir al Estado la flexibilización de la normativa que no permite gastar el dinero del superávit en la mejora de la atención de los servicios sociales, y con ello, la contratación de más personal que permita una atención integral y digna a las familias en riesgo de exclusión social, pero por contra dispone que estos fondos sí pueden ser destinados al pago de los bancos o de sentencias judiciales.
Héctor Suárez apuntó a que la contratación de más personal para atender las demandas ciudadanas en el área de Servicios Sociales es una cuestión “inaplazable” y subrayó: “El número de solicitudes de atención en este departamento se incrementa en más de cincuenta solicitudes semanales, esto es por encima de la capacidad de gestión que nos ofrece el músculo administrativo del que disponemos”. Añade, además, que “toda esta situación produce una dificultad que viene dada por el hecho de que aunque se incrementen las partidas económicas, si no disponemos de recursos que nos permitan gestionarlos, no sirve para nada”.
Asimismo, para ejemplificar, el alcalde mencionó la Prestación de Inserción Canaria (PCI), cuya tramitación municipal está por encima de los dos meses y de cuatro en el caso del Gobierno de Canarias. “Esto quiere decir que una familia sin recursos y en situación de vulnerabilidad tiene que esperar como mínimo medio año para poder recibir la ayuda”, un hecho que tachó de “intolerable”, y añadió: “No podemos olvidar, además, que Telde es uno de los municipios con mayor tasa de desempleo de la isla, una cifra que se sitúa por encima de los 11.000 parados”.
Suárez pide a todos los municipios canarios que se encuentran en la misma situación a “unir fuerzas” con el objetivo de que el Gobierno de Canarias inste al Estado a impulsar una flexibilización de la Ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, para que permita gastar el dinero del superávit en la contratación de personal que dé respuesta “a las necesidades inminentes en materia de asuntos sociales y atención a los ciudadanos y familias más vulnerables”.
Por su parte, Cristina Valido anunció que presentará una iniciativa parlamentaria en este sentido y añadió: “ A través de la Ley de Servicios Sociales de Canarias que impulsé y fue aprobada durante mi periodo como consejera del Gobierno de Canarias en la legislatura pasada, incorporamos una disposición, que además salió como propuesta de la Mesa de Concertación Social, mediante la cual aquellas familias sin ingresos y con menores a su cargo tienen derecho a recibir la PCI al menos hasta que su situación cambie”. Valido explicó tambié
