Las obras de la segunda fase de la carretera de La Aldea, en Gran Canaria, ya podrían haber comenzado aunque los gobiernos de Canarias y de España no hayan logrado aún firmar el convenio de carreteras. La nueva vía, que conecta el barrio de El Risco con el municipio de Agaete, tiene un presupuesto de 228,8 millones de euros a invertir entre los años 2018 a 2024, y ésa es la excusa del vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, para justificar que la obra no esté adjudicada y que los trabajos no hayan comenzado. Así lo aseguran diferentes fuerzas de la oposición.
“Ellos pueden cambiar la fuente de financiación”, asegura la diputada socialista Patricia Hernández, “cuando el papel vaya a Intervención en lugar de poner fondos del Estado, se ponen fondos de la Comunidad Autónoma”. Así, Hernández explica que en el momento en el que se firme el convenio de carreteras, se hace el cambio en el documento pasando la financiación a los fondos del convenio, procedentes del Ejecutivo estatal, “es sencillo”.
La presidenta del grupo parlamentario de Nueva Canarias, Esther González, advierte que desde el año pasado preparó una proposición no de ley (PNL) en la que se instaba a que se hiciera constar como fuente de financiación la Comunidad Autónoma para la adjudicación de la segunda fase de la carretera de La Aldea, ya que “se suponía que antes de diciembre (de 2017) el convenio estaría firmado”. “Cuando se firme el convenio lo único que se tiene que hacer es cambiar la fuente de financiación”, recuerda.
Un convenio atravesado casi dos años
La firma del convenio de carreteras es una de las asignaturas que se le han atravesado al consejero de Obras Públicas desde que llegó a su cargo en la primera semana de enero de 2017. En una de sus primeras intervenciones aseguró que la firma llegaría antes del verano con el fin de poner en marcha todas las obras pendientes en las islas. Llegó el mes de junio de ese mismo año y Rodríguez afirmó que ya había entrado en su fase final. “Hemos avanzado mucho y sólo estamos pendiente del Ministerio de Hacienda”. Parecía que, al fin, se iba hacer realidad la firma que la mayoría de los canarios esperaban.
Acabó el verano de 2017 y el acuerdo no llegó. El 15 de noviembre de ese mismo año, 10 meses después de que el consejero tomara posesión, volvió a hacer el anuncio: el 20 de noviembre habrá una reunión con el Ministerio de Fomento de la que se espera salir con una fecha concreta para firmar el nuevo convenio.
Tan sólo unos días después de que el consejero hiciera esas declaraciones, el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), respondió a la senadora de Coalición Canaria María del Mar Julios, compañera de partido de Pablo Rodríguez, en una sesión de control al Gobierno del Senado, que seguía esperando a que el Gobierno de Canarias enviara la documentación sobre la financiación que quiere para cada uno de los convenios. “A partir de recibir esta documentación sólo quedan trámites”, dijo de la Serna, desmintiendo, así, al líder de CC en Gran Canaria cuando manifestó que sólo esperaba por el ministerio.
Llegó junio de 2018 y pocas noticias hubo del convenio de carreteras, lo único claro era que aún no existía. Un mes de cambios. Tras la moción de censura de Pedro Sánchez (PSOE) a Mariano Rajoy (PP), el socialista se convertía en el nuevo presidente de España. Desde ese momento, según el Ejecutivo canario, el Partido Socialista sería el nuevo responsable del retraso en la firma del convenio de carreteras.
Los líderes de CC en las islas acusan al Gobierno de Sánchez de no tener a Canarias como una de sus prioridades y exigen al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, “que se ponga a ello”. Tanto Rodríguez como Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, no han ocultado su malestar por el retraso de la firma y creen que el proceso de adaptación del nuevo Gobierno está entorpeciendo el trámite. El número dos del Ejecutivo canario asegura que desde las islas ya se “habían hecho todos los deberes” y que hay “falta de voluntad” por parte del Estado. Sin embargo, desde el Gobierno central defienden que los atrasos son atribuibles al plazo en el que llegó la documentación desde Canarias. “Hasta hace dos semanas aún estaban enviando papeleo”, aseguran diferentes grupos de la oposición en las islas. La diputada de NC, Esther González, apunta a que desde el Ejecutivo regional ahora se culpa al PSOE, que es el que está en Madrid, pero recuerda que “antes estaba el PP y el convenio tampoco se había firmado”.
