Florentino López Castro

En Telde llevamos dos años circulando más por la resignación que por el asfalto. Dos años en los que los baches han sido más constantes que las soluciones, y en los que muchos vecinos han acabado con el coche destrozado y el ánimo igual: suspensiones reventadas, llantas dobladas y talleres llenos de vehículos esperando —todavía— a que el seguro del Ayuntamiento responda. Mientras tanto, la vida cotidiana sigue, esquivando socavones como si fueran parte del paisaje urbano.

Ahora, el alcalde Juan Antonio Peña anuncia en su Instagram que “en unos días comienza el Plan de Asfaltado de Telde, que llegará a todos los barrios”. La frase suena bien. Es más: suena a alivio. Pero también suena a déjà vu. Porque anuncios ha habido muchos, y asfalto… bastante menos. Y porque lo que se espera no es un titular, sino una obligación cumplida con el dinero de todos.

Según el anuncio, dos empresas avanzarán por el municipio: una arrancará en Caserones (Anzofé, Alfambra, Plaza y Norte) y la otra se centrará en Jinámar. El alcalde lo califica de “éxito”. Los ciudadanos, en cambio, responden con una mezcla de ironía y cansancio: ya era hora. No se trata de una concesión extraordinaria ni de una obra heroica; se trata de mantenimiento básico. De seguridad vial. De respeto a quien paga impuestos y necesita llegar a casa sin dejar medio coche por el camino.

El contraste duele. Mucho dinero en fiestas —que nadie discute como parte de la vida social— y muy poco en asistir a los ciudadanos cuando la mala gestión de la comunicación y el mantenimiento de las carreteras termina costándoles dinero de su bolsillo. Porque cuando el bache rompe, el taller cobra hoy; la indemnización municipal, si llega, lo hace mañana… o pasado mañana. Y en ese intervalo, el vecino paga.

Por eso la pregunta es inevitable: ¿de qué asfalto habla el alcalde? ¿De un plan integral y duradero o de simples parcheos para tapar la boca a los ciudadanos? Porque parchear no es planificar. Poner capas finas sobre problemas estructurales no arregla nada; solo aplaza el enfado. Y en Telde el enfado ya ha tenido tiempo de madurar.

“Comenzamos el año con una buena y deseada noticia. Finalizamos enero con las máquinas ya asfaltando”, dice el mensaje. Ojalá sea verdad. Ojalá no sea otro capítulo de anuncios repetidos. Ojalá las máquinas no pasen como pasan las promesas: rápido y sin dejar huella. Porque el asfalto que llega tarde no se convierte en éxito por aparecer en Instagram, sino por mantenerse firme cuando pasan los coches… y los años.

La ciudadanía no pide milagros. Pide carreteras seguras, planificación seria y menos propaganda. Pide que el asfalto no sea noticia, sino normalidad. Y que, por una vez, el Ayuntamiento llegue antes que el taller.

Juan Santana, periodista y locutor de radio

Hoy no habla un trabajador ni un agente. Hoy habla un niño. Un niño que, como tantos otros, se fue a dormir la noche de Reyes con ilusión. Un niño que llevaba años portándose bien, obedeciendo, cumpliendo normas, trabajando cuando se le pedía y creyendo que, si hacía bien las cosas durante tanto tiempo, los adultos acabarían cumpliendo su palabra. Ese niño es el policía municipal.

Durante meses —en realidad, durante años— escribió su carta con cuidado. No pidió juguetes caros ni caprichos. No pidió privilegios ni favores. Solo pidió herramientas para poder trabajar, medios para ayudar al vecino y un mínimo de coherencia entre lo que se promete y lo que realmente se entrega. Pidió respeto por su trabajo y por el servicio público que representa.

La mañana de Reyes llegó. El niño se levantó temprano, con nervios y esperanza. Pero al llegar al árbol descubrió que lo que había debajo no era lo que había pedido. Había mucho papel de colores, muchas fotos, muchas publicaciones en redes sociales… pero los regalos reales no estaban.

