Se benefician más de 2.000 trabajadores de empaquetado, aparcería, peones agrarios, cultivo, extracción de aguas y hortalizas entre otros, logrando reivindicaciones históricas
Día grande para las plantillas del sector agroalimentario en Canarias, y más concretamente las dedicadas al sector del tomate, pepino, hortalizas y plátanos, así como actividades complementarias de estos cultivos.
SITCA ha firmado un acuerdo con el Grupo de Empresas Bonny, que aglutina, entre otras, las sociedades Juliano Bonny Gomez SL., Agrícola Bonny SL., SAT Juliano Bonny Gomez., Agricultores de Las Salinas, etc, y que supone más del 60% de la actividad de este sector.
Este acuerdo trae importantes beneficios para más de 2.000 trabajadores, y recoge reivindicaciones largamente reclamadas, durante años y años, y que en sólo 4 años de duro y serio trabajo sindical, hemos logrado canalizar y dar salida para dignificar y remunerar de manera más justa el trabajo de estas plantillas.
Este acuerdo no tiene parangón en Canarias en este sector, ya que de una sola vez logra los siguientes e importantísimos acuerdos:
1.- Todos los trabajadores computarán y cobrarán por toda su antigüedad, incluida hasta los periodos de inactividad, es decir, computan y cobran los 365 días aunque la zafra o campaña dure 180 días, poniendo fin a una clara injusticia que a día de hoy no sufre ningún trabajador del sector.
2.- Las vacaciones se disfrutarán y cobrarán íntegramente, sin merma alguna.
3.- Se acuerda desbloquear y empezar a negociar el convenio de aparcería de tomates, que lleva más 22 años sin negociarse.
4.- Se acuerda desbloquear y empezar a negociar los convenios de aparcería de pepinos, que llevan más de 43 años sin negociarse.
5.- Se acuerda desbloquear y empezar a negociar el convenio Regional del Campo que lleva más 4 años sin negociarse.
Como puede comprobarse, son logros que ponen fin a situaciones muy injustas, y que pese a ser reivindicaciones históricas, no se habían todavía atendido.
Desde SITCA, en apenas 4 años que llevamos siendo mayoritarios en estos sectores, hemos conseguido los mayores logros históricos tanto en subidas salariales como en condiciones laborales, cristalizando en este acuerdo que no tiene comparación y que, en muchos aspectos, no alcanza a tenerlo ningún otro sector productivo de Canarias.
Fieles a nuestro estilo de sindicalismo serio, riguroso y eficaz, en SITCA seguimos luchando para mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas de todos los trabajadores de Canarias, no con promesas y palabras grandilocuentes, sino con hechos demostrables ya que el nuestro es un sindicalismo que logra resultados.
Infórmate, afíliate, únete a la lucha. Contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales, nuestra web en sitca.es o a través de nuestras sedes en Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, y Lanzarote. Te esperamos.
La sentencia del Tribunal Superior es pionera y condena a la empresa, y servirá para poner fin a más amenazas veladas de nuevos ERTE.
La defensa de los derechos de los trabajadores a menudo pasa por los tribunales de justicia, cuando la cerrazón de la empresa impide la negociación o el acuerdo. En este caso, nos encontramos ante un caso de clarísimo abuso de posición, ya que sobrepasando la capacidad de la legislación otorga a las empresas para la organización de su actividad y de su fuerza laboral, se cercenan derechos de los trabajadores, pasando por encima de las personas sin la más mínima consideración.
Por fortuna, los tribunales de justicia suelen poner las cosas en su sitio, y aunque con frecuencia se hagan esperar, todo llega y, como en este caso, la sentencia ha condenado a la empresa por la realización de un ERTE COVID ilegal, de acuerdo al fallo de Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Hablamos de la empresa Terminales Canarios SL, que suministra en Canarias el combustible a puertos y aeropuertos, y que en plena pandemia y sin amparo legal para ello, impuso un ERTE unilateral a su plantilla, sin causa justificada.
SITCA interpuso la correspondiente demanda judicial pues entendíamos que el ERTE no era legal, y que se cometía un abuso de posición sobre esta plantilla, sin que hubiera justificación para ello desde nuestro punto de vista, y tal y como ahora corrobora el TSJC.
