La Inspección de Trabajo sancionará a las empresas que no respeten las normas impuestas de ventilación y limpieza, distancia de 1,5 metros entre trabajadores y turnos para evitar aglomeraciones.
En plena desescalada, uno de los grandes focos de contagio de la Covid-19 puede estar en las empresas, muchas de las cuales ya han iniciado el retorno gradual de sus trabajadores a las oficinas. Es por esto que el Gobierno quiere poner especial atención a que las compañías cumplan con las medidas de seguridad y salud para prevenir el coronavirus impuestas hace un mes y ha habilitado a la Inspección de Trabajo de manera «extraordinaria» y «limitada en el tiempo» para imponer sanciones de entre 2.046 y 40.985 euros en caso de que no cumplan con la normativa vigente, según establece el Real Decreto publicado hoy por el BOE.
Así, si hasta ahora este cometido era competencia de la autoridad sanitaria, los funcionarios de la Inspección de Trabajo asumen el mando y, junto a los funcionarios habilitados por las comunidades autónomas, serán los encargados de «vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública», según consta en el texto publicado hoy y que modifica el decreto del 9 de junio.
Más concretamente, los inspectores supervisarán que las empresas cumplen con la obligación de desinfección, limpieza y ventilación adecuada de los centros de trabajo; proporcionan agua y jabón o geles hidroalcohólicos a sus empleados; mantienen la distancia de seguridad de 1,5 metros entre cada trabajador, tanto en su puesto como en las zonas comunes, o, en su defecto, les proporcionan los equipos de protección (EPI); y adaptan las condiciones de trabajo organizando turnos y potenciando el teletrabajo para evitar la coincidencia masiva de personas en los centros de trabajo (también de clientes) durante las franjas horarias de previsible mayor afluencia.
El Ejecutivo establece que el incumplimiento de las obligaciones de estas medidas anti-Covid se considerarán infracciones graves, que cuentan con sanciones que oscilan entre los 2.046 y los 40.985 euros. Más específicamente, las infracciones graves en materia prevención de riesgos laborales se sancionan con multa en su grado mínimo, de 2.046 a 8.195 euros; en su grado medio, de 8.196 a 20.490 euros; y en su grado máximo, de 20.491 a 40.985 euros, según la normativa actual. La cuantía de la multa dependerá del grado de incumplimiento: a mayor número de trabajadores sin protección, mayor multa, explican desde la Inspección de Trabajo, que también avisan de que la sanción será más elevada si la compañía ya había recibido un requerimiento.
El Gobierno explica que los centros de trabajo son «espacios proclives a la propagación del virus, como demuestra el hecho de que una parte importante de los rebrotes de contagios habidos hasta el momento, tanto en España como en otros países de la Unión Europa, se haya producido en los centros de trabajo». Por ello, habilita a la Inspección de manera «extraordinaria motivada por lo extraordinario de la situación actual de la pandemia y limitada en el tiempo».
De esta forma, «supondrá un importante refuerzo en la tarea de prevención de los contagios en los centros de trabajo mediante una acción inspectora adecuada a las necesidades de una respuesta ágil para controlar la pandemia y un marco jurídico inequívoco en la respuesta a los posibles incumplimientos constatados», según establece el nuevo real decreto de medidas urgentes aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
Necesidad de un refuerzo
Un total de 965 inspectores y 85 subinspectores se encargaran de llevar a cabo estas labores de vigilancia de las medidas de prevención cotra a Covid-19 en todas las empresas españolas, una plantilla mínima para todas las tareas que tienen encomendadas, según denunció a este periódico Ana Ercoreca, presidenta del sindicato de inspectores de Trabajo, que pidió al Gobierno un «refuerzo urgente».
Ercoreca manifestó que si son ellos los que ahora tienen que realizar estas competencias que eran de sanidad, «se tienen que hacer con unas condiciones adecuadas, con una plantilla y con unos medios». «Ni hay plantilla, ni medios ni nada», se lamentó.
Canarias7
