Parece que el Gobierno de Canarias ha decidido resolver de una vez por todas el drama de la vivienda… quitándoles las casas a quienes todavía las conservan.
La nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda (bonito nombre, por cierto) promete acabar con la “injusticia social” que supone que un canario alquile su apartamento a un turista. ¡Faltaría más!
A partir de ahora, si usted soñaba con complementar su pensión alquilando el piso que heredó de su madre, olvídese. Lo suyo no es turismo, es terrorismo inmobiliario.
El mensaje es claro: el turismo debe ser de todos… pero gestionado por los de siempre.
Dicen que esta ley busca proteger la vivienda residencial. Claro, claro. Igual que las dietas protegen el gofio.
Lo que en realidad protege es el negocio de los grandes tenedores y de los hoteles con pulsera, que seguirán llenando sus bolsillos mientras las familias que alquilaban una casita en Agaete o Los Cristianos tendrán que volver a hipotecarse para sobrevivir.
Y lo más gracioso —porque siempre hay humor en el drama— es que el propio Gobierno de Canarias firmó hace nada la Declaración de Sevilla, donde se defendía la vivienda vacacional como una oportunidad, no como un enemigo.
Allí aplaudían el modelo. Aquí lo fusilan.
Debe ser que la coherencia política también está en alquiler… y sin contrato fijo.
Los expertos llevan años avisando: la vivienda vacacional no es el problema, sino la excusa.
Pero claro, reconocer eso sería aceptar que la Administración lleva una década durmiendo la siesta mientras se acumulan más de 200.000 viviendas vacías.
Ahora, en vez de activar esas, prefieren desactivar las que sí funcionan. Brillante.
Con ese mismo criterio, pronto eliminarán los coches particulares para fomentar el transporte público… aunque no haya guaguas.
Y ojo, que lo hacen “por el bien común”. Como siempre.
Por el bien común de los fondos de inversión, que no pueden competir con la señora que alquila su piso de dos habitaciones a 70 euros la noche.
Por el bien común de los bancos, que financiarán los nuevos megaproyectos hoteleros.
Y por el bien común de la burocracia, que así tendrá más papeles que firmar.
Dicen que es una “ley sostenible”. Claro que sí: sostenible para los que viven de los impuestos y de los discursos.
Porque lo que no se sostiene es el bolsillo del pequeño propietario, ni el empleo de quienes gestionan estas viviendas, ni la lógica de un gobierno que combate la economía real para presumir de “orden”.
Y aquí la gran pregunta:
¿Qué cimientos tiene la consejera de Turismo de Canarias para apoyar este asunto?
Porque si los cimientos son los mismos que los de la política de vivienda de los últimos años, más nos vale no construir nada encima.
A este paso, lo único sostenible será el enfado ciudadano y la distancia entre los despachos y la realidad de la calle.
Y la pregunta ahora es:
¿Cuándo y dónde lo van a celebrar la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias y los grandes hoteleros?
Porque esto, más que una ley, parece el guion de una fiesta privada: brindis por los fondos de inversión, alfombra roja para los lobbies y un brindis final por el “éxito” de haber dejado fuera del tablero a miles de familias canarias.
Seguro que será una fiesta por todo lo alto, eso sí, con alojamiento incluido… pero no en una vivienda vacacional, claro.
En definitiva: jaque mate a la clase media, a los autónomos y a la coherencia.
El turismo seguirá siendo el motor de Canarias, sí, pero con un nuevo lema:
“Turismo sí, pero solo si lo gestionan los que tienen moqueta”.
Y al resto, que les quede claro: si quieren alquilar, que empiecen por su sofá.
Porque la pregunta final, la que muchos ciudadanos se hacen hoy, es la más sencilla y a la vez la más demoledora:
¿Este es el Gobierno de Canarias que tenía y que defendía a los ciudadanos?
Si es así, que no se olviden de dejar una luz encendida cuando cierren la puerta… de las viviendas vacacionales.
Juan Santana, periodista y locutor de radio