A modo de resumen, la sentencia establece que “en el caso que nos ocupa es evidente que la comunicación individual al trabajador está yerma de especificidad de causas o razones en las que se sustenta la reducción temporal de la jornada, por lo que [] no ha quedado justificada la medida adoptada”. Dicho de otra manera, no se comunicó al trabajador las justificaciones concretas que avalaran el ERTE.
Se da la circunstancia de que esta sentencia, la 1329/2022 del TSJC es pionera al ser la primera que condena a una empresa, y desde luego habrá de sentar jurisprudencia de forma muy positiva para evitar nuevos avisos, como el de varias empresas vinculadas al sector de los hidrocarburos en Canarias, que amenazaron veladamente a sus plantillas con la realización de ERTES, a menudo para forzar la aceptación de peores condiciones laborales.
Desde SITCA queremos reafirmar que en la defensa de los derechos laborales, sociales y económicos de los trabajadores no daremos nunca un paso atrás, y cuando no nos quede más alternativa, acudiremos a donde haga falta, hasta las últimas consecuencias, para doblegar las acciones ilegales de aquellas empresas que han convertido el abuso de sus trabajadores en su práctica habitual.
Una auxiliar docente que habría mantenido una conversación con un niño momentos antes de que cambiase la versión inicial sobre quién habría cometido los presuntos abusos y un amigo de la persona que fue detenida como presunto autor de los abusos y al que algunos niños también señalan como persona con acceso a los menores. Son los dos nuevos investigados por el caso del Liceo Francés y ambos han sido citados a declarar el próximo día 29 en Telde.
Según los datos del caso a los que ha tenido acceso este periódico, el nombre de la mujer fue señalado en un primer momento porque habló con uno de los niños que primero alertó a sus padres de presuntos abusos sexuales.
De acuerdo con ese relato, ella habría conversado con el niño y el resultado habría sido que el menor cambió de versión, de manera que donde primero dijo que había sido objeto de besos y tocamientos por parte de uno de los investigados -una persona que cuidaba a los niños y que ya no trabaja en el Liceo-, después el menor afirmó que todo era «una broma».
La mujer ya declaró ante la Policía Nacional en el inicio de las pesquisas y negó esos hechos.
El otro investigado es una persona a la que los testimonios recabados señalan como amigo del presunto autor de los abusos y que habría accedido a una sala donde descansaban los niños menores de edad tras la comida y a la espera de que sus padres fueran a recogerlos.
Algunos testimonios lo señalaban desde el principio también como autor de tocamientos y besos a los niños. Para ese acceso a la sala se habría ayudado de la colaboración del principal sospechoso.
Como se recordará, en octubre la Policía Nacional practicó tres detenciones. Los detenidos quedaron en libertad tras declarar en el juzgado, sin medidas cautelares.
En el caso se investiga un presunto delito contra la libertad e indemnidad sexual de los menores. Asimismo, se requisó material informático y teléfonos móviles en busca de supuestos archivos de pornografía infantil.
El Juzgado ordenó que peritos expertos en psicología infantil examinaran a los menores de edad que habían relatado hechos coincidentes con presuntos abusos.
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El Gobierno de Canarias encargó en 2019 a dos empresas sin experiencia y relacionadas familiarmente entre sí sendos informes plagiados. Y lo hizo en los minutos de descuento, ambos el mismo día, el 21 de junio, cuando el Ejecutivo que presidía Fernando Clavijo, de Coalición Canaria (CC), se disponía a abandonar el poder tras haber sido derrotado en mayo por el Partido Socialista de Ángel Víctor Torres, actual presidente. Justo al día siguiente de hacer formalmente los encargos de estos dos trabajos se firmaba el conocido como Pacto de las Flores, el que a día de hoy y desde entonces sigue sosteniendo al Gobierno de Canarias.
Ambas empresas y ambos administradores únicos aparecen actualmente implicados en una investigación penal abierta por la Fiscalía de Las Palmas por delitos presuntamente cometidos mediante el procedimiento de contratos fraccionados y encadenados en el Ayuntamiento de Mogán.
