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En Telde, cuando el mar se pone turbio, no siempre es por mala mar. A veces es por silencios administrativos, de esos que no hacen ruido pero dejan rastro. Y eso es, precisamente, lo que se debate tras conocerse que el Ayuntamiento recibió un informe oficial alertando de graves deficiencias en el emisario submarino… y, al parecer, la marea de decisiones tardó en subir.

El escrito remitido por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, fechado el 20 de octubre de 2025 y reiterado el 11 de noviembre ante la ausencia total de alegaciones, advertía de problemas serios en una infraestructura clave para la salud del litoral. No era una postal de cortesía ni un “por si acaso”, sino un aviso formal que exigía reacción inmediata. Pero en la orilla municipal, todo parecía discurrir con una calma más propia de un domingo sin viento que de una emergencia ambiental.

La cuestión acabó llegando al pleno de diciembre, cuando el concejal Héctor Suárez formuló la pregunta que muchos vecinos ya se hacían en voz alta:

¿Qué decisión tomó el alcalde tras recibir ese informe? ¿Qué resoluciones se dictaron? ¿En qué plazo se iniciaron los trámites para comprobar, estudiar y corregir las deficiencias denunciadas?

Porque, como recordó el edil, el titular del emisario y de la red de saneamiento es el M. I. Ayuntamiento de Telde, y eso implica liderazgo, diligencia y algo tan básico como actuar.

El foco apunta inevitablemente al alcalde, Juan Antonio Peña, máximo responsable político de la corporación. Gobernar no es solo cortar cintas o hacerse fotos en días de sol; también es afrontar los problemas cuando llegan los informes incómodos. Y aquí la ironía es evidente: mientras el mar daba señales, los documentos entraban por registro y la preocupación ciudadana crecía, la respuesta municipal parecía estar en modo “esperar y ver”.

Tampoco pasa desapercibido el papel de la vicealcaldesa y concejala de Playas, María González Negrín. Porque cuando las playas se ven afectadas y el litoral sufre, mirar para otro lado no es neutralidad institucional, es una decisión política. Y las decisiones —incluso las silenciosas— tienen consecuencias.

La preocupación no es menor. Si se confirma que hubo inacción o retraso tras las advertencias oficiales, el Ayuntamiento podría enfrentarse a sanciones e indemnizaciones que, dicho en román paladino, saldrían del bolsillo de todos los vecinos. En Canarias lo tenemos claro: si el caldero se quema, es porque alguien dejó el fuego encendido.

Y aquí entra el capítulo que nadie quiere leer pero todos esperan: ¿qué pasará si el fiscal, tras analizar el informe que está elaborando el SEPRONA, decide llamar al alcalde para aclarar si el Ayuntamiento gestionó bien —o no— esta situación?

Si la Fiscalía considera que existió una presunta negligencia por omisión, el asunto deja de ser un debate político de pleno para entrar en un terreno mucho más serio. Ya no valdrá el “estamos en ello” nil “esto viene de atrás”.

La gran pregunta, con ironía canaria y respeto institucional, queda en el aire como una ola traicionera:

– ¿Habrá dimisiones si se confirman responsabilidades?

–  ¿Se asumirá el error o se optará por la vieja estrategia del “aquí no pasó nada”?

Porque las playas se limpian, el mar se recupera y los informes se archivan. Pero la confianza ciudadana, cuando se erosiona por la desidia o la falta de respuestas, tarda mucho más en volver. Y esa, al final, es la marea que ningún gobierno debería subestimar.

Juan Santana, periodista y locutor de radio

El edil cuestiona, sí existió una presunta negligencia por parte de Juan Antonio Peña en la catástrofe medioambiental de las playas de Telde, que puede acarrear sanciones e indemnizaciones con dinero público.

 El concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Telde, Héctor Suárez, preguntó en el turno de ruegos y preguntas del pleno de diciembre, qué decisión tomó el alcalde y presidente de la corporación, Juan Antonio Peña, tras recibir el escrito de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, fechado el 20 de octubre de 2025, en el que se trasladaba el acta de inspección realizada el 15 de octubre sobre el emisario de Telde y que fue reiterado el 11 de noviembre ante la ausencia total de alegaciones por parte del ayuntamiento.

Suárez exigió al regidor que aclare qué resoluciones o acciones se tomaron al respecto de este acta trasladada por la Consejería de Transición Ecológica el día 20 de octubre de 2025 y, sobre todo, en qué plazo se iniciaron los trámites para poder comprobar, estudiar y proponer una solución urgente a las deficiencias del emisario que denuncia la autoridad competente, en pleno contexto de catástrofe medioambiental que afecta gravemente a la costa del municipio.

“El Ayuntamiento es el titular del emisario y debe encabezar la solución”

Durante su intervención, el edil recordó que el titular de esa instalación, así como de toda la red general de saneamiento, es el M. I. Ayuntamiento de Telde, por lo que “debe encabezar la motivación de cualquier propuesta para solventar incidencias tan graves como las que estamos tratando, y gestionarla de inmediato”.

“Esto no va de pasar la pelota ni de mirar para otro lado. El Ayuntamiento es el titular de la infraestructura y el alcalde es su máximo responsable. No puede esconderse detrás de la empresa mixta ni comportarse como un mero espectador”, subrayó Suárez.

