Durante este año 2018 y el próximo año 2019 se van a cumplir 25 años desde la entrega de un importante número de viviendas de promoción pública en régimen de arrendamiento a vecinos de nuestra ciudad que, por sus condiciones sociales y económicas, optaron a esta posibilidad y resultaron adjudicatarios de la misma. Algunos arrendatarios de esas viviendas de promoción pública ya han sobrepasado ese límite temporal en años anteriores, cumpliendo con la cuota mensual estipulada por el Gobierno de Canarias hasta alcanzar el importe total del valor de la vivienda e incluso superándolo, pero la mayoría de ellos lo harán durante este ejercicio y el próximo. Nos referimos a grupos de viviendas como los comprendidos por las de Caserones Altos o El Caracol.
La Ley 2/2014, de 20 de junio, de modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, modificó el apartado 5 del artículo 48, estableciendo que: “El Gobierno de Canarias, atendiendo a las circunstancias sociales y económicas, favorecerá el acceso a la propiedad de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias que se hubieran adjudicado en régimen de arrendamiento, deduciéndose del precio de venta, los importes acumulados por el pago de rentas de alquiler abonadas por los arrendatarios que vayan a acceder a la propiedad de las viviendas, previa solicitud de los mismos y estudio económico de la unidad familiar por parte del Instituto Canario de la Vivienda. Si las personas arrendatarias solicitan el acceso a la propiedad de otra vivienda titularidad de la Comunidad autónoma susceptible de venta, también aquellos tendrán derecho a que se les aplique sobre el precio de compra las deducciones equivalentes al pago de rentas abonadas por alquiler hasta el momento de la resolución del mismo, en los términos que se determine reglamentariamente Además de ello, muchos de los contratos iniciales de arrendamiento social establecidos entre la Administración y los arrendatarios fueron objeto de un anexo que legitimaba la opción de compra mediante una estipulación específicamente destinada a ese fin: “Legitimada la opción de compra, la vivienda objeto de este contrato podrá ser adquirida en compraventa, una vez que la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, del Gobierno de Canarias, dicte la correspondiente Orden Departamental”. Fue a principios de la anterior década ―años 2001-2004― cuando se suscribió ese anexo, impulsado entonces por la consejería correspondiente, hoy dependiente de Bienestar Social. Sin embargo, esa orden departamental nunca ha sido dictada.
Asimismo, el Decreto 114/1999, de 25 de mayo, por el que se fijan las condiciones de venta y se establece la subvención para la adquisición de las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, acogidas a los Planes Canarios de Vivienda I y II, que fueron adjudicadas en régimen de alquiler, tiene como objeto determinar las condiciones en que las viviendas de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias acogidas a los Planes Canarios de Vivienda I y II, y que fueron entregadas a sus adjudicatarios en régimen de alquiler, puedan ser ofrecidas en venta a los mismos, estableciéndose la opción de compra, la ampliación de la vigencia de los contratos de arrendamientos y las subvenciones para su adquisición. El decreto es muy claro en los requisitos que deben cumplir los beneficiarios, así como en las deducciones de las cantidades abonadas por el pago de las cuotas satisfechas en concepto de rentas de alquiler.
A pesar de todo lo expuesto, con los antecedentes legales incluidos, la realidad es que no se están haciendo efectivas las entregas de las escrituras en propiedad a los arrendatarios que tienen derecho a ellas y que ni tan siquiera se ha habilitado mecanismo alguno para ello por parte del Gobierno de Canarias. En esta situación se encuentran miles de vecinos de Telde, vecinos que están empezando a movilizarse y a tocar en las puertas de las Administraciones solicitando amparo para que su derecho a las escrituras pueda materializarse. Estos arrendatarios no saben nada al respecto, no reciben información por parte de la Administración competente, algunos pagan por plazas de garaje que no pueden usar por estar clausurados, se les incluye la cuota del IBI en los recibos de arrendamiento sin que luego se transfiera a nuestro ayuntamiento, IBI que es adeudado por la Administración regional a nuestra entidad local.
Optar a una propiedad de esta naturaleza, tras décadas abonando un alquiler del que no han podido obtener valor añadido alguno en términos de patrimonio, supondría un notable incremento en la calidad de vida de estas familias – inquilinos. Disponer de las escrituras de sus viviendas les supondría la posibilidad de actuar con lógica autonomía y obtención del deseado rédito que proporciona cualquier propiedad. Por ello, ante lo que supone un problema de gran importancia para estas familias del municipio, el Ayuntamiento no debería quedar al margen. Además, debemos atender al carácter social y condición económica de estas familias, condición que posibilitó que fueran adjudicatarios de estas viviendas, por lo que el apoyo de la Administración local en ese proceso está más que justificado.
Por todo ello, en aras de apoyar a las familias adjudicatarias de viviendas de promoción pública en régimen de arrendamiento en el término municipal de Telde que tienen el legítimo derecho a obtener las escrituras de propiedad de las mismas, el Grupo Municipal Popular eleva al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
1.- El Ayuntamiento de Telde insta al Gobierno de Canarias a proceder a la entrega de las escrituras de propiedad a los arrendatarios de las viviendas de titularidad pública situadas en el término municipal de Telde que han cumplido el plazo de arrendamiento recogido en sus contratos, haciendo efectivas las disposiciones legales aprobadas al respecto.
2.- El Ayuntamiento de Telde habilitará mecanismos de asesoramiento, información y acompañamiento a las familias adjudicatarias de viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento dependientes del Gobierno de Canarias ubicadas en el término municipal que están intentando ejercer su derecho de acceder a la propiedad de esas viviendas.
3.- Que se cree una mesa de trabajo con representación de las diferentes promociones de estas viviendas representante del Excmo. Ayuntamiento de Telde Y Gobierno de Canaria, para marcar una agenda de trabajo con acciones concreta.