Ninguno de los dos encargos se corresponden en absoluto ni con la experiencia ni con el epígrafe fiscal ni con la actividad cotidiana de estas dos empresas. A una de ellas, el Gobierno de Fernando Clavijo le hizo el siguiente encargo: “Redacción del Informe Análisis e Identificación de los retos de conectividad entre Canarias y África para los próximos años”. Por este trabajo, el Gobierno pagó 15.549 euros, Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), incluido, 14.600 sin impuestos, en el límite mismo de los 15.000 euros permitidos para los contratos menores.
A la segunda empresa por su parte, se le encargó la “Redacción de Informe Técnico sobre la situación de la gestión de residuos en Puertos Canarios”, según consta en la plataforma de contratación del Estado. Por este trabajo se pagaron al contratista 14.400 euros sin impuestos, 15.336 con IGIC incluido.
En ambos casos, la encomienda aparece firmada por la entonces directora general de Transportes, Yasmina García Hernández, directamente dependiente del consejero de Obras Públicas, a la sazón Pablo Rodríguez, secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria, que además ocupaba en aquellas fechas la Vicepresidencia del Gobierno.
El consejero de Obras Públicas de entonces, Pablo Rodríguez, que era vicepresidente del Gobierno, ha declinado contestar las preguntas que le envió este periódico, tanto a su correo oficial del Parlamento de Canarias (es diputado regional) como a su teléfono. Es el nuevamente candidato a las próximas elecciones autonómicas.
El próximo miércoles, 2 de Noviembre, a partir de las 23,30 la cadena pública de televisión estrena una nueva propuesta musical en su programación. La prestigiosa cantante isleña nos propone un viaje musical y biográfico de seis artistas, muy populares en sus países natales, a través de una amena entrevista personal a cada uno de ellos aderezada con la interpretación de siete canciones de sus repertorios. La primera entrega de los seis programas que conforma “Las Noches del Miller” se inaugura con la participación del artista asturiano Víctor Manuel, que en estas fechas celebra su 75 aniversario con una exitosa gira de conciertos por todo el territorio español.
En un mundo audiovisual dominado por el consumo de músicas impuestas por las grandes multinacionales de la industria del ocio, “Las Noches del Miller” nace con la vocación de ser un programa de televisión que tenga como protagonista a la música, a sus valores creativos y artísticos y a quienes la hacen. Un programa que ha querido construir su relato desde la autenticidad de quienes cantan y componen canciones que tienen la vocación de ser eternas.
Es un proceso de inmersión en la artesanía de ese fenómeno, el de la creación de unas melodías y unas letras que vinculan a esas músicas con sus creadores y sus experiencias vitales. Las motivaciones, ideas, raíces e influencias musicales y el carácter de los países y comunidades donde nacen son las claves que, a través de un diálogo cercano propuesto por Olga Cerpa y atravesado de canciones cantadas en directo, dibujan el perfil del invitado.
Son intérpretes y artistas de ámbito estatal e internacional. Entre ellos hay figuras poco conocidas en España y, sin embargo, populares y prestigiadas en sus países de origen. Figuras, las de fuera de nuestras fronteras, provenientes casi todas ellas de espacios geográficos relacionados históricamente con Canarias o vinculados, por su presencia migratoria actual en nuestra sociedad, al devenir de nuestras islas. Junto a Víctor Manuel, Francis Abreu desde Uruguay, la ecuatoriana Mariela Condo, el cubano Carlos Varela, la caboverdiana Nancy Vieira y la chilena Elízabeth Morris completan este primer ciclo del programa.
Olga establece una comunicación muy familiar con cada uno de los artistas elegidos e interpreta con cada uno de ellos un tema de sus repertorios para cerrar el programa. El mismo se ha grabado en un espacio íntimo, el escenario del Edificio Miller, en el que se han podido escuchar las canciones y seguir la entrevista en un ambiente acústico y cercano, acompañados de una banda de músicos canarios dirigidos por el guitarrista y timplista isleño Hirahi Afonso ante un pequeño grupo de público invitado.
