Vehículos que no pueden salir por falta de electricidad en la puerta mecánica en el garaje de varios de sus portales, numerosos desperfectos en los edificios, algunos con bastante peligrosidad para la integridad de los residentes o un pufo de más de 20.000 euros de la anterior junta directiva denunciados por la actual son algunas de las situaciones que convierten a las viviendas de protección oficial de El Caracol en una pesadilla para sus moradores, que piden soluciones.
Un total de 130 familias viven en el mismo número de pisos construidos hace 18 años por la empresa pública Visocan. La sucesión de desperfectos, problemas con los edificios y la desidia durante casi dos décadas de la sociedad dependiente del Gobierno de Canarias ha acabado con la paciencia de los residentes, que reclaman su implicación en esta urbanización. El último problema, el corte de luz la pasada semana en dos portales de estos bloques de edificios y que han dejado sin impulso a la puerta mecánica de los garajes para que puedan salir los vehículos estacionados.
“Hemos tenido que desconectar la toma de corriente y utilizar la apertura manual para salir de allí, aunque hay vecinos que han optado por dejar sus coches en la calle”, comenta Tomás, uno de los afectados en presencia de otros residentes y de la presidenta de la comunidad de vecinos,
María Isabel Fernández. La junta directiva se constituyó hace cuatro meses y releva a los anteriores dirigentes, cuya gestión es muy criticada por Fernández y su equipo, hasta tal punto que están preparando la presentación de una denuncia por una presunta apropiación indebida de más de
20.000 euros por parte de sus predecesores en el cargo.
Una suma que se le adeuda, entre otras compañías, a Endesa o Aguas de Telde y que tendrán que asumir el nuevo equipo con negociaciones. En un amplio dossier que han elaborado para adjuntarlo al resto de la documentación al abogado que lleva su caso, se expone la retirada del dinero de los recibos pagados por los vecinos en concepto de comunidad o servicios, pero que, según María Isabel Fernández, se observa en el informe, sus asientos bancarios duraron apenas unas horas en la cuenta “porque fueron retirados por la anterior junta directiva, primero de un banco y después de otro cuando llegó a tener un saldo de 5.691,14 euros, que se fue sacando poco a poco”.
Esta batalla legal, donde pedirá la restitución del dinero supuestamente apropiado de forma indebida, comenzará en septiembre, pero el día a día es lo que más les preocupa ahora a los miembros de la comunidad de vecinos. “Desde hace 18 años no han realizado obra de mejora, reparación o reforma en los edificios, lo que ha dado lugar a su deterioro, que en algunas zonas es muy peligroso para la seguridad. Es responsabilidad de Visocan que si bien es cierto que se ha hecho cargo del impago a Endesa de la anterior junta directiva, creemos que debe implicarse más”, alega Fernández. Además del problema del garaje, hay otros también que deben resolverse con urgencia porque no se pueden mantener más en la situación en la que se encuentran.
“Portales, azoteas o interiores de las viviendas están muchos en mal estado y en Visocan no han hecho nada para solucionarlo, pese a que es su obligación. No entendemos cómo tienen 80 millones de euros, según se ha publicado en los medios de comunicación, y no hagan las obras que se les reclama”, expone la presidenta de la comunidad de vecinos de las viviendas sociales de El Caracol. Asimismo, además de los cortes del suministro eléctrico, hay 10 contadores que no se pueden dar de alta porque sería necesario o un aumento de la cuota o una derrama. Pero, según la junta directiva, “éste es un barrio de gente modesta, con personas en paro que no se pueden permitir pagar más que el alquiler de la vivienda y los recibos, pero no subirlos más”. Buscan soluciones a estos retos y esperan que la recuperación de los 20.000 euros alivie esta realidad. La imposibilidad de acceder a la propiedad de sus viviendas es otra de sus preocupaciones, ya que pese a pagar un alquiler módico consideran que han abonado la suficiente cantidad para que desde el Gobierno de Canarias se les permita adquirir sus casas.
La Provincia-Dlp