CAE UNO DE LOS HOMBRES FUERTES DE PABLITO RODRÍGUEZ (CC), TRAS SER PROCESADO POR UN DELITO SEXUAL

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El director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, ha presentado su dimisión después de que haya salido a la luz que ha sido procesado por un presunto delito sexual relacionado con su etapa como alcalde de San Mateo. La renuncia se formalizó el miércoles 18 de febrero, un día después de conocerse la decisión judicial.

El titular del juzgado de Instrucción Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, ha procesado como presunto autor de un delito contra la libertad sexual al exalcalde de San Mateo Antonio Ortega, que hoy es director del Instituto Canario de la Vivienda.

El auto de procesamiento, según informa Canariasahora, fue dictado el pasado 6 de febrero y supone el fin de la instrucción iniciada en 2022 por una denuncia presentada por una joven sobre unos hechos ocurridos en el verano de 2017. Ortega aún puede recurrir el auto, pero de rechazarse el recurso podría acabar sentado en el banquillo.

El juez también ha impuesto una fianza de 125.000 euros al demandado, con embargo de bienes en caso de impago, para cubrir una posible indemnización a la denunciante, en caso de condena.

Un gesto de responsabilidad

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asegurado este viernes que Ortega le había informado de su intención de apartarse del cargo al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y a él mismo, tras conocer el auto judicial de su procesamiento.

Según explicó Rodríguez, la dimisión de Ortega responde a un acto de responsabilidad personal. El dirigente optó por dar un paso al lado para evitar que su situación judicial afectara a su trabajo en el Gobierno de Canarias, especialmente en un área tan sensible como la vivienda. Además, el consejero subrayó la importancia de que Ortega pudiera concentrar sus esfuerzos en su defensa personal, respetando siempre el principio de presunción de inocencia.

Aunque Rodríguez reconoció la gravedad de la situación, recordó que no se puede realizar una valoración definitiva hasta que no exista una sentencia firme. De acuerdo con el consejero, la dimisión fue un gesto que el Gobierno aceptó. Rodríguez puso en valor la dedicación de Ortega en la lucha contra la emergencia habitacional en Canarias.

Expresó su agradecimiento por el trabajo y esfuerzo de Ortega en la gestión de la crisis de vivienda, especialmente en un contexto marcado por la escasez de recursos y el creciente número de personas que requieren soluciones habitacionales. Sin embargo, también reconoció que la situación personal de Ortega requería este paso para evitar que afectara el desarrollo de políticas cruciales para los canarios.

La Provincia-Dlp

 

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS? LA PLATAFORMA POR LA FIBRA ÓPTICA DENUNCIA INTENTOS DE DESACREDITACIÓN Y EL SILENCIO DE LA EMPRESA

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La Plataforma por la Fibra Óptica —esa especie de “milagro vecinal” que, sin presupuesto millonario ni coches oficiales, ha logrado lo que parecía imposible: que se escuche a los barrios olvidados— comparece y, como siempre, informa.

Informamos, por si alguien no lo había notado entre tanta agenda institucional, que esta Plataforma fue consolidada y reconocida en el Parlamento de Canarias, no como capricho tecnológico, sino como respuesta a una necesidad básica: una conexión digna en pleno siglo XXI. Porque sí, en 2026 internet no es lujo; es trabajo, educación, sanidad y vida cotidiana.

Resulta ahora que, desde algún grupo político —cuya inspiración para la desconexión digital parece ser más potente que nuestra fibra— se pretende anular o diluir la labor de esta Plataforma. Quizá porque molesta que los vecinos se organicen. Quizá porque recordar carencias no siempre queda bien en campaña.

Esta Plataforma, que siempre ha notificado directamente las incidencias, el malestar vecinal y las deficiencias del servicio, se encuentra ahora con el silencio administrativo por respuesta desde Telefónica. Curiosa situación, teniendo en cuenta que el mayor accionista de dicha empresa es el pueblo español. Es decir, los mismos vecinos que hoy reclaman un servicio adecuado.

La paradoja es admirable: cuando la conexión falla de forma masiva, ahora se nos indica que debemos comunicarlo al Ayuntamiento. Es decir, que si la red cae, no debemos llamar a quien presta el servicio, sino a la institución municipal. Pronto, quizá, debamos avisar también al Cabildo, al Parlamento Europeo o a la Agencia Espacial Internacional, por si la avería procede de Mercurio, retrógrado…

La Plataforma no ha hecho otra cosa que canalizar el malestar de vecinos que carecen de un servicio de conexión estable y digno. Ha actuado con responsabilidad, con comunicación directa y con ánimo constructivo. No somos técnicos de red, pero tampoco somos ingenuos.

Por todo ello:

1. Expresamos nuestra preocupación ante cualquier intento de anular o deslegitimar esta iniciativa vecinal.

2. Reivindicamos el derecho de los ciudadanos a ser escuchados cuando el servicio por el que pagan no cumple.

3. Solicitamos que se restablezcan los canales directos de comunicación con la empresa prestadora del servicio.

4. Recordamos que la solución a una avería técnica no puede ser el traslado burocrático del problema.

Seguiremos informando, seguiremos notificando y, si es necesario, seguiremos recordando que la fibra óptica no es ideología: es infraestructura básica.