Hacerlo, además, en un espacio históricamente vinculado al Puerto (el Espacio Miller, gracias a la colaboración de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria), subraya el vínculo transoceánico del proyecto. Además, la posibilidad de plantear este programa desde Canarias no es casual: el papel ejercido por las Islas como puente transcultural y fronterizo, adquiere sentido también a través del conocimiento y escucha de estas músicas.
Producido por Radio Televisión Canaria, la idea, guión y dirección del programa ha sido responsabilidad del compositor y productor artístico Manuel González, que ha ideado también la escenografía del plató. Ha estado acompañado por un equipo técnico isleño que ha ofrecido un alto nivel calidad de imágenes y sonido: en la realización por el galdense Pedro Ruiz (Ruima videos); la producción de sonido ha sido llevada a cabo por Gustavo Sánchez (Estudios La Rampa); la luminotecnia fue realizada por Tinguaro Vega y Fran Pérez y en el apartado de documentación por el trabajo de la periodista Noelia Rochas. La producción ejecutiva fue llevada a cabo por Braulio Pérez (Amilkilómetros producciones).
Manolo Vieira lo deja. El humorista grancanario prepara La última y nos vamos… a saber donde, una gira que desarrollará durante 2023 y que le servirá para despedirse del mundo del espectáculo tras 42 años de carrera. «Algún día había que despedirse del escenario, pero antes tenemos la obligación de echarnos unas risas», reza el cartel que anuncia el tour.
El próximo año Manolo Vieira pondrá fin a una carrera profesional que arrancó el 1 de de junio de 1981, casi por casualidad. La noche de aquel día, se subió al escenario para presentar a otro artista –Nicolás Caballero–, pero los conocidos que tenía entre el público le exigieron que contara un chiste: él hizo caso y hasta hoy no ha parado.
Canario por el mundo
Con las raíces en La Isleta, en lo cotidiano y en la cercanía, el humor de Manolo Vieira es un cuento en el que todo el universo canario se puede reconocer. Y, lo más importante, durante estos 43 años el artista jamás traicionó ese concepto (ni su acento): ni cuando participó en shows por la Península, ni cuando se coló en las televisiones nacionales, ni cuando fue colaborador habitual de Luis del Olmo.
Los chistes de Manolo Vieira han girado alrededor del Archipiélago, donde ha ejercido durante casi cinco décadas como un referente indiscutible: El Chiste-ra, su local en Las Palmas de Gran Canaria, funciona como un reducto de felicidad desde 1987; ha grabado un disco de boleros, ha protagonizado programas como Esta noche pago yo, series como La Revoltosa y ha sido el mejor compañero para pasar a carcajada limpia cada Nochevieja –fuesen buenos o malos los 364 días anteriores del año– con sus especiales para la Televisión Canaria.
Ahora nos toca a nosotros, a su público, acompañar a alguien que nos ha hecho reír tanto y nos ha dispensado tanta serotonina a lo largo de nuestras vidas.
Los nueve municipios canarios que tienen más de 50.000 habitantes están obligados a implantar al menos una zona de bajas emisiones (ZBE) antes de 2023, según la Ley de Cambio Climático. Solo el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) se compromete a cumplir el plazo que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no quiere prorrogar, a pesar de la petición de la Federación Española de Municipios (FEMP), que pide más margen ante la previsión de que tan solo 20 de las 149 ciudades españolas lleguen a tiempo, según El País.
Desde mayo de 2021, cuando el Congreso aprobó la Ley de Cambio Climático, los ayuntamientos de ciudades con más de 50.000 habitantes tienen de plazo hasta el 1 de enero de 2023 para delimitar y diseñar las zonas más idóneas para aplicar restricciones de tráfico a los vehículos más contaminantes. Con esta medida se persigue mejorar la calidad del aire y reducir el ruido, fomentando una movilidad más sostenible con transporte público, bicicletas o a pie en áreas congestionadas.