En este sentido, advirtió de que no vale dejar en manos de la empresa mixta que gestione por sí sola esta situación, “que incluso, presuntamente, podría ser la responsable en función de lo que determine la investigación de la fiscalía, teniendo en cuenta que el responsable subsidiario es este Ayuntamiento, y además usted es el presidente de la misma”.

“El alcalde es el máximo responsable político y económico”

Suárez insistió en la cadena de responsabilidades que podría concurrir en la figura del alcalde:

“Es usted, Juan Antonio Peña, el presidente de esta corporación, titular de esa infraestructura, presidente de la empresa mixta, responsable de la gestión integral del agua y, por ende, el máximo responsable de que haya que responder subsidiariamente con dinero público para resarcir el montante económico tanto de sanciones como de indemnizaciones derivadas de esta catástrofe medioambiental”.

El concejal reprochó al regidor que, pese a la gravedad de las deficiencias señaladas en el emisario por la autoridad competente, “no se le ha escuchado en ningún momento presumir, como suele hacerlo, de la inmediatez de su orden a reparar esas incidencias. Lo que la ciudadanía percibe es que se está siguiendo la táctica de atacar sin criterio sólido, a sabiendas de que debe defenderse por omisión. ¿Es que usted está disparando hacia fuera para no tener que explicar qué se hizo, o qué no se hizo, desde que se recibió el acta de la inspección?”, añadió.

Transparencia y posible negligencia en un posible delito ambiental

El concejal recordó que el pleno acaba de aprobar una declaración institucional en la que se reclama transparencia a todas las administraciones implicadas en esta crisis ambiental, y subrayó que esa exigencia debe aplicarse también al propio alcalde de Telde:

“Si exigimos transparencia a todas las administraciones, exigimos también transparencia por parte de usted, señor alcalde. La ciudadanía necesita saber si usted, como máximo responsable, ha actuado presuntamente de forma negligente y si ha omitido, rehusado o demorado las actuaciones necesarias para atender este posible delito contra el medio ambiente”.

Suárez concluyó reclamando que el grupo de gobierno haga públicos los pasos dados desde la recepción del acta de inspección del emisario y que el alcalde explique con claridad, fechas y documentos en la mano, qué órdenes dio, a quién, y qué actuaciones se han impulsado desde entonces:

“Las vecinas y vecinos de Telde, especialmente los que viven y trabajan en la costa, tienen derecho a saber si su Ayuntamiento reaccionó con la urgencia que exigía esta situación o si, por el contrario, han estado desprotegidos por la inacción de su alcalde”.

(*) Imagen: Canarias7

Según un informe al que ha tenido acceso ONDAGUANCHE en exclusiva, personal técnico de la empresa AQUANARIA, S.L., titular de una concesión de acuicultura marina frente a la costa de Melenara (Telde), realizó comunicación de incidencia ambiental y solicitud urgente de actuaciones al Ayuntamiento de Telde por posible vertido contaminante aparentemente procedente del emisario submarino identificado como Vertido nº 222 del Censo de Vertidos de Canarias.

En escrito presentado el pasado 17 de noviembre (tras la presentación por sede electrónica de 20 escritos con anterioridad) se solicitaba información, se realizaba un requerimiento de documentación e igualmente se realizaba advertencia de responsabilidad patrimonial por inacción administrativa ante los hechos constatados en el Acta de Inspección Ambiental IAMB/2025/042 de fecha 15 de octubre de 2025 y en los escritos remitidos a esa Administración desde el 9 de octubre de 2025.

AQUANARIA no ha recibido notificación, comunicación formal ni respuesta administrativa alguna por parte de esa Corporación en relación con los escritos presentados, limitándose su actuación a la realización de declaraciones públicas en distintos medios de comunicación que, además de no dar respuesta a las cuestiones planteadas, resultan lesivas para la imagen, el buen nombre y la reputación empresarial de la mercantil a la que represento.

Con fecha viernes 12 de diciembre, se levantó acta de inspección por personal de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias, en el marco de las actuaciones de seguimiento de las instalaciones acuícolas afectadas por el episodio de contaminación de naturaleza presuntamente química acaecido el pasado mes de octubre.

Durante dicha inspección se dejó constancia expresa del adecuado estado de limpieza de ambas concesiones acuícolas y de la recuperación de condiciones operativas de normalidad en las mismas. No obstante, en el transcurso de la actuación inspectora se observó igualmente la presencia de un nuevo vertido procedente del emisario identificado como 222, cuya pluma de dispersión alcanzaba la instalación acuícola más próxima.

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta los graves antecedentes existentes, se formuló nuevo escrito con la finalidad de poner en conocimiento de ese Ayuntamiento la posible relevancia y gravedad del nuevo episodio detectado, a fin de que se adoptaran de manera inmediata las actuaciones y medidas que resulten procedentes en el ámbito de sus competencias y se reiteran ante la falta de respuesta solicitudes realizadas con anterioridad.

Cabe destacar que toda esta información ha sido aportada en diversos informes por la empresa AQUANARIA al alcalde de Telde vía registro municipal en el Ayuntamiento. Un alcalde que haciendo gala de su oscurantismo y falta de transparencia no ha dado traslado ni a sus socios de gobierno ni a la oposición de esta grave documentación.

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