Las primeras decepciones no tardaron en aparecer. Las horas extraordinarias que el niño trabajó con esfuerzo y buena fe no estaban allí. Se trabajaron, se acumularon, se prometieron y luego desaparecieron. Cada adulto ofrecía una explicación distinta, hasta que el niño empezó a entender que aquello no era un error puntual ni un problema administrativo aislado, sino una forma habitual de funcionar. Y así, poco a poco, empezó a dejar de creer.

También había pedido algo muy concreto: una grúa. Se la habían descrito tantas veces que casi podía verla. Nueva, moderna, eficaz. Lleva años oyendo que está “en camino”, anunciada una y otra vez en redes sociales. Pero la realidad es mucho más dura: Telde no dispone de grúa operativa. Y cuando un vecino pide ayuda porque un coche bloquea su vado, no puede ir a trabajar, llevar a un familiar al médico o simplemente salir de su casa, al niño se le cae la cara de vergüenza. Porque somos personas, somos empáticos, y es imposible no comprender la frustración de quien paga sus impuestos —no baratos precisamente— y descubre que el mismo Ayuntamiento que se los cobra no pone las herramientas necesarias para que la Policía pueda prestar un servicio efectivo. No es falta de voluntad policial: es abandono institucional.

En su carta, el niño también pidió herramientas para estudiar y hacer bien los deberes. En su caso, un vehículo de atestados digno, un parque móvil operativo y equipos informáticos que funcionaran. Pero al desenvolver los regalos se encontró con un vehículo de atestados con más de treinta años de antigüedad, una flota de vehículos policiales envejecida y continuamente averiada, y con ordenadores obsoletos, lentos y bloqueados de forma habitual. No se trata de pedir coches nuevos ni lujos innecesarios: se trata de que los vehículos arranquen, circulen y no pasen más tiempo en el taller que en la calle. Hoy, demasiadas veces, el servicio se presta con coches que entran y salen del taller sin solución definitiva, reduciendo patrullas y dejando a los agentes atados de pies y manos.

A todo ello se suma la falta de herramientas tecnológicas básicas. Cada informe se convierte en una espera interminable, cada trámite en una pérdida de tiempo. Horas y horas mirando una pantalla congelada, frustración acumulada y trabajo que no sale como debería. Pero el problema no es solo el hardware. Falta software policial moderno y funcional. No existen aplicaciones adecuadas para las unidades de atestados ni para el resto de unidades operativas, ni sistemas ágiles que permitan trabajar de forma coordinada y eficaz. Tampoco se dispone del acceso necesario a bases de datos municipales que permitirían comprobar información esencial para el servicio diario. Datos que existen en el propio Ayuntamiento, pero a los que la Policía no puede acceder con normalidad para realizar su trabajo. Así, tareas que podrían resolverse en minutos se eternizan sin sentido. Ese tiempo no solo desgasta al niño: es dinero público tirado a la basura, porque se pagan jornadas completas sin que los efectivos puedan rendir como deberían por culpa de unos medios que, lejos de ayudar, estorban.

El niño también pidió algo que creía básico: que las normas se cumplieran. Que las ordenanzas no fueran solo papel bonito. Sin embargo, ve cómo se vende en redes sociales un Telde limpio, campañas con la empresa Valoriza, camiones nuevos, tractores limpiando playas y contenedores relucientes. Pero cuando un ciudadano ensucia una calle, arroja basura o escombros, el niño solo puede levantar actas que acaban sistemáticamente en el cajón del olvido. No se tramitan, no se sancionan y no tienen consecuencia alguna. Se vende limpieza, pero se practica la dejación. Y esa dejación reiterada, consciente y prolongada en el tiempo empieza a parecer algo más serio que una mala gestión.

Y es en ese momento cuando el niño empieza a comprender algo todavía más grave. Empieza a darse cuenta de que, en este sistema, cumplir las normas o saltárselas tiene prácticamente la misma repercusión. Que las ordenanzas no están pensadas para controlar ni molestar, sino para garantizar la convivencia, el respeto mutuo y el derecho básico de cualquier ciudadano a vivir en paz y en armonía con los demás. Pero cuando esas normas no se aplican, cuando los expedientes no se tramitan y las sanciones no llegan, el mensaje que se transmite es devastador: da igual hacer las cosas bien que hacerlas mal.

El resultado es perverso. Quien respeta, quien cumple, quien intenta convivir, acaba siendo el perjudicado. Y quien ensucia, invade, incumple o se salta las reglas de convivencia sale beneficiado, porque aprende que no pasa nada. Que no hay consecuencias. Que basta con ignorar la norma para imponerse sobre los demás. Así, sin decirlo abiertamente, se protege al infractor y se abandona al ciudadano honesto. Y el niño, que representa a la Policía, queda atrapado en medio, sin herramientas para defender a quienes sí creen en la convivencia y el respeto al prójimo.

La historia se repite con la ordenanza de playas, muy bonita sobre el papel e inexistente en la práctica. Con la de tenencia de animales, donde el incumplimiento es la norma y la sanción una rareza. Con actividades clasificadas, donde se manda al niño a comprobar licencias que muchos locales no tienen ni pagan, generando un caos administrativo absoluto. Y con urbanismo, donde el niño aprende pronto que no manda la norma, sino el teléfono, el favor y el compadreo entre quienes deberían dar ejemplo.

Y en el caso de las playas, la incoherencia alcanza niveles difíciles de justificar. Durante meses, Telde ha sufrido cierres reiterados de playas por contaminación marina. Ante cada episodio, el Ayuntamiento ha optado por señalar públicamente a una empresa concreta como responsable, sin que exista veredicto firme, resolución definitiva ni juicio previo que determine quién es realmente el causante de esos vertidos. Se culpa primero y se investiga después, si es que se investiga.

Mientras tanto, apenas se contempla en el discurso oficial la posibilidad de que el origen de esos problemas esté en deficiencias estructurales de la propia gestión municipal: redes obsoletas, mantenimiento insuficiente, vertidos incontrolados o una falta histórica de inversión y control. Resulta mucho más cómodo buscar un culpable externo que asumir responsabilidades propias.

Todo ello ocurre mientras se vende a la ciudadanía una supuesta lucha firme por la protección del medio marino y terrestre. Un relato bonito, ecológico y muy publicable. Pero la realidad que vive el vecino es otra muy distinta: las ordenanzas de playas no se hacen cumplir, las infracciones se toleran, los abusos se normalizan y el respeto al entorno queda al arbitrio de quien quiera respetarlo. De nuevo, se favorece al que hace las cosas mal y se castiga al que intenta cumplir.

No se puede hablar de defensa del medio ambiente mientras las normas que lo protegen no se aplican. No se puede exigir civismo cuando la administración es la primera en mirar hacia otro lado. Y no se puede pedir confianza cuando se reparten culpas sin pruebas y se evita asumir errores propios.

A esto se suma el esperpento de los vehículos abandonados. Años haciendo informes, años notificando, años dando explicaciones al vecino que nunca se cumplen, porque la realidad es que esos vehículos no se retiran ni se llevan al tratamiento correspondiente. La Policía hace su trabajo, pero la gestión municipal no hace la suya, y los coches siguen ahí, ocupando espacio, degradando barrios y ofreciendo una imagen lamentable. Y lo más surrealista de todo: un auténtico cementerio de vehículos municipales detrás de la estación de guaguas. Se le exige al vecino que retire su coche mientras el propio Ayuntamiento mantiene un vertedero de vehículos abandonados. Difícil de explicar y aún más difícil de justificar.

Pero el niño también pidió seguridad para los vecinos. Y ahí el regalo fue especialmente cruel. Las calles de Telde están llenas de baches, auténticos socavones que provocan accidentes a diario. El niño acude una y otra vez a siniestros causados directamente por el mal estado de la vía. Vehículos dañados, personas lesionadas, situaciones que se repiten constantemente. Y el niño se pregunta si de verdad se está esperando a una desgracia mayor para hacer algo. Si hace falta que alguien pierda la vida para asumir responsabilidades.