A pesar del tiempo transcurrido, solo ocho urbes nacionales ya cuentan con una ZBE (ubicadas en las comunidades de Madrid, Catalunya, Navarra y Galicia). La FEMP ha justificado los previsibles incumplimientos de la mayoría de los ayuntamientos porque el Gobierno de España aún no ha aprobado el real decreto que regulará la creación de las ZBE, fijando los requisitos mínimos que deben cumplir los consistorios. Sin embargo, los municipios ya contaban con una guía de recomendaciones desde noviembre de 2021 y tenían vía libre para comenzar las tramitaciones.
De hecho, la ONG Greenpeace demandó la implantación de ZBE en 18 ciudades españolas, emulando las ceremonias de inauguración con caretas de dirigentes locales durante el pasado mes de setiembre. La organización criticó la pasividad de estos ayuntamientos a la hora de desarrollar las áreas de restricciones para los vehículos más contaminantes y dar más espacio a los peatones. Además, también reseñó que hay proyectos ya empezados en algunos consistorios que no servirán para bajar las emisiones y se limitarán a ser medidas cosméticas.
Una de las ciudades elegidas por Greenpeace fue Las Palmas de Gran Canaria, donde uno de los voluntarios de la ONG llevó una careta del alcalde, Augusto Hidalgo. La ciudad más poblada del Archipiélago, con 378.675 habitantes según datos del INE de 2021, genera el 16,1% de las emisiones de gases de efecto invernadero de toda Canarias. Sin embargo, aún no cuenta con ninguna ZBE implantada en base a los estándares del Gobierno de España, al igual que los otros ocho municipios canarios que deben tener al menos una de estas áreas antes de 2023.
Las Palmas de Gran Canaria: 378.675 habitantes
La Concejalía de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria ha explicado que ya cuentan con un proyecto elaborado para delimitar una zona de bajas emisiones en el barrio de Las Alcaravaneras, que empezará a ejecutarse a lo largo de 2023.
El Ayuntamiento cerrará al tráfico rodado un grupo mínimo de cuatro manzanas: de este a oeste, las calles Víctor Hugo, Italia, Blasco Ibáñez y Alfredo Calderón; y de norte a sur, las calles Valencia, Alemania y Bilbao. En estas vías se crearán áreas para uso peatonal, comercial o recreativo y, en condiciones especiales, se permitirá circular a los vehículos residentes, de servicios, de emergencias y de carga y descarga. Para controlar los accesos, se usarán cámaras de seguridad. Además, el área se amplía a Pío XII, Pi y Margall, Luis Antúnez e Ingeniero Salinas, pero en estas calles seguirá circulando el tráfico.
Dado que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no concentra su zona céntrica en una sola área, la Concejalía de Movilidad también contempla delimitar las ZBE en los entornos del barrio de Guanarteme, en La Isleta, en Arenales -desde la calle Juan XXIII hasta la Plaza de La Feria- y en Schamann, concretamente en Pedro Infinito.
A esto se suman la señalizaciones que el Ayuntamiento situará en áreas en las que no circulan vehículos o se ha reducido su tránsito, como el casco histórico de Vegueta y en las áreas comerciales de Mesa y López y Triana, para convertirlas en zonas de bajas emisiones “de facto”.
Santa Cruz de Tenerife: 208.563 habitantes
Santa Cruz de Tenerife espera tener su ZBE a finales de 2022, después de un periodo de ejecución de 22 meses (contando desde octubre de 2021). Se situará en la zona centro de la ciudad, abarcando un gran número de residencias y los principales puntos de atracción del tráfico, donde circulan unos 35.000 vehículos al día.
Su perímetro lo marcan las tres principales vías de la urbe y el eje natural del barranco de Santos. El Ayuntamiento indica que será una ampliación de un área que ya tiene el tráfico restringido y superará cuatro veces su superficie, desde los 226.697 metros cuadrados hasta los 796.622 m2.
Con esta acción, el Consistorio aspira a reducir el número de viajes en vehículo privado en un 30%, bajando hasta los 21.300 al día y los 17.900 en 2030. Para regular y controlar los accesos, además de las cámaras, interfonos y pilones existentes, se añadirán más cámaras de control y una plataforma de gestión, a lo que se sumará la reordenación del espacio público, ampliando las zonas para peatones.
