El Grupo Parlamentario Podemos Canarias ha presentado este jueves ante la Fiscalía una denuncia contra el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; y el ex consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial; Domingo Berriel, “por la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos tipificados en los artículos 404, 430 y 432 del Código Penal”.
“Hemos detectado indicios de que se han podido desarrollar malas praxis y delitos graves en la gestión pública en las obras de la carretera del Norte de La Palma el período en el que Domingo Berriel era consejero de Obras Públicas y cuando lo pusimos en conocimiento del actual vicepresidente y titular de la Consejería, Pablo Rodríguez, ha querido mirar hacia otro lado, y nosotros no queremos hacer lo mismo”, ha asegurado la secretaria general y portavoz parlamentaria de Podemos Canarias, Noemí Santana.
La base de la denuncia, como ha explicado el diputado Manuel Marrero, está en la alerta que el propio vicepresidente Rodríguez hizo en sede parlamentaria cuando anunció que abrió expediente “por graves irregularidades” en las obras de la carretera C-830 de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda por el Norte, tramo Los Sauces-Cruz del Castillo, “y luego lo dejó caducar” pese a que el propio Consejo Consultivo emitió un informe “dando un varapalo enorme” a la Consejería por los expedientes de licitación de la carretera del Norte de La Palma.
20 millones sin justificar
Según Marrero, “estamos hablando de cantidades de dinero que superan los 20 millones de euros, sin justificar”, pues “la obra decreció un 32 por ciento y sin embargo, su presupuesto aumentó casi un 67 por ciento”, lo que supera con mucho el sobrecoste legal del 50 por ciento permitido por la nueva Ley de Contratos Públicos aprobada por el Gobierno del Partido Popular (PP).
“Nos tememos, por la propia información que dejó caer el vicepresidente González en la Comisión del Parlamento, que el coste final aumente, porque hasta este momento desconocemos la cuantía de la obra, por lo que el sobrecoste puede ser incluso muy superior a ese casi 67 por ciento, lo que constituye una irregularidad más”, insistió.
Según consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía “salta a la vista que se han tomado toda una serie de decisiones administrativas de forma arbitraria y contrarias a la ley”, como deja patente el Interventor General de la Consejería, y “muy probablemente hayan sido detectadas y advertidas por técnicos de la Administración autonómica, dado que se tratan de burdas y palmarias infracciones, extremo que deberá aclararse durante la investigación”.
Estas actuaciones estaban orientadas a “favorecer económicamente a la UTE contratista” (Acciona Infraestructuras S.A.-Horpa S.L.-Lopesan Asfaltos y Construcciones S.L.) “a costa de erario público”.
Precisamente, Santana ha afirmado que la puesta en marcha de la Oficina Antifraude que ha propuesto crear al presidente Fernando Clavijo, “servirá para detectar casos como este”, toda vez que “el sistema de alertas tempranas que se está utilizando en la Comunidad Valenciana detecta y avisa que un modificado de obra supera lo que la Ley marca y se puede estudiar si hay irregularidades o posibles delitos”.
En el escrito presentado por el Grupo Parlamentario Podemos Canarias se incide en que “la propia actitud” del vicepresidente “a la hora de tramitar la revisión de oficio para declarar la nulidad del contrato demuestra su falta de interés en que se declare la misma”, en primer lugar, “agotando el plazo para solicitar el informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias”, que solo pudo declarar la caducidad del procedimiento, y en segundo lugar “no acordando el inicio de un nuevo procedimiento de revisión de oficio”, por lo que “pudiera resultar responsable el actual consejero de Obras Públicas” y ‘número dos’ del Gobierno que preside Fernando Clavijo.
Ralentizar y dejar que prescriba
“Lo curioso es que es el propio vicepresidente y consejero de Obras Públicas quien, cuando entra en la Consejería, abre un expediente por graves irregularidades, pero supongo que inmediatamente todos sus asesores y alrededores le caerían encima y le dirían que eso había que calmarlo y ralentizarlo para dejar que prescriba, y eso hizo”, argumentó Marrero.
Tanto Santana como Marrero han recordado que a Podemos Canarias “nos preocupa que el dinero público se utilice de forma perversa, que se pierda o que se entregue a amistades y no se dedique a las finalidades de las personas que pagamos ese dinero con nuestros impuestos”.
Por tal motivo, el Grupo Parlamentario también ha solicitado al Gobierno “toda la información” de las licitaciones de obras llevadas a cabo “en los últimos diez años” en Canarias, con el fin de “conocer de una vez cual era el precio inicial y a cuánto han ascendido los sobrecostes” de la última década.
“Es inconcebible que este tipo de malas prácticas se den en la función pública en nuestras Islas y queremos prevenirnos de alguna manera porque ahora, si al final se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, puede venir mucho dinero para carreteras y nos tememos que, con las prisas para inaugurar antes de mayo de 2019, pueden ocurrir mil chapuzas, por lo que hay que poner el ojo vigilante sobre el Gobierno de Canarias”, ha concluido.
