El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número de 6 de Las Palmas de Gran Canaria tuvo que requerir en octubre al Cabildo la entrega de cuatro documentos sobre la compra de Amurga que no fueron aportados al procedimiento judicial emprendido por el consejero Daniel Reyes para anular la operación. Y ahora se ha desvelado que también ha desaparecido el original de uno de esos informes, cuya copia sí figura en el expediente administrativo. De otro documento se argumenta desde el gobierno insular que ya no existe y los otros dos papeles sí fueron remitidos a la jueza con posterioridad.
El documento que no aparece en las dependencias del Cabildo es una propuesta del área de Patrimonio para “la adquisición de fincas rústicas” de fecha 4 de agosto de 2016, meses antes de que se convocara el concurso público. En ese folio se subrayan, a lápiz o bolígrafo, los tres terrenos de Amurga, con su superficie y precio final. E incluso alguien escribe a mano el siguiente comentario: “Ya hemos adquirido alguna, creo que la de Amurga I. Por favor, actualizar datos para comprar”.
La desaparición de ese documento se conoció en el Pleno del Cabildo de ayer, durante una pregunta del propio Reyes al consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, que derivó la contestación a los Servicios Jurídicos de la corporación insular.
Reyes, consejero de Ciuca-PP, usó una de las iniciativas de su grupo para exponer esos hechos y preguntar a Sosa por las razones de esa actuación del departamento de Presidencia. “¿Cuál es el motivo por el que cuando se pidió el expediente administrativo se quitaron documentos y cuál es el motivo por el que ahora no existe el documento original, si es que realmente ha desaparecido?”, interpeló el consejero de la oposición.
“Me sorprende que me dirija la pregunta a mí”, respondió Teodoro Sosa, “porque usted sabe la cantidad de pleitos que hay a diario en este Cabildo; no he sido yo el que ha contestado al Juzgado, sino la Asesoría Jurídica, dirija la pregunta a la Asesoría Jurídica y le dirá si está o no está [el documento], si se le espera o no se le espera, porque si no existe no se lo va a inventar para aportarlo al Juzgado”.
El consejero de Presidencia también recordó que él tomó posesión en el año 2019, por lo que no tiene por qué saber lo que ocurrió en el año 2016, una explicación que no convenció a Reyes, quien insistió en que fue la Jefatura de Servicio de Presidencia la que comunicó al Juzgado que ese documento original ha desaparecido.
El documento subrayaba la compra de las tres fincas meses antes de abrir el concurso
“No es que yo piense que se haya quitado adrede, que se haya hecho desaparecer el documento original y ahora no se pueda cotejar caligráficamente, no soy capaz de elucubrar semejante maldad, pero me pregunto si esto es normal que el Juzgado pida un expediente y no estén todos los documentos que lo componen sin explicación alguna, o que pida un documento concreto y el Cabildo diga que no existe”, ironizó Reyes, quien anunció que reiterará su petición en el próximo Pleno.
“La responsable del expediente es la Consejería de Presidencia y en otras ocasiones si le escuchado hablar del expediente de Amurga, pero si usted tiene tanta carga de trabajo que no puede mirar si ha desaparecido ese documento, le dirigiré la pregunta al área correspondiente”, comentó Reyes, a lo que Sosa le replicó que no es que no tenga tiempo, pero tampoco es esa la labor de un consejero y además “es imposible controlar los cientos de documentos que figuran en cada expediente administrativo”.
El segundo documento que no se remitió al Juzgado y que se requirió en octubre al Cabildo es un supuesto informe de fiscalización negativo sobre la adquisición directa de las fincas realizado por un interventor. De ese documento sí existe un pantalla y el propio gobierno justificó el concurso y su polémica adjudicación por la imposibilidad de comprar esos terrenos a sus propietarios de manera directa.
Deslindes
Otro documento requerido por el Juzgado a solicitud de Reyes, y que sí ha sido entregado por el Consejo Insular de Aguas, es el acuerdo sobre la contratación de la empresa DI Water sobre los deslindes administrativos en las fincas de Amurga. También se declaró pertinente la prueba testifica de un ingeniero de dicha empresa, según se recoge en el auto judicial del pasado 20 de octubre.
Tras la tormenta política que generó la compra de las tres fincas de Amurga, por ser propiedad de familiares del líder de NC, Román Rodríguez, y pese a que desde el gobierno de Antonio Morales se insistió en que el expediente era “impecable” e “impoluto”, el propio ejecutivo insular pretende ahora anular su acuerdo a través del Consejo Consultivo de Canarias, al advertir que es nulo de pleno derecho. Los socios de NN también le han advertido de que no aprobarán esa compra.
Por la vía judicial, el procedimiento emprendido por Reyes ya ha quedado visto para sentencia y previsiblemente el fallo del Juzgado Número 6 anulará el acuerdo del Consejo de Gobierno antes de que se pronuncie el Consultivo.
La “gravedad” de la desaparición del documento, según Reyes, es que sería relevante en el caso de que alguien quisiera continuar el caso Amurga por la vía penal, incluso los propios vendedores.
La Provincia-Dlp