San Cristóbal de La Laguna: 158.010 habitantes
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna es el único de los nueve municipios consultados que se ha comprometido a tener activa una ZBE antes del 1 de enero de 2023. En concreto, el Consistorio asegura que tiene diseñada un área para cumplir los requisitos mínimos en tres barrios: Camino de la Villa, San Honorato y el casco histórico, donde está aplicando medidas de control de circulación, paso y aparcamiento.
Actualmente, la Concejalía de Movilidad Sostenible asegura estar trabajando en los sistemas de medición de la ZBE y se ejecutará tras un proceso de participación ciudadana. “En este municipio, no vemos la aplicación de ZBE como un problema, sino como una oportunidad, y en el futuro seguiremos extendiéndolas a otras zonas de todo el municipio”, ha sostenido el Ayuntamiento.
Telde: 102.769 habitantes
El Ayuntamiento de Telde dice que aún está realizando actuaciones previas a la delimitación y diseño de una ZBE. Como una posible ubicación, se plantea la zona comercial abierta de la ciudad, sin que haya nada cerrado ni plazo previsto.
El municipio debe aprobar un nuevo plan de movilidad, que actualmente “está a punto de salir a licitación”, según el Ayuntamiento. Lo que sí está llevando a cabo es la sustitución, de forma paulatina, de la señalética de las calles urbanas que tienen viviendas a ambos lados para limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora o el desarrollo de planes de movilidad específicos para zonas concretas. Por ejemplo, en el Valle de Jinámar se han ampliado las aceras, se han elevado los pasos peatonales o se han introducido carriles bici.
Arona: 82.563 habitantes
El municipio turistico del sur de Tenerife espera tener una ZBE a lo largo de 2023. El Ayuntamiento dice que está trabajando en las condiciones técnicas que deben reunir, como paso previo a elaborar el proyecto y licitar las obras.
El Consistorio tiene clara su ubicación: en el eje de la Playa de Las Américas y Los Cristianos, al ser la zona más afectada por el tráfico y la contaminación. Pero tampoco tiene dudas de que no podrá afectar a la movilidad del puerto de Los Cristianos, “porque es uno de los muelles de pasajeros y mercancías más importantes de España”, señala. Además, se tendrá en cuenta los problemas de movilidad existentes en esa localidad, que incide directamente en la autopista del sur, generando atascos.
Junto a la implantación de la ZBE, el Ayuntamiento ha querido añadir las medidas que están desarrollando para aplicar la inteligencia artificial en los aparcamientos, con una aplicación móvil indicando los estacionamientos disponibles con la finalidad de evitar los colapsos en Los Cristianos. “Estaría operativo a inicios de 2023; el resto, vamos como los otros ayuntamientos, esperamos tenerlo a lo largo de 2023”, añade.
Santa Lucía de Tirajana: 73.573 habitantes
En noviembre, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana presentará el plan municipal de implementación de zonas de bajas emisiones, que espera ejecutar a lo largo de 2023. En concreto, incluye de tres proyectos financiados con los fondos Next Generation que suman 2,4 millones, con los que tratarán de aplicar la nueva normativa de la Ley de Cambio Climático.
Se delimitarán dos zonas de bajas emisiones en el municipio: una en Canalejas, por la cercanía de una residencia de mayores, un instituto y una guardería; y en el área donde están ubicadas las oficinas municipales, en cuyos alrededores están otras instalaciones municipales, como un pabellón de deportes, un centro educativo o el propio ayuntamiento. Pero en una primera fase, tan solo reducirán la velocidad y no restringirán la calidad y entrada de vehículos.
“Hemos decidido reducir la velocidad y no restringir la entrada y salida de vehículos porque entiendo que debe ser un paso previo. Y porque las restricciones debe marcarlas el plan de movilidad urbana, que no lo tenemos actualizado”, explica la concejala de Movilidad, Nieves García.
Arrecife: 64.497 habitantes
Es el único municipio de todos los consultados que no ha ofrecido ningún proyecto.
