Ha sido uno de los procesos más rocambolescos vinculado a la corrupción (presunta) en los últimos años en Canarias. Pero son demasiados los años. Tanto, que el considerado por la jueza instructora y el fiscal ‘hombre de paja’ de Obiang en España, el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, demandará al Estado por una cadena de dilaciones indebidas en la causa que alcanzará la friolera de diez años.
Hoy sigue en Las Palmas de Gran Canaria, de donde tiene prohibida la salida a la península, mientras espera auto de procesamiento o sobreseimiento de este interminable proceso. Es lo que acaban de solicitar sus abogados, que no sólo en el investigado sino en el caso de su mujer e hijo aprecian que la investigación penal que se ha llevado a cabo no ha confirmado con la suficiente intensidad los hechos supuestamente delictivos, lavado de dinero de 20 unos millones de euros que llegaron a pasar por una sucursal de la capital grancanaria fruto de los negocios en el sector naviero de Kokorev con Guinea Ecuatorial. A estas alturas de las pesquisas, se le ha trasladado a la juez que su acusación no es “fundamentada ni seria”.
Otro de los motivos por los que la defensa de Kokorev, que lleva el letrado y ex fiscal José Antonio Choclán, aterrizará en breve en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es la realización de la denominada ‘investigación prospectiva’. En este sentido, la justicia comunitaria evaluará si más allá de una investigación sobre blanqueo de capitales, sobre la vida de Kokorev, su mujer y su hijo se ha llevado a cabo una “investigación general en busca de conductas con apariencia delictiva”.
En un reciente escrito que ha terminado en el juzgado de instrucción nº5 de Canarias se recuerda la posición mantenida por el ex Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, asegurando que la justicia “ha de focaliar su esfuerzo en combatir conductas que presenten los caracteres de delito (…) deben por ello desecharse las investigaciones generales generales o prospectivas dirigidas a la búsqueda de “algo” que pudiera ser un indicio de delito (…) y la exploración sin soporte real del posible hallazgo de eventuales infracciones penales”.
Otro de los elementos que aterrizarán en el TEDH es el relativo a la documentada mediante informes periciales ‘manipulación’ de los dispositivos informáticos por la UDYCO canaria. Fue en su momento la propia Audiencia Provincial de Las Palmas la que exigió a los agentes la entrega de los volcados de esos dispositivos (dando por sentado que se habían hecho), una entrega que -tras apercibimiento- tardó tres meses en llevarse a cabo.
La sorpresa fue mayor cuando los propios agentes confesaron que no habían llevado a cabo el volcado de dispositivos de acuerdo a los protocolos reglamentarios, sino que habían copiado, sin garantías de cadena de custodia, aquello que les parecía relevante directamente de los ordenadores incautados.
El daño económico producido por la ‘justicia lenta’
El letrado Antonio José García Cabrera, que lleva la defensa de la esposa de Vladimir Kokorev, Julia, asegura que “el archivo de la causa permitiría no sólo poner fin a la injusticia que se ha producido y continúa produciéndose” sino que frenaría “la reclamación ante el TEDH en Estrasburgo para la obtención de la compensación” correspondiente, que en este caso se eleva provisionalmente hasta los 200.000 euros.
Uno de los motivos para el archivo reside en las denuncias de manipulación policial sobre el material informático incautado y con el que se ha incautado a Vladimir Kokorev, por operaciones en el sector naviero en la capital de la antigua colonia española, Malabo, que datan de hace quince años.
A través de análisis periciales se ha acreditado ante la jueza De Vega y el fiscal Del Río que “indicios de manipulación indebida”, lo que ha provocado que “la prueba quede destruida a todos los efectos prácticos por los indicios de alteraciones (…) sin estar documentado “cómo y por qué se produjeron éstas”.
Vladimir Kokorev pasó durante más de dos años por la prisión canaria de Juan Grande, según se va a acreditar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “sin estar acusado en concreto”. En los últimos años, España ha sido condenada en numerosas ocasiones por el TEDH por dilaciones indebidas, teniendo que resarcir los daños producidos por actuaciones de los tribunales.
Las defensas del empresario hispano-ruso, al que recientemente le han colocado cuatro bypass, aseguran que ya su detención pudo haber sido utilizada “como un medio prospectivo de obtener información, sobre la base de que cuando más se prolongara, más posibilidades había de que el acusado se viniera abajo”, pudiendo allanar el camino de una instrucción que, tras la última prórroga, podría completarse… en 18 meses más.
Redacción Onda Guanche
