El Ayuntamiento de Telde aprobó ayer en un pleno extraordinario, con una amplia mayoría de votos, la resolución del contrato del derecho de superficie sobre las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta adjudicado a Parque Comercial y de Ocio La Mareta, SL. Y no solo eso, sino el inicio de un procedimiento para reclamar a Julián Gómez del Castillo, administrador único de esta entidad, los daños y perjuicios que este contrato haya supuesto para los intereses públicos.
El grupo de gobierno contó con el apoyo de Unidos por Gran Canaria y Partido Socialista para sacaron adelante la propuesta presentada por la concejala de Contratación, Celeste López, de revocar el contrato al empresario por no abonar las dos primeras cuotas del canon exigido, más de 14 millones. Partido Popular y los dos miembros del grupo de No Adscritos se abstuvieron, mientras que tanto los cuatro ediles de Más por Telde como la excaldesa María del Carmen Castellano no asistieron.
Este hecho fue destacado por la alcaldesa, Carmen Hernández, quien afeó la conducta de partido liderado por Juan Francisco Artiles por no presentar un escrito en el que justificara el motivo de su ausencia y anunció que recordará a los ausentes la obligación de avisar de su falta a la sesión. No obstante, Artiles publicó un comunicado respecto a esta intervención en la que recordó a Hernández que su partido ha informado repetidas veces de su inhibición en este procedimiento porque es denunciante en éste al unir la jueza las dos causas sobre este asunto. Además, tachó de obsesión a su grupo las críticas y pidió mejor gestión.
El pleno se extendió apenas media hora y en su desarrollo Celeste López desgranó la propuesta para argumentar la resolución del contrato con Gómez del Castillo en cinco puntos. La titular de Contratación expuso que se desestiman en su integridad las alegaciones presentadas por el administrador único de Parque Comercial y de Ocio La Mareta, SL -lo mismo ocurre en el dictamen del Consultivo-, la resolución del contrato, «la incoación del procedimiento específico para la determinaciós de los daños y perjuicios consecuencia de la resolución anterior», informar a los departamentos de Asesoría Jurídica y Urbanismo de este acuerdo y notificar al interesado la resolución adoptada.
Esther González, quien cambió su voto favorable en la comisión de pleno por el de la abstención, propuso como paso previo a este acuerdo «si no se puede ejecutar la sentencia sobre escriturar las parcelas y si el empresario no paga, se le revoca y así se evita que Gómez del Castillo, quien no parece tenga intención de pagar, se quede sin ese argumento de que no se ejecuta el fallo». En su intervención, González expuso que se descartaría así que ocurriera lo mismo que en el pago 13 millones de euros a otro empresario. La alcaldesa respondió que cada paso se está dando conforme a las consultas jurídicas realizadas tanto con los abogados como por el dictamen del Consultivo, contestando de paso a la duda planteada por Peña sobre si «este acuerdo trae todos los procedimientos cerrados».
Alejandro Ramos preguntó por el día después de esta aprobación plenaria, cuestión a la que Hernández respondió con que «se continuará con el procedimiento y a la espera de que los informes jurídicos nos vaya guiando».
La Provincia-Dlp