Atentamente, Plataforma por la Fibra Óptica: (La que no se desconecta cuando se cae la red)

 

«EL REF BAJO EXAMEN: ¿MOTOR REAL DE DESARROLLO O RELATO POLÍTICO?»

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En municipios como Telde, el debate no se formula en términos macroeconómicos. Se traduce en algo más tangible: facturación, costes energéticos, competencia digital, supervivencia empresarial.

El Régimen Económico y Fiscal de Canarias vuelve al centro del debate público. No por una consigna partidista ni por un enfrentamiento parlamentario, sino por algo más incómodo: su evaluación formal ante la Comisión Europea.

La encuesta impulsada en el marco del Plan de Evaluación 2015-2023 no es un simple trámite administrativo. Es, en esencia, una auditoría política. Porque la pregunta que subyace es clara: ¿ha cumplido el REF los objetivos que prometía?

Reconocido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y protegido por la Constitución Española, el REF se justifica en una realidad indiscutible: Canarias es región ultraperiférica. La lejanía, la fragmentación territorial y los sobrecostes estructurales condicionan su desarrollo. La compensación fiscal, por tanto, no es un privilegio; es un mecanismo de equilibrio.

Pero todo mecanismo público debe medirse por sus resultados.

Incentivos reforzados, dudas persistentes

Entre 2015 y 2023 se reforzaron instrumentos clave como la Reserva para Inversiones (RIC), la Deducción por Inversiones en Canarias (DIC) y distintas exenciones fiscales. El discurso institucional fue rotundo: más incentivos, más inversión, más empleo.

Sin embargo, Bruselas no evalúa discursos. Evalúa impacto.

¿Ha crecido la economía canaria por encima de la media nacional de forma sostenida?
¿Ha mejorado la calidad del empleo o seguimos anclados en la temporalidad?
¿Se ha diversificado el modelo productivo o continúa la dependencia estructural del turismo?

Son cuestiones que trascienden la técnica tributaria y se adentran en la responsabilidad política.

La realidad a pie de calle

En municipios como Telde, el debate no se formula en términos macroeconómicos. Se traduce en algo más tangible: facturación, costes energéticos, competencia digital, supervivencia empresarial.

La RIC exige beneficios para reinvertir. Pero no todas las empresas generan excedentes suficientes.
La DIC incentiva la inversión, pero quien no tiene capacidad financiera difícilmente puede aprovecharla.

Aquí surge la duda central:
¿ha sido el REF una herramienta democratizada o un instrumento aprovechado principalmente por quienes ya tenían músculo inversor?

Muchos empresarios sostienen que Canarias entró en la Unión Europea por el protocolo equivocado. Que con el paso de los años la promesa de convergencia no se ha traducido en una mejora estructural real. Al contrario, seguimos ocupando posiciones rezagadas en productividad, salarios y empleo estable.

Si el REF era la palanca correctora de nuestra desventaja estructural, la evaluación obliga a preguntarse por qué los indicadores no reflejan una transformación profunda.

Entre la compensación y la dependencia

Otra percepción crece en determinados sectores sociales y empresariales: que el modelo ha derivado hacia un sistema sostenido por subvenciones, ayudas y beneficios fiscales que alcanzan a una minoría pero no transforman el conjunto de la economía.

La fiscalidad especial canaria continúa envuelta en una complejidad técnica que la aleja de la ciudadanía. Falta pedagogía pública. Falta rendición de cuentas detallada. Falta claridad sobre quién se beneficia, cuánto se invierte y cuál es el retorno social real.

Algunos sectores hablan incluso de una lógica de dependencia estructural, donde las grandes decisiones se toman lejos y la transparencia resulta insuficiente. Más allá de la carga simbólica de esas afirmaciones, lo que emerge es una exigencia democrática: información clara y evaluación rigurosa.

A ello se suma una paradoja política que no pasa desapercibida: mientras desde Bruselas y Madrid se critican determinados modelos económicos proteccionistas en otros países, en Canarias se mantiene desde hace décadas un régimen excepcional permanente. La coherencia del discurso también forma parte del debate.

Una oportunidad para revisar

La Comisión Europea exige proporcionalidad y eficacia en las ayudas regionales. No basta con invocar la singularidad; hay que demostrar impacto real.

Por eso esta evaluación no debería entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad.

Defender el REF es defender la singularidad canaria. Pero blindarlo no significa convertirlo en intocable. Si algo no está funcionando como debería, la respuesta no puede ser el inmovilismo.

Quizá ha llegado el momento de darle una vuelta profunda al sistema. Orientarlo con mayor claridad hacia la pequeña y mediana empresa. Garantizar que los incentivos lleguen a la economía real. Exigir mayor transparencia en la fiscalidad especial. Vincular cada ventaja fiscal a resultados medibles en empleo estable y diversificación productiva.

Porque al final, la cuestión no es técnica.

Es política.

¿Ha servido el REF para mejorar la vida de la mayoría o se ha quedado en una herramienta sofisticada para unos pocos?

Si no hay datos claros, si no hay rendición de cuentas accesible y si la ciudadanía no percibe una mejora tangible, el problema deja de ser fiscal.

Se convierte en un debate democrático.

El REF está bajo examen. Y esta vez no basta con repetir que es intocable.
Hay que demostrar que funciona.

Juan Santana, periodista y locutor de radio