Nada más solicitar la prórroga de la instrucción del llamado caso ICO-La Mareta, que la jueza finalmente le concedió, la Fiscalía ha decidido no perder tiempo y sobre la marcha ha instado la práctica de varias diligencias, entre ellas, que se cuantifiquen los daños a la ciudad y a sus habitantes por los recortes del plan de ajuste del 2012.
El escrito, que data del 24 de mayo de 2017 y que ya fue remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Telde, incluye la solicitud de la práctica de tres diligencias, pero, entre ellas, la que más llama la atención es la que insta a mandar un oficio a la Audiencia de Cuentas de Canarias «para que realice informe con el perjuicio patrimonial que se le ha ocasionado a las arcas» del Ayuntamiento de Telde «como consecuencia de la inclusión del pago de la devolución del dinero, vía decreto de pago a proveedores».
El texto resulta poco claro, pero, según fuentes del caso, alude al abono al empresario Ambrosio Jiménez de 13,2 millones de euros por parte del Consistorio para comprarle una parcela de 6.500 metros cuadrados en La Mareta que en 2005 el propio Ayuntamiento sacó a subasta y se la vendió por 10 millones de euros a una de sus empresas. En 2011 una sentencia firme obligaba a Telde a recuperarla, y eso es justo lo que se hizo en 2012, pero el problema estriba en que, según lo que siempre ha defendido Más por Telde, partido denunciante del caso, el Ayuntamiento sufragó esa deuda acogiéndose a una línea de crédito, avalada por el Estado a través del ICO, que solo iba destinada a saldar pagos pendientes con proveedores de obras, servicios y suministros, y no para comprar parcelas.
Recalca la fiscal que existe un perjuicio en la medida en que para la concesión de ese préstamo el Estado exigió a Telde que se sometiese a un plan de ajuste que conllevó recortes en servicios públicos y despidos. Ese plan no es el mismo si el dinero pedido hubiese sido menor y la factura en discusión asciende a 13,2 millones.
La Fiscalía solicita también que sea citada en calidad de investigada la tesorera del Ayuntamiento, Ana Ortega, «a quien la investigada María del Carmen Castellano y el testigo Darío López», cita textual, apuntan como una de las personas que redactó los informes que avalaron ese pago a Ambrosio Jiménez.
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