El Ayuntamiento de Telde, en cuya ciudad viven apenas 100.000 personas, tiene más facturas en el cajón que el Ayuntamiento de Madrid, en donde viven 3 millones (6 en toda la comunidad).
La práctica de esconder facturas en los cajones municipales se ha reducido de forma muy significativa en los últimos años al calor de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (2012). Pero no del todo. Hasta el punto de que 4.703 ayuntamientos de toda España —sin incluir los territorios forales— ocultan gastos ejecutados y no pagados por valor de 1.042 millones de euros. Es decir, el 58% de los consistorios ha comprometido gasto sin el correspondiente crédito presupuestario, cuya cuantía se refleja en la llamada cuenta 413, que recoge las facturas impagadas.
Tres ayuntamientos se llevan la palma. El de Parla (Madrid), con un presupuesto de ingresos para 2017 que alcanza los 99 millones, acumula facturas no abonadas por valor de 149 millones, lo que significa, ni más ni menos, que el 150% de su recaudación prevista para este año no tiene contrapartida presupuestaria. El segundo puesto lo ocupa el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), que acumula facturas sin pagar por valor de 99millones de euros, lo que representa el 36,5% de sus ingresos previstos. En tercer lugar, se encuentra el de Torremolinos (Málaga), que ha escondido bajo las alfombras 86 millones de euros, lo que supone el 85% de sus ingresos en 2015 (última cifra publicada en la página web del ayuntamiento).
A continuación se encuentran, aunque a una cierta distancia, los ayuntamientos de Telde (Gran Canaria) —49 millones—, Madrid (37 millones) y Móstoles (36,9 millones). El caso de Madrid es el menos representativo, porque debido a su tamaño esa cifra es muy reducida en términos relativos.
La cuenta 413 forma parte de la contabilidad del sector público, y nació para mostrar la verdadera situación económico-financiera de los ayuntamientos, acostumbrados a asumir gastos sin el pertinente reflejo presupuestario, lo que les obligaba a meter la factura en el cajón hasta que se aprobara el correspondiente crédito. Esto, de hecho, es lo que sucedió durante los años más duros de la crisis hasta que el primer Gobierno de Rajoy puso en marchael Plan de Pago a Proveedores, con el que los alcaldes pudieron obtener la liquidez suficiente para abonar gasto no pagado. Según datos de Hacienda, hasta el 31 de diciembre de 2011, solo en los ayuntamientos existían 1,8 millones de facturas sin abonar, que sumaban 9.801 millones de euros.
Gracias a ese plan, se lograron aflorar miles y miles de facturas que estaban escondidas en el cajón durante la etapa del anterior Gobierno. Pero, como se ha dicho, no en todos los casos. Eso es lo que explica que Hacienda, para hacer un control estricto, haya exigido a los interventores certificar no solo las obligaciones imputadas al presupuesto y todavía pendientes de pago, sino también las que se encontraban sin aplicar al presupuesto, obligando de este modo a su contabilización.
Devengo y caja
Hay que tener en cuenta que el hecho de que exista la cuenta 413 no suponela ocultación de las facturas, toda vez que el gasto se contabiliza en términos de devengo, es decir, que se registran en el momento en que se produce el compromiso de pago, no cuando se abonan (criterio de caja).
Hacienda, en todo caso, ha puesto en marcha una reforma de la cuenta 413 destinada a mejorar la calidad de la información suministrada por las entidades locales. Y en este sentido, se obligará a que la información sobre las operaciones registradas en la cuenta —que pasará a llamarse de ‘acreedores por operaciones devengadas’— tenga un carácter mensual. Esta periodicidad seguirá siendo anual en el caso de los municipios con menos de 5.000 habitantes que apliquen el modelo simplificado de contabilidad local.
Esa cuenta acreedora recoge las obligaciones derivadas de gastos realizadoso bienes y servicios recibidos, para las que no se ha producido su aplicación a presupuesto, al contrario de lo que es procedente.
La Autoridad Fiscal Independiente (AiRef) ya advirtió en su día de que el Gobierno debería restringir al máximo el uso de esta cuenta por ser de naturaleza extrapresupuestaria. Se proponía que, al menos, se hiciera un seguimiento exhaustivo de sus operaciones con el fin de evitar una “infrapresupuestación del gasto”.
Las enormes dificultades de algunos ayuntamientos para desendeudarse se mantiene, incluso, en plena recuperación de la actividad económica. Y, de hecho, el Ministerio de Hacienda anunció este lunes que 268 municipios —con una deuda total de 764 millones— podrán beneficiarse de mejores condiciones para hacer frente a las deudas derivadas del mecanismo de pagos a proveedores.
Esos municipios saldan actualmente sus deudas mediante retenciones de su participación en los tributos del Estado. Pero a partir de ahora podrán hacerlo devolviendo el dinero a través de operaciones de crédito, lo que supondrá un importante ahorro de costes financieros, ya que el tipo de interés aplicable, como recuerda Hacienda, se reducirá en más de cuatro puntos porcentuales. El que se les viene aplicando en la actualidad supera el 5% anual. Muy por encima del precio oficial del dinero.
Se trata de municipios que en los años 2012 y 2013 no formalizaron préstamos con el entonces Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores de las Entidades Locales por no tener un plan de ajuste aprobado y valorado favorablemente por Hacienda. Tampoco se acogieron a una medida idéntica que se habilitó en dos ocasiones en el año 2015, mediante sendos acuerdos de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos.
Fuente: Elconfidencial.com