San Bartolomé de Tirajana: 53.066 habitantes
El municipio turístico del sur de Gran Canaria, donde se ubican Maspalomas o Playa del Inglés, espera tener lista su ZBE antes de 2024. El Ayuntamiento ha elegido Meloneras para mejorar la calidad del aire y disminuir del ruido aplicando sistemas de control de acceso para limitar la circulación del tráfico, una iniciativa enmarcada en las actuaciones recogidas en su Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
Para ello, el Ayuntamiento ha anunciado que implantará cámaras, sensores y un centro de control que incluya registros de los vehículos por etiqueta, añadiendo que establecerá diferencias según sean residentes, transporte público, carga y descarga o visitantes. “Con estas actuaciones se quiere que Meloneras se convierta en una zona más amable, convirtiéndose además en un área urbana turística sostenible. El proyecto debe contribuir a un desarrollo de todo el territorio, consiguiendo satisfacer tanto a residentes como turistas”, asegura el Ayuntamiento.
Junto a ello, con el PMUS contempla suavizar el tráfico en otros puntos con la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora, la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, aparcamientos disuasorios en la periferia del municipio, la mejora de accesibilidad del transporte público, incrementar la peatonalización o carriles para bicicletas (con su correspondiente sistema de alquiler público). De forma complementaria, el Consistorio dice que también colocará sensores y medidores de la calidad del aire y del ruido, además de sistemas de control de infracciones o de aforo en puntos de acceso o plazas de aparcamientos.
Granadilla de Abona: 51.850 habitantes
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona asegura que está redactando el pliego técnico de zona baja de emisiones, como previo paso a su licitación. La ZBE de este municipio se ubicará en San Isidro, El Médano y Los Abrigos a lo largo de 2023 en cuatro fases y gracias a una subvención de 100.000 euros, a la que han accedido cinco municipios de las Islas.
El Consistorio explica que, basándose en la Ley de Cambio Climático, el que más contamine, más paga. De forma paralela, el Ayuntamiento ha querido añadir que está en fase de redacción el Plan de Movilidad Sostenible y en breve iniciará la apertura a la participación ciudadana del Plan de Acción y la Energía Sostenible.
Los juegos de azar y las apuestas deportivas online cada vez tienen un mayor impacto en el desarrollo de las y los jóvenes. Respecto al año pasado, se ha producido un incremento del riesgo adictivo, hecho que hace patente la necesidad de regular este tipo de conductas de ocio digital que son nocivas para la salud mental de la población adolescente.
Con el fin de analizar esta realidad, Fundación Adsis presenta el Estudio Diagnóstico sobre el juego patológico online en población adolescente y joven, impulsado a través del Programa de Prevención de Tecnoadicciones y otras conductas adictivas del Centro Aluesa. Un total de 2.355 estudiantes de entre 9 y 20 años de centros educativos y de educación no formal participaron en la investigación a través de una encuesta promovida en las Islas Canarias. El estudio explora hasta qué punto la juventud presenta indicadores adictivos al juego de azar online y apuestas deportivas, en esta etapa evolutiva tan vulnerable.
El análisis revela que el 12% de la juventud canaria presenta indicadores adictivos, porcentaje que ha incrementado respecto al curso anterior (2020-2021). Concretamente, adolescentes entre 13 y 17 años son las edades que muestran mayores tasas adictivas en todos los indicadores. También destaca que del conjunto de jóvenes que presenta problemas con el juego, culpabilidad por jugar/apostar y que reconoce haber intentado dejarlo sin conseguirlo, un 65% de la muestra pertenece precisamente a la franja de jóvenes que tienen de 13 a 17 años. En esta línea, otro factor preocupante que comparte la investigación es que el 86% de los y las jóvenes que reconocen tener problemas por el juego de azar online son menores de edad.
“La población menor de edad no solo apuesta, sino que reconoce tener problemas con el juego de azar online y presenta altas tasas de indicadores de adicción. Además, también hemos detectado que las chicas adolescentes son las que muestran mayores niveles de intentos de dejarlo sin éxito, lo que indica que ellas tienen una mayor conciencia del problema”, apunta Óscar Lorenzo, psicólogo y coordinador del Centro Aluesa de Fundación Adsis en Canarias.
