El Gobierno de Canarias, tras las actuaciones de control llevadas a cabo por varias de sus Consejerías, ha constatado «que no existe en la actualidad contaminación en la costa de Telde que conlleve el cierre de las playas. Desde la Dirección General de Pesca y tras la inspección realizada este jueves, 5 de febrero, se ha corroborado el correcto funcionamiento de las instalaciones de acuicultura de la zona, que operan sin incidencias desde la primera semana de noviembre, cuando el Servicio de Inspección Pesquera realizó dos controles en los que constató la correcta ejecución de los trabajos de limpieza y retirada de ejemplares afectados por parte de la empresa, antes de dar por finalizado el episodio de alta mortandad».
En este contexto, los consejeros de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda; Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero; Sanidad, Esther Monzón; y Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata; han mantenido esta semana una reunión de seguimiento de las actuaciones de inspección y el análisis de los resultados obtenidos hasta la fecha a la espera de que la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas determine con certeza la causa de la mortalidad de los peces.
En el ámbito de esta reunión, Quintero aclaró que la actual ubicación responde a una concesión de 30 años otorgada en 1999 a la empresa por parte del Gobierno de España. Sin embargo, a raíz de la aprobación en junio de 2018 del Plan de Ordenación de Acuicultura de Canarias, el Ejecutivo regional determinó que la ubicación no es apta para futuras concesiones y, adicionalmente, acordó con la empresa en mayo de 2025 el desmantelamiento anticipado de esta infraestructura a lo largo de 2026, es decir, casi tres años antes de cumplir el periodo otorgado por el Ministerio.
En dicho encuentro participaron también el viceconsejero de Emergencias, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; el director general de Pesca, Esteban Reyes; el director de Salud Pública, José Fernando Díaz Flores; el director general de Calidad Ambiental, Ángel Pablo Montañés; y la directora del Área de Salud de Gran Canaria, Lidia Mejías.
En el marco de esta cita se desgranó el cronograma de inspecciones realizadas por el Servicio de Estructuras Pesqueras, con un primer control el 30 de septiembre en el que, con carácter previo a la comunicación del incidente por parte de la empresa, se verificó el cumplimiento de los requisitos en materia de bioseguridad, vigilancia zoosanitaria, gestión de subproductos y residuos, así como del seguimiento de la mortalidad y de la presencia de signos clínicos.
Desde el 9 de octubre, fecha de la comunicación por parte de la entidad gestora de las instalaciones se llevan a cabo tres inspecciones con toma de muestras por parte del Servicio de Estructuras Pesqueras y del Servicio de Inspección Pesquera que concluyen en la declaración de situación de emergencia sanitaria el 3 de noviembre.
Seguidamente, tras los controles llevados a cabo los días 5 y 6 de noviembre se constató que no existe mortalidad significativa ni animales sintomáticos una vez realizados los trabajos de limpieza por parte de la empresa. De igual forma, las actas de inspección de los días 12 de diciembre, 5 y 29 de enero corroboraron un comportamiento de los peces acorde a los parámetros normales, si bien se detecta la presencia de una mancha fuera del perímetro de la explotación, de la que se extraen muestras para su análisis por parte del Laboratorio de Salud Pública.
En lo que respecta a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, el área recuerda que sus competencias en el ámbito marino se circunscriben exclusivamente a la autorización, seguimiento e inspección de los emisarios tierra-mar, no siendo responsabilidad del mismo la vigilancia de la calidad de las aguas costeras.
En el caso concreto de Telde, y dentro del ámbito de sus atribuciones, la Consejería ha actuado conforme a las exigencias legales aplicable en este ámbito, realizando las inspección periódicas y alguna adicional del sistema de vertido al mar, que refuerce la información aportada en el marco del programa de vigilancia y control por su titular, en este caso el ayuntamiento. Todas las desviaciones respecto a la autorización vigente que ha detectado el servicio de Inspección Ambiental hasta la fecha han sido comunicadas a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural y al propio Ayuntamiento, habiendo iniciado la primera un procedimiento sancionador por posibles incumplimientos municipales. Pese a ello, no se puede concluir que exista una relación entre esta situación y el episodio causante del cierre de las playas de la zona afectada.
En el área de Emergencias, la Dirección General, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha hecho un seguimiento continuo de la situación y ha facilitado las tareas de coordinación de las diferentes administraciones para minimizar los efectos en la costa de este episodio. Para ello, ha procedido a activar el Plateca, en situación de alerta inicialmente y actualizando a prealerta en la fase final del episodio, en función de las distintas situaciones y escenarios que transcurrieron desde que comenzó este incidente.
Así, a las 19:00 horas del 6 de noviembre se activó el Plateca en situación de alerta por un episodio de contaminación marina con potencial afectación a los municipios de Telde, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, que permaneció vigente hasta el 29 de noviembre del mismo mes. Ese día se actualizó la situación y la alerta se limitó al municipio de Telde. El 9 de diciembre se actualizó de nuevo la situación y pasó a declararse la prealerta en Telde.
Por último, el Gobierno finalizó la situación de prealerta del Plateca por contaminación marina en Gran Canaria a las 14:30 horas del día 19 de diciembre. Cabe destacar, asimismo, que, durante este tiempo y en el marco del Plateca, la Dirección General de Emergencias ha realizado inspecciones con medios aéreos y ha desplegado efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento y de la Unidad de Apoyo de Emergencias en la zona. Paralelamente, desde la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, se han realizado las labores de inspección propias de la valoración del riesgo sanitario asociado al episodio de contaminación marina registrado en el litoral del municipio de Telde.
Esa labor, realizada por los profesionales de la Dirección de Área de Salud de Gran Canaria,ha consistido en la inspección visual de las zonas de baño, la toma de muestras de agua de mar y el análisis de los parámetros microbiológicos obligatorios, Enterococos intestinales y Escherichia coli, así como en la adopción de medidas preventivas de protección de la salud cuando resulta necesario. Como consecuencia de los hechos observados y en aplicación del principio de precaución, se recomendaron y mantuvieron medidas preventivas consistentes en la prohibición del baño y del acceso a las playas afectadas.
Además, al margen de los muestreos previstos en el calendario ordinario, se ha realizado muestreos extraordinarios semanales, con carácter preventivo, en las zonas afectadas. Los resultados obtenidos hasta la fecha en los parámetros microbiológicos analizados, Enterococos intestinales y Escherichia coli, se sitúan dentro de los valores establecidos en la normativa vigente, no evidenciándose, desde el punto de vista sanitario, incumplimientos de los criterios de calidad del agua de baño en parámetros microbiológicos.
No obstante, la vigilancia por parte de la Dirección General de Salud Pública y la Dirección del Área de Salud de Gran Canaria se mantendrá siempre que haya indicios de contaminantes, olores anómalos, espumas, sustancias grasas u otras circunstancias apreciables, con independencia de que los resultados analíticos reflejen o no superaciones de los parámetros microbiológicos.
Asimismo, todas las áreas recuerdan que cualquier investigación sobre el origen de estos sucesos y sus posibles responsabilidades se desarrolla en el marco de los procedimientos abiertos por los cuerpos y autoridades competentes, como son actualmente el Seprona y la Fiscalía de Medio Ambiente.
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