Con el término «corrupción» el código penal español engloba a varios delitos que implican el abuso de poder para obtener ventajas indebidas en el ámbito público y privado. Vinculados a la corrupción pública como recibir o dar sobornos a funcionarios (el cohecho), tomar decisiones arbitrarias a sabiendas de su injusticia (la prevaricación), el tráfico de influencias y la malversación de fondos públicos.
Fatalmente, en nuestro país, la corrupción campa por sus respetos. Y donde más afectan sus escándalos a las principales administraciones y las grandes empresas es en las obras públicas, un sector preferente para los políticos corruptos y las empresas corruptoras para intercambiar contratos millonarios por abultadas comisiones ilegales y favores indebidos. Tal es la ambición de los implicados por extraer el máximo de beneficios ilícitos que el despilfarro de costes y recursos se ha vuelto estructural. Y así, según informes de la Asociación de Geógrafos Españoles, en las últimas dos décadas se han gastado más de 81.000 millones de euros en infraestructuras manifiestamente innecesarias e inútiles.
Son casos emblemáticos en estas dinámicas delictivas la trama Gürtel, el caso 3% en Cataluña y el caso Malaya. Y, últimamente, se ha empezado a desentrañar el llamado Caso Koldo. Entre 2000 y 2020, se registraron 3.743 casos de corrupción política, y en 2024, 108 personas fueron procesadas en 35 procedimientos judiciales. Por la parte política, entre las personas encausadas son mayoría las vinculadas al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Español, las fuerzas políticas que, desde hace décadas, gobiernan, alternativamente, la gran mayoría de las Administraciones públicas.
Por la parte empresarial, hay multitud de empresas de todo tamaño involucradas por obras más modestas, pero en las grandes obras públicas son las mayores constructoras, como Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr, por su afán de aumentar los beneficios accionariales y los emolumentos de sus directivas, las principales responsables de los sobornos a responsables públicos y del despilfarro de los recursos estatales.
Pero entre las élites del poder empresarial de ese sector la corrupción va mucho más allá. De hecho, en julio de 2022, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), organismo público que promueve y preserva el buen funcionamiento de todos los mercados, en interés de los consumidores y de las empresas, publicó una resolución por la que multaba a las seis grandes constructoras referenciadas con más de 203 millones de euros por llevar a cabo
¡durante más de 25 años! prácticas que alteraron miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras de interés general alterando el proceso competitivo y perjudicando gravemente la libre competencia en el sector.
Esta es corrupción por manipulación de la oferta generando estructuras oligopólicas de entente que excluyen a la competencia. Pues estas empresas acordaban entre ellas qué contratos públicos iban a compartir, intercambiaban información sobre los concursos, colaboraban en la preparación de las ofertas técnicas y decidían quiénes se presentaba a cada licitación y en qué condiciones, repartiéndose el mercado y evitando una competencia real entre ellas. Al cártel de licitaciones creado por las principales constructoras la Comisión también impuso la prohibición de contratar con la administración pública. Porque esas conductas constituyen una infracción muy grave de la legislación estatal sobre Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Sin embargo, resulta que la duración concreta de esa prohibición de acceder a contratación pública no puede exceder el límite de los 3 años, pues así lo establece para las infracciones graves de falseamiento de la competencia la Ley de Contratos del Sector Público. Y, además, la medida fue suspendida, de forma cautelar por la Audiencia Nacional, lo que demora la aplicación efectiva de la sanción hasta la resolución de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por las entidades.
Por lo que, mientras no haya una prohibición administrativa firme y definitiva en vigor, las empresas sancionadas siguen operando en el sector público y participan en suculentos proyectos europeos financiados por los fondos Next Generation EU. Mas de una treintena de empresas multadas por amañar contratos públicos, incluidas las grandes constructoras, han recibido hasta la fecha más de 800 millones de euros en contratos con cargo a estos fondos.
Concluyendo, según datos analizados por el Banco de España, las grandes empresas, entre ellas las constructoras implicadas en casos de manipulación de licitaciones, siguen siendo las principales receptoras de contratos públicos en proyectos estratégicos y obras de gran envergadura, tanto nacionales como internacionales, en sectores como la construcción, el sector ferroviario y los servicios.
Todo ello resulta posible, gracias a otra forma de corrupción, casi nunca evidenciada y aún menos perseguida: la de lograr influir para obtener legislaciones y normativas a su conveniencia, a través de la cooptación de altos cargos políticos y administrativos públicos en sus consejos de administración.
Frente a juego limpio, “mordidas”, frente a libre concurrencia, “parasitismo” económico y frente independencia del sector público, “puertas giratorias”. A esto ha reducido el actual bipartidismo las expectativas democráticas y de estado de derecho generadas por la constitución de 1978. Y las multinacionales “españolas” de las obras públicas. Estos son los grandes corruptores del sector público en España.
Xavier Aparici, filósofo y experto en gobernanza y participación