A todo esto, desde Fomento, en voz del ministro y del director general de Carreteras se han expresado las ganas por agilizar el trámite del nuevo convenio. Fue en una visita de Ábalos a la isla de La Palma en el mes de agosto cuando aseguró que su departamento tiene “toda la voluntad” para transferir a Canarias el importe total de los recursos.
Ahora, con el mes de noviembre en curso y sin convenio de carreteras, desde la Consejería de Obras Públicas insisten en que el Gobierno estatal es el culpable de que no esté en marcha y que obras como la carretera de La Aldea, el cierre del anillo insular en Tenerife, La Calderetera-Aeropuerto, en Fuerteventura, y Los Llanos-Tijarafe, en La Palma no se puedan adjudicar. Sin embargo, desde la oposición recalcan que si podría seguir hacia adelante a pesar de la falta de la firma, tal y como hizo la consejera de Políticas Sociales, Cristina Válido, con el convenio plurianual de dependencia (2018-2021) desde el mes de julio y que cuenta con un presupuesto de 450 millones de euros.
La prueba, los fondos de dependencia
“La prueba de que sí pueden hacerlo y no hace falta la firma es que hay un convenio plurianual de dependencia”, reitera Hernández. La socialista explica que la responsable de esa área lo ha hecho y, aunque es cierto que el Estado no es la fuente de financiación principal, sí suma una importante cantidad de dinero. “Tendrán algún problema y se escudan en la que la culpa es de Madrid”, señala.
“Y el problema es ahora cuando dicen que falta adjudicar, pero si se hubiera firmado el convenio en enero no hubiera estado adjudicada La Aldea porque no tenían las cosas hechas”, recalca Hernández. No fue hasta el 29 de enero de este año cuando el Boletín Oficial de Canarias (BOC) hacía pública la orden emitida por la Consejería de Obras Públicas y Transportes por la que se sometían a información pública las expropiaciones necesarias para construir la segunda fase de la carretera de La Aldea.
La diputada nacionalista Esther González denunció en ese momento que el procedimiento ordinario elegido por CC par las expropiaciones necesita “mínimo seis meses para su conclusión”. Tras esa publicación en el BOC se abría un período de 20 días hábiles en el que se podían presentar alegaciones a los efectos de subsanar posibles errores en la descripción material y legal de lo mismos. A partir de ese momento desde el área se aceptarían las que sean necesarias y se denegará el resto para pasar a la valoración de los terrenos hasta adjudicar el justiprecio a cada uno de ellos. “Ese procedimiento les puede llevar entre seis y ocho meses”, aseguró González, quien se muestra crítica con que se eligiera el procedimiento “más lento” para una obra de “interés general”, que es el de ocupación por la vía ordinaria frente a la de la urgente ocupación.
El 27 de julio, seis meses después, se publicó el concurso de la segunda fase de la carretera de La Aldea, a partir del cual las empresas contarían con un plazo máximo de 30 días para presentar sus ofertas en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Ahora, Rodríguez dice que hay cuatro ofertas que se están estudiando desde su consejería. “¿Por qué no tenía todo ese proceso hecho ya?”, se cuestiona González, la diputada subraya que en el caso concreto de la segunda fase de la carretera de La Aldea aún no está acabado el proceso, “le queda un mes y pico de procedimiento”. “Si hoy tuviera el convenio firmado y le dieran el dinero, no podría firmar ni La Aldea ni ninguna”, sentencia.
pasado 25 de octubre Fernando Clavijo se reunió con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa y celebró el “desbloqueo” de la agenda canaria. Además, anunció que se adquirieron compromisos como la firma del nuevo convenio de carreteras a lo largo del mes de noviembre. Una nueva oportunidad para que los responsables políticos canarios cumplan la promesa que hicieron ante el pueblo de La Aldea de San Nicolás el 3 de julio de 2017, en la inauguración de la primera fase de la vía, de que las obras comenzarían en 2018 ya que “el pueblo de La Aldea no puede esperar más”, en palabras del presidente canario. O para que Rodríguez demuestre la preocupación que mostró unos días antes de presentarse como consejero en enero de 2017: “Está claro que con La Aldea no hay discusión”, dijo en una entrevista.
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