Con el paso del tiempo, el niño descubre que también existen llamadas mágicas. Que a golpe de teléfono se ordena actuar o no actuar. Que se cambian criterios sobre la marcha y se improvisa constantemente. Que no hay mandos claros ni protocolos definidos. Cada jornada se convierte en una función de teatro improvisado, donde lo importante no es hacerlo bien, sino no molestar… y, sobre todo, que la escena quede bien para la foto.

Porque en este teatro lo fundamental no es resolver los problemas del vecino, sino vender la imagen de que se hace algo. Detrás de cada gesto “bonito”, de cada acto de supuesta “buena fe”, hay una cámara disparando una y otra vez, buscando el ángulo correcto, la sonrisa adecuada y la instantánea que permita mantener entretenido —y engañado— al pueblo. No hay altruismo ni vocación de servicio: hay marketing político. Se actúa no cuando hace falta, sino cuando hay foto; no donde más se necesita, sino donde mejor se ve. Y así, mientras se posa para la propaganda, los problemas reales siguen ahí, sin resolver, acumulándose en silencio.

Y luego están los niños nuevos en la clase. Niños que llevaron hechos sus deberes hace ya mucho tiempo. Todos han superado con creces las 1.200 horas de trabajo, han aprobado todo lo que se les ha exigido y han cumplido cada requisito legal. Sin embargo, no han firmado nada. Solo se les ha dicho, una y otra vez, que iban a firmar. Desde septiembre se les viene asegurando que el trámite estaba hecho, que era cuestión de días, que ya estaba todo encaminado. La última promesa, hecha directamente, fue clara: antes de que acabara el año estaría todo resuelto.

El año terminó y no se firmó nada. Pero lo más triste no fue el incumplimiento, sino el silencio posterior. No hubo explicación, no hubo reunión, no hubo una sola palabra para tranquilizar a ese gran grupo de personas que viven con una preocupación constante, con familias a la espalda, hipotecas, hijos y proyectos de vida pendientes de una firma que nunca llega. Poco le costaba dar la cara, explicar la verdad y asumir la responsabilidad.

Pero ni siquiera eso. Otra promesa rota. Otra muestra de abandono institucional.

Al final de la mañana de Reyes, el niño entiende que los Reyes no eran como se los habían contado. Que muchas promesas eran solo palabras bonitas. Y ahora, además, empieza a ver venir nuevas promesas, porque queda poco más de un año para la próxima legislatura. Promesas que llegan después de haber incumplido tantas, sin siquiera tener la decencia de sentar a esos niños y explicarles la verdad. Porque cuando alguien se esconde, normalmente es porque teme. Y porque la confianza tarda mucho en ganarse y muy poco en perderse.

Porque hay algo más que tampoco se suele contar. Esta no es solo una profesión con un horario y un salario. Es una profesión que se ejerce desde la implicación y, muchas veces, desde la vocación. El niño no cumple solo para recibir algo a cambio; cumple porque cree en lo que hace, porque entiende que su trabajo tiene sentido, que sirve para ayudar al vecino, proteger al débil y sostener la convivencia. Pero cuando las promesas se incumplen una y otra vez, cuando el esfuerzo no encuentra respaldo y el trabajo bien hecho no tiene consecuencias reales, no solo se pierde la ilusión. Se va apagando algo mucho más serio: la vocación. Y cuando a alguien que cree en su trabajo se le enseña que da igual hacerlo bien que hacerlo mal, lo que se rompe ya no es una fantasía infantil, sino el orgullo de servir.

Este texto no es para pedir más juguetes. Es para decir que estamos hartos. Que solo queremos trabajar dignamente. Que no somos piezas políticas ni moneda de cambio. Que han roto la ilusión de quienes se han portado bien durante años. Y que cuando un niño deja de creer, lo que se rompe no es la fantasía, sino la confianza en quienes deberían dar ejemplo.

Y ojalá esta carta no acabe, una vez más, en el cajón del olvido.

Un niño que creyó en los Reyes (un trabajador del servicio) Ayuntamiento de Telde