El modelo de gestión de asistencia social en Agüimes del entonces alcalde y ahora presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, tiene luces y sombras. En la penumbra aparece la firma de contratos con ancianos con escasos recursos económicos con los que se comprometía Antonio Morales -en una ambigua redacción como si fuera él en nombre propio y no como alcalde- a darles cobijo, alimentación y cuidados en la residencia de mayores del municipio. A cambio reclamaba a los nuevos residentes o a sus familiares que abonaran la totalidad del coste del servicio y, además, que dejaran en depósito inmuebles para garantizar el pago de las cuotas.
Cuatro de esos contratos, sellados en 1996, 2000, 2001 y 2009, años en que Morales era regidor del municipio del Sureste -estuvo 28 años al frente de la corporación- evidencian una redacción cuanto menos atípica, pues en ciertas partes de los documentos Antonio Morales habla en nombre propio y no de la institución que dirige. Por ejemplo, en los escritos reza: «Antonio Morales se compromete a dar alojamiento, alimentación y cuidados a (…)», seguido del nombre de quien requería estar en la residencia de mayores de Agüimes, personas cuyas firmas al final de los contratos, suscritos también por Morales, reflejan sus dificultades para poder escribir.
En estos documentos se establecen las cláusulas para recibir los servicios: el coste total de la residencia y el reconocimiento de que el solicitante carece de los recursos económicos mínimos para cubrir la totalidad de las cuotas. En algunos casos no llega con las pensiones y ningún familiar se hace cargo de las deudas. Por eso, en los contratos los nuevos residentes ponen como depósito sus viviendas o inmuebles como aval. De esta forma se aseguran el abono íntegro de las cuotas.
Así, en uno de los contratos del año 2001 se especifica que el marido, en representación de su esposa, se compromete a pagar el 100% del coste de la plaza -pues los recursos de ella son insuficientes- mediante transferencia a una cuenta del Ayuntamiento de Agüimes y que «en el supuesto de impago de las mensualidades por el servicio que se le presta a su esposa» se pone a disposición del «Ayuntamiento de la Villa de Agüimes la vivienda ubicada en (…), sobre la cual se obliga a establecer una manda o legado a favor del Ayuntamiento, que presentará en el plazo de un mes».
En otro de los contratos, del año 2000, se expone que la nueva persona que ingresa en la residencia ha de pagar el coste real de la estancia, alimentación y cuidados con la aportación del 75% de la pensión que percibe, por no contar con ingresos suficientes, y que mediante «la firma del documento asume y reconoce la deuda ya generada y la que en el futuro se generará por las prestaciones recibidas en la residencia, que se saldarán con carácter anual, previa liquidación, con cargo a sus propios bienes», en favor del Ayuntamiento. En este contrato se recoge además una referencia catastral de un inmueble urbano del demandante del ingreso en la residencia.
En otro de los documentos del año 2009, referente a una señora, se le pide que pague el coste total de la plaza -730 euros mensuales-, que puede cubrir con sus recursos económicos, pero «las deudas que no sean satisfechas en periodo voluntario se exigirán mediante el procedimiento de apremio». Estos son ejemplos de los contratos suscritos por Antonio Morales durante su mandato como alcalde en Agüimes, municipio que rigió desde 1987 a 2015, antes de ser presidente del Cabildo de Gran Canaria, por un pacto con el PSOE y con dos concejales no adscritos que pertenecían a Podemos.
La gestión de la residencia de mayores está en el ojo del huracán después de que el pasado 3 de septiembre el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria de Agüimes emitiera una sentencia que obliga al Ayuntamiento del Sureste a devolver 29.184,80 euros a una vecina interna en la residencia de mayores, a causa del cobro indebido de prestaciones de dependencia por su plaza pública en el centro municipal entre enero de 2014 y julio de 2016.
El fallo revela una polémica distribución de abonos y subvenciones públicas en la residencia de la que siempre ha presumido y puesto como ejemplo el líder insular de Gran Canaria. La sentencia se emitió en el marco de un conflicto administrativo con casi una decena más de residentes afectados y el Cabildo de Gran Canaria junto al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) como codemandados.
El juez recuerda que el documento suscrito en febrero de 2012 por la demandante con el Ayuntamiento para el ingreso y prestación de los servicios de la residencia de mayores especificaba que la cuota inicial de 1.200 euros mensuales se reduciría si recibía una subvención de dependencia. Aunque el reconocimiento de la dependencia severa (grado II y nivel II) se obtuvo en agosto de 2009 y el derecho al servicio residencial en julio de 2012, otorgados por el Gobierno de Canarias, la vecina abonó la mensualidad íntegra durante casi dos años por el carácter innominado de las subvenciones percibidas hasta entonces.
El Ayuntamiento intentó compensar tras la denuncia los cobros indebidos por lo que la residente afectada solo paga 7,72 euros diarios (231,6 mensuales) desde julio de 2016 gracias a una tasa municipal, que según el propio Gobierno local es una «práctica administrativa de difícil por no decir nulo encaje legal».
Otras seis familias aguardan por la resolución de sus recursos contencioso-administrativos y estudian denunciar por la vía penal la práctica irregular del Ayuntamiento por el sobrecoste abonado entre principios de 2014 y mediados de 2016. Aunque solo denunció la mitad ante los juzgados, los cobros indebidos a personas dependientes en la residencia de mayores Villa de Agüimes perjudicaron a 13 familias usuarias del recurso sociosanitario, según coinciden en sus cálculos fuentes consultadas tanto en el propio Ayuntamiento como en la oposición en el Cabildo grancanario.
Explicaciones
Tanto Coalición Canaria como el Partido Popular han venido exigiendo desde la oposición insular al presidente del Cabildo explicaciones por las presuntas irregularidades detectadas en la residencia de mayores durante su última etapa al frente del Ayuntamiento de Agüimes. Unas denuncias que Morales atribuía a meras discrepancias administrativas.
El presidente del Cabildo insistió tras el fallo en que el Ejecutivo autonómico no había elaborado la propuesta de copago y, por lo tanto, «una residencia de carácter municipal no tenía por qué soportar a cargo del resto de los usuarios lo que el Gobierno establece que se tiene derecho» por la Ley de Dependencia.
«En una residencia de 60 plazas con la mitad de las personas con declaración de dependencia y no pagan ¿quién paga las plazas? ¿el Ayuntamiento? ¿el resto de los usuarios? ¿cerramos la residencia?», se cuestionó el presidente del Cabildo de Gran Canaria. A su juicio, la ejemplar gestión en la residencia de la tercera edad de Agüimes no sólo era defendida por el grupo de gobierno municipal sino también por los técnicos del consistorio.
En el pleno del Cabildo de hoy se va a tratar este asunto. El dirigente popular Carlos Ester adelantó ayer que su formación preguntará a Morales si la institución insular es «cómplice» de esos hechos, por el convenio que mantiene con el Ayuntamiento de Agüimes. «Queremos saber qué va a hacer Morales con su propia situación personal, porque para el PP no puede estar ni un minuto más al frente de la primera institución de la isla», expone Ester, cuyo grupo reclama la renuncia del presidente insular.
La Provincia-Dlp
