La defensa del patrimonio histórico debe ser unos de los objetivos más importantes en la gestión del cualquier Cabildo y, particularmente, del Cabildo de Gran Canaria.
Poner en valor el patrimonio histórico es un fin cultural en sí mismo. Apreciar nuestra historia, estudiarla, analizarla y disfrutarla es algo que no tiene precio y como tal debe protegerse y divulgarse. Además de un fin cultural en sí mismo y un valor para ser disfrutado por los grancanarios, también es un activo económico de primera magnitud en una isla como Gran Canaria dado su potencial para diversificar y enriquecer nuestra oferta turística dentro de las magnitudes necesarias para garantizar el fin principal de la protección histórica.
Los hallazgos arqueológicos, los centros históricos y el patrimonio artístico en general forman parte del alma de una sociedad y, como tal, hay que protegerlos, estudiarlos y mostrarlos al mundo.
En este mandato los distintos grupos de la oposición, y particularmente el PP, hemos presentado varias iniciativas en este sentido. Mejorar el Cenobio de Valerón, en estado de abandono; unir Vegueta y Triana eliminando la vía que parte en dos este conjunto histórico; impulsar el proyecto del Museo de Bellas Artes o continuar con la política iniciada el mandato pasado respecto a Risco Caído implicando a la sociedad en este ambicioso proyecto son algunas de las iniciativas que hemos llevado al Pleno del Cabildo.
Con la excepción de Risco Caído, todos estos asuntos han sido ninguneados por el Tripartito más allá de alguna vaga declaración de buenas intenciones cuando sale el tema.
También echamos de menos iniciativas impulsadas por el anterior consejero de Cultura y Patrimonio Histórico, y materializadas por mí en el Parlamento de Canarias, para una mayor protección del patrimonio subacuático, o para actualizar la legislación territorial en materia de patrimonio histórico y, muy especialmente, del patrimonio audiovisual.
Con todos estas carencias y lunares, Antonio Morales acaba de montar en El Veril un auténtico vodevil movido por oscuras intenciones que no terminan de ver la luz, y que ha podido retrasar o dar al traste con un proyecto estratégico para fortalecer nuestra oferta turística complementaria, especialmente en el segmento de turismo familiar, y para regenerar una zona turística ya madura.
El tiempo, en pocas semanas, ha ido dejando al descubierto las falsedades y malas artes de Morales en relación a este tema.
El 30 de diciembre el alcalde de San Bartolomé de Tirajana se encuentra con la sorprendente noticia de que el Cabildo de Gran Canaria le ha enviado por Registro una comunicación donde le anuncia el reciente y casual hallazgo de restos arqueológicos en La Maleza -El Veril, donde está previsto construir el Siam Park Gran Canaria.
El Cabildo, además de comunicárselo al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias “a los efectos oportunos” y le pide al primero información sobre las previsiones de desarrollo de la zona (como si no supiera que allí iba a construirse el parque acuático), «para de ese modo adoptar las medidas preventivas o de protección que resulten necesarias».
Si el Cabildo no actuara con malas intenciones y le moviera únicamente la protección del patrimonio histórico compatible con el desarrollo del Siam Park, lo normal es que hubiera convocado una reunión previa entre todas las partes implicadas para encontrar la mejor de la soluciones.
Cuando el alcalde Marco Aurelio Pérez expresa su sorpresa por este proceder, Antonio Morales lo acusa de «traicionar a Gran Canaria». También manifiesta el presidente del Cabildo que posee un informe donde se dice que el hallazgo no afecta a las obras previstas en la zona y que, por tanto, el Ayuntamiento podría otorgar licencia «condicionada». Entonces, si ya sabía que los restos arqueológicos no afectaban a las actuaciones previstas, ¿por qué solicita al alcalde información sobre el proyecto para ser analizada?
Poco conoce a Marco Aurelio si pensaba que se lo podía vacilar.
Y nadie puede creerse que la aparición de los restos fuera reciente después de realizarse allí los estudios y/o proyectos para el desarrollo del proyecto del Tren y el Plan de Modernización y Mejoras de El Veril.
Tampoco es de recibo instar al Ayuntamiento a conceder licencia a un proyecto al mismo tiempo que, de manera genérica e indeterminada, se le advierte de que deberá adoptar «las medidas que resulten necesarias». Todo el mundo entenderá que, en pleno siglo XXI, no se pueden otorgar licencias urbanísticas condicionadas «a lo que a mí se me ocurra con posterioridad».
En definitiva, toda una invitación a un comportamiento de más que dudosa legalidad, ya que una licencia urbanística no es otra cosa que otorgar a un administrado el derecho de ejecutar un proyecto cierto por ser ajustado a las leyes. Si ya se sabe que existen altas posibilidades de que no sea así, y que hay condiciones que un tercero quiere imponer, el otorgante de esa licencia estaría asumiendo responsabilidades de todo tipo.
Estas reflexiones evidencian claramente las malas intenciones de Antonio Morales, que ha montado un vodevil propio de unos dirigentes del Cabildo obsesionados únicamente con ser amos y señores de la Isla. A esto hay que sumar además el rechazo frontal de Podemos, como partido político, a este proyecto, así como el especial boicot de NC al desarrollo de los planes de modernización turística de Maspalomas.
Lo positivo es que en pocos días se ha desmontado todo este tinglado con la rápida y contundente actuación del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, logrando desactivar la peligrosa bomba lapa que la administración insular había colocado en el Sur de la Isla, ya que los restos afectaban al proyecto de canalizaciones que era la licencia en trámite que estaba a punto de otorgarse. Por si fuera poco, el supuesto informe jurídico que, según Morales, permitía el otorgamiento de licencia no aparece en el expediente entregado al Grupo Popular en el Cabildo. Con independencia de que los informes que valen son los del expediente municipal que asume la responsabilidad, de todo tipo, por la licencia que otorga. Aún así, dicho informe tampoco existe en el Cabildo, salvo que esté escondido.
Finalmente, después de la reunión in situ con los técnicos de la Comunidad Autónoma, que era por donde se tendría que haber empezado si era necesario hacer algo, se concluye que el valor de los hallazgos es limitado y que los restos arqueológicos serán trasladados al Museo Canario. Así, una vez concluidos los trabajos encargados urgentemente por el Gobierno de Canarias, se podrá continuar con el expediente.
El Cabildo, como era de esperar, ha terminado reconociendo que los restos arqueológicos se conocían desde hace varios años y que, si no se había hecho nada hasta ahora, es porque no se consideraban relevantes.
Existen muy diversas teorías sobre las motivaciones reales de Antonio Morales, pero es evidente que esta vez ha errado el tiro. Mejor sería que dedicara su tiempo a sacar al Cabildo de la actual parálisis y abandonara estas actuaciones de tan bajo nivel político, más propias de un vodevil que de la administración del siglo XXI que debe ser el Cabildo. Eso y no lo contrario es lo que Gran Canaria necesita y se merece.
Felipe Afonso El Jaber, Portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria
