Ahora que estamos inmersos en el debate educativo desde la Subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación en el Congreso, hay un punto en el consenso generalizado acerca de las políticas educativas. Estas deben dar respuesta a la diversidad y a las necesidades derivadas de ella, para que todo el alumnado pueda terminar con éxito su formación y desarrollar su potencial, independientemente de su origen y circunstancias. Un gran reto al que nos enfrentamos debido a las diferencias socioeconómicas, las bajas tasas de participación en educación infantil, el nivel educativo de los padres y madres así como los antecedentes étnicos o migrantes de su alumnado.
La Declaración de París de 2016 propugna la movilización del sector educativo para promover la inclusión y los valores fundamentales, estableciendo una serie de objetivos concretos a nivel nacional y local, y define cuatro grandes prioridades para la cooperación a nivel europeo.
Conceder a los jóvenes competencias sociales, cívicas e interculturales, promoviendo los valores democráticos y los derechos fundamentales, la inclusión social, la no discriminación y la ciudadanía activa, estimular el pensamiento crítico y la alfabetización audiovisual, en particular con relación al uso de internet y las redes sociales, para una mayor resistencia frente a la discriminación y el adoctrinamiento, impulsar la educación de los niños y jóvenes desfavorecidos, velando por que nuestros sistemas educativos y de formación respondan a sus necesidades, y promover el diálogo intercultural a través de todas las formas de aprendizaje, en cooperación con otras políticas y agentes.
Al mismo tiempo, un reciente estudio, presenta las causas y consecuencias de la falta de equidad en educación, para luego proponer retos y posibles soluciones en relación con cuatro grandes áreas, el aprendizaje a lo largo de la vida, habilidades y empleabilidad, la educación inclusiva para los niños desfavorecidos, la equidad y la eficiencia de los sistemas de educación y formación, y la capacitación de los educadores y el personal de la enseñanza.
Algunos ejemplos de desigualdad educativa se reflejan en la pobreza y la exclusión social, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia de las desventajas educativas. Por tanto, el nivel socioeconómico del alumnado actúa como determinante en los resultados escolares, y su riesgo de abandono del sistema. La calidad de la educación en la primera infancia es crucial para romper con el círculo de la desventaja social y educativa. Para ello es importante, entre otras cosas, ubicar a los mejores docentes en las zonas más desventajas ayuda a incrementar la eficiencia y equidad de la educación.
En relación con la educación inclusiva para niños en situación de riesgo, tales como inmigrantes o procedentes de minorías étnicas por poner algunos ejemplos, se debe promover y apoyar la participación de las familias y las comunidades locales. Debemos, por tanto apostar por la equidad y la eficiencia de nuestro sistema educativo aplicando de manera eficaz estrategias de mejora, tanto en la atención temprana y en la primera infancia, como en la provisión de educación formal y no formal.
Por lo tanto, y a modo de conclusión, estamos en un momento de debate donde se hace necesario promover una acertada política educativa asegurando una inversión sostenible en la financiación del sistema. Y en este punto hemos de hacer hincapié en la formación y en la capacitación del profesorado y de los equipos directivos de los centros para el trabajo en la creciente diversidad del aula, observándose en muchos casos la ausencia de programas formativos relacionados con la diversidad de nuestro alumnado a través de pedagogías innovadoras.
Antonio Hernández Lobo, director del Área de Educación de la Delegación del Gobierno en Canarias