La presentación del Estudio Diagnóstico sobre el juego patológico online en población adolescente y joven se ha publicado en el marco del Día Nacional sin Juegos de Azar, que se celebra el 29 de octubre. Con el objetivo de estudiar los efectos y el riesgo adictivo de los juegos de azar y apuestas deportivas online, la investigación destaca la necesidad de centrar la prevención del juego patológico en la detección y el tratamiento precoz en población adolescente entre 13 y 17 años y haciendo énfasis en la perspectiva de género.
El Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias y Sindicalistas de Base de Canarias, sindicatos que en su conjunto ostentan la mayoría sindical en la empresa Canariensis, que actualmente ostenta la explotación de la mayoría del retail comercial de los Aeropuertos de Canarias, exige a AENA que en la próxima licitación de los espacios comerciales de los aeropuertos españoles a finales de año, incluya el mantenimiento del empleo actual, con la subrogación del personal, en el caso que dicha adjudicación finalmente recaerá en otra empresa diferente a la actual, propiedad del grupo Dufry, y que con ello se garantice que las condiciones laborales y salariales de las personas trabajadoras afectadas, no genere un evidente desequilibrio en costes a la hora de la presentación de las diferentes empresas del concurso de adjudicación.
La reiteradas Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, avaladas por el Tribunal Supremo, han dejado claro la continuidad, en este sentido hay resaratar dos cuestiones, que son relevantes, en las sentencias:
PRIMERO.- Es importante destacar que, en el apartado relativo al objeto de la subrogación convencional, se amplía de forma exhaustiva el abanico de supuestos que caen dentro de la regulación convencional de tal garantía por cambio de empresario, por lo que se incluye, en el ámbito de la actividad de comercio al por menor, actualmente en régimen de «Duty Free» y «Duty Paid» y multitiendas en Canarias en espacio aeroportuario del Estado Español, en régimen de concesión administrativa, arrendamiento o cualquier otra modalidad jurídica similar (contratas, subcontratas u otras), con independencia de que se preste en el mismo espacio físico anterior o en otro que haya sido de reasignación por el titular del espacio aeroportuario, pero sobre todo resulta destacable que se establece que la subrogación en las relaciones laborales del personal operará en todos los supuestos de sucesión o cambio de empresario, aun cuando no exista transmisión patrimonial entre cedente y cesionario, como consecuencia del cambio de titularidad de la explotación comercial.
SEGUNDO.- Sobre la controversia de si sigue en vigor Acuerdo Marco de Comercio y su art. 35.
En relación con la posible aplicación de tal normativa en el momento actual, y toda vez que dicho acuerdo estaba denunciado el 29 de septiembre de 2015, deberá estarse en primer lugar a que el último hito relativo a su ultractividad data del 1 de febrero de 2018, en virtud de resolución de 1 de febrero de 2018 de la Dirección General de Empleo, publicada en el BOE de 9 de febrero de 2018, por la que se acordó registrar y publicar el Acuerdo de prórroga de ultractividad del I Acuerdo Marco de Comercio. En dicha resolución se acordó prorrogar la ultractividad del I Acuerdo Marco de Comercio hasta el 15 de febrero de 2018.
En relación con la vigencia de los convenios una vez denunciados, como acontece con el que nos ocupa, el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores dispone que la vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio.
Con estos argumentos jurídicos y legales, que son incuestionables, no entendemos la postura de AENA, de sacar un concurso de licitación, tan ambiguo y con una serie de vacíos, que solo tienen una clara intencionalidad, poner en peligro cientos de puestos de trabajo y un clima de tenciones laborales, que nadie desea, pero que no dudaremos en actuar con total contundencia, en la defensa de todos los empleados de Canariensis.
Sindicalistas de Base de Canarias y el Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias requieren al resto de sindicatos con representación en el conjunto de la empresa en Canariensis, y en el resto del grupo Dufry a nivel estatal, a sumarse al requerimeinto previo y posteriores movilizaciones y actuaciones judiciales, destinadas a que AENA finalmente incluya en el concurso de licitación de los espacios comerciales de los aeropuertos españoles, el mantenimiento de los actuales puestos de trabajo, con sus derechos y garantías, a través de la obligada subrogación del personal, en el caso de que se produzca un cambio de empresa en la nueva adjudicación por parte de AENA.
