Los hechos son tozudos. Juan Santana Hernández, director y presentador del “El Pulso”, programa que emite Radio Las Palmas de 6 a 7.30 de la tarde de lunes a jueves, presentó una denuncia el 18 de septiembre de 2018 contra la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell Aguilar, por mofarse de él a través de su cuenta de Twitter a cuenta de la foto de un accidente que sufrió en la que se le comparaba con otra del ogro Shrek.
La magistrada contaba en ese momento con 37.400 seguidores. Hasta esta fecha, había publicado un total de 7.892 mensajes en forma de “tuits”. Es la magistrada más activa en esta red social. Opina sobre todo.
Santana la presentó ante el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD) del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, vía “on line” ante la Unidad de Atención al Ciudadano.
La noticia de la denuncia la publicó Santana Hernández a través de su cuenta de Twitter “urbi et orbi” ese mismo 18 de septiembre.
Curiosamente, 24 horas después, la mencionada magistrada presentó una denuncia por un supuesto delito de “acoso” contra el periodista; el 19 de septiembre de 2018.
Santana Hernández es uno de los periodistas más críticos en las islas contra Rosell y contra su pareja, el también periodista, Carlos Sosa, al que éste invitó a su programa.
En ese momento estaban en juego las posibilidades de Rosell de convertirse en nueva vocal del CGPJ, propuesta por Podemos.
Ciertamente aquella denuncia mermaba sus posibilidades
El 27 de septiembre, ocho días más tarde, el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, envió al Congreso y al Senado los nombres de los 51 candidatos a las 12 plazas de vocales jueces en liza. Entre “los elegidos” estaba Rosell Aguilar.
Rosell tuvo suerte. El pAD Conde archivó, en diciembre, la denuncia de Santana Hernández sobre Rosell.
“No cabe formular reproche alguno a la Magistrada Dña. María Victoria Rosell Aguilar dado que la publicación que constituye la base de la denuncia rectora de las presentes diligencias informativas tuvo lugar dentro de la esfera personal y privada de ésta, y por tanto, extramuros de su desempeño judicial“, escribió Conde en su acuerdo.
El pAD, sin embargo, le dio un fuerte tirón de orejas
Le recordó a la magistrada que sobre “la denunciada pesa la obligación de abstenerse de realizar conductas que puedan hacer quebrar la confianza social en los Tribunales, elemento esencial del sistema democrático (…) y que en el orden disciplinario aplicable a jueces y magistrados tiene un más amplio perfil que el que corresponde a los funcionarios públicos a causa de la singular posición que aquellos ocupan dentro del Estado”.
La magistrada Victoria Rosell con el “twit” sobre la persona del periodista Juan Santana Hernández que este consideró ofensivo porque lo comparaba con el monstruo Shrek.
Rosell finalmente no fue elegida
Quedo fuera de la selección final de 12. Aunque todo el proceso de renovación del órgano de los jueces se fue al traste debido a un WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, afirmando que el presidente acordado, Manuel Marchena, era poco menos que uno de los suyos, lo que llevó a este magistrado a renunciar al cargo.
DENUNCIA ANTE EL JUZGADO DE GUARDIA, PERO LAS COSAS NO SALEN BIEN
La magistrada se dio prisa en interponer la denuncia contra el director y presentador de “El Pulso” ante el Juzgado de Guardia.
Habían pasado, apenas, 24 horas, desde que Santana Hernández había puesto la suya. Con el conocimiento claro de que el promotor de la Acción Disciplinaria ya la tenía en sus manos.
Si todo hubiera seguido su curso normal, en pocos días se hubiera conocido públicamente.
Hubiera sido un “antídoto” claro.
Sin embargo, no fue así.
Por reparto tocó al Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas, que ocupa su compañero el también magistrado Rafael Passaro Cabrera.
Lo lógico hubiera sido que, a continuación, Passaro hubiera llamado a declarar a Santana Hernandez. Pero no lo hizo.
Como Rosell, en su denuncia, había puesto que el periodista vivía en la localidad de Telde, población al sur de Gran Canaria, a 14,3 kilómetros de Las Palmas, Passaro se inhibió a esos Juzgados.
Cayó en el Instrucción 1, del que es titular la magistrada María Cecilia López Vázquez, que entendió que la competencia era de Passaro y se lo devolvió, quien no contento con esa decisión, lo elevó a la Audiencia Provincial para que determinara quién debía quedárselo.
Y la Audiencia le dijo que él
Aunque volvió a abrir diligencias previas, finalmente Passaro se abstuvo argumentando que su imparcialidad estaba comprometida porque su exmujer, Paula Cabrera Mesa, había estado en el programa de Santana Hernández hablando, precisamente, sobre él.
Por lo que finalmente quien se quedó con el caso fue el magistrado Luis Galván Mesa, de Instrucción 6 de Las Palmas.
5 MESES MÁS TARDE LE LLEGA LA COMUNICACION A SANTANA HERNÁNDEZ
Al periodista le llegó la comunicación de que la magistrada Rosell le había denunciado el pasado 20 de febrero.
Cinco meses y un día después.
Pero no fue hasta seis días más tarde cuando pudo saber por qué.
Todo el efecto que tendría que haber tenido la denuncia, quedó difuminado por el paso del tiempo. Por las dilaciones de sus compañeros.
El pasado viernes, 8 de marzo, Santana Hernández compareció para declarar ante el magistrado Galván Mesa.
Le explicó que su función, como periodista, es informar y que, en ningún momento, la había acosado, a través de Twitter, enviándole mensajes con esa intención.
También negó haber sido el autor de una fotografía de Rosell en la que aparecía con una banda al cuello que ponía Miss Aeropuertos, mote que se le puso en algunos medios después de que se difundiera, el 4 de mayo de 2016, siendo diputada de Podemos, un vídeo en el aeropuerto de Gandor, Gran Canaria, en el que se negaba a mostrar su identificación a un guardia civil.
La foto, le explicó Santana Hernández, había sido publicada por un periódico, Telde Digital, y él se había limitado a retuitearla porque no era una información suya.
En sus alusiones, tanto en su programa como a través de Twitter, añadió el periodista, no se refirió a la vida personal de la magistrada sino que tuvieron que ver por su participación en las elecciones y en su posible nombramiento para vocal del CGPJ.
A su vida pública.
Y finalizó afirmando que había actuado al amparo del derecho a la información y a la libertad de la expresión, contemplados en el artículo 20 de la Constitución.
Y ahí quedó la cosa. Ahora le toca al magistrado decidir.